La diputada María Haydée Osuna entegrará el control administrativo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) a Miguel Rosales, cuando él “me traiga la certificación del Consejo Supremo Electoral donde lo reconoce como presidente” del partido rojo.
De esa forma Osuna, quien actualmente es quien tiene el reconocimiento del Poder Electoral como la presidente y representante del PLC, no cede a la presión del arnoldismo para negociar a lo interno para solucionar la punga por el control de la organización partidaria.
“Cuando me presente la certificación del Consejo Supremo Electoral de que él (Rosales) es el presidente, entonces entrego el PLC. Mientras yo, María Haydée Osuna soy la presidenta nacional y representante legal, porque soy quien tiene la documentación legal”, afirmó Osuna.
Primero se negaron a Convención, ahora la piden
Rosales acuerpado por un grupo de miembros departamentales del partido, el pasado martes 11 de agosto, se presentaron a la sede en el barrio 3.80, en Managua, con una carta donde exigen a Osuna reconozca a Rosales como presidente de la organización y se conforme una comisión de ambos grupos para negociar un acuerdo sobre la litis. Otras demandas son que se retiren del CSE las impugnaciones contra los nombramientos de autoridades hechas por el arnoldismo y que se convoque a la Convención Nacional en dos meses, es decir el próximo octubre.
Osuna comparó esas demandas a “la carta que se hace al Niño Dios” para la celebración de Navidad, por lo que “no hubo acuerdo” con los arnoldistas, lo que significa que el pleito legal por el partido se mantiene hasta que los magistrados electorales, que son controlados por el régimen orteguista, se pronuncien en este caso.
“Busqué soluciones internas en el PLC pero me cerraron las puertas, agoté los procedimientos administrativos y no hubo respuestas, lo que nos hizo llegar hasta el Consejo Supremo Electoral. Ya los documentos están en el Consejo, esperemos la resolución del Consejo únicamente”, afirmó Osuna.
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Son alrededor de 70 impugnaciones presentadas por el grupo de liberales inconformes, liderados por Osuna, ante el Poder Electoral en las que se acusa al CEN arnoldista de violar los estatutos del PLC y el mandato de los convencionales, al designar a los directivos sin elecciones partidarias.
Rosales fue designado presidente del PLC sin una elección de las bases, sino que fue por decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) controlado por el caudillo Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores. Ese CEN desconoció el mandato de la convención nacional de julio del 2019 de recortar el período a todas las autoridades del partido, y que fuesen nombrados nuevos directivos departamentales, regionales, municipales y nacionales mediante asambleas partidarias.
Alemán y sus fieles aprovecharon la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 para suspender las asambleas internas. Decidieron la reestructuración que implicó recortar el período de presidenta nacional a Osuna y quitar a todos los directivos que a nivel nacional son adversarios a los arnoldistas. Alemán, Flores y sus fieles se reeligieron en los cargos.
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El también diputado liberal, Rosales, dijo a LA PRENSA, que “se le está diciendo” al grupo de Osuna, “que en dos meses hagamos la Gran Convención Nacional para que ya se dilucide ese tema”.
Como el arnoldismo cambió a los directivos en la mayoría de las estructuras del partido, ahora le convendría realizar la Convención Nacional porque la balanza se inclinaría a favor de los intereses de Alemán, Flores y Rosales. Sin embargo los inconformes no caería a lo que consideran ahora es “una trampa”.
Rosales admitió que “es degastante” la litis por el control del partido rojo, por su repercusión con sus bases como en la Coalición Nacional, de la que son parte, puesto que las organizaciones aliadas tienen el conflicto de a qué grupo del PLC reconocen.
Trabajadores de la sede sin salarios
El pleito legal entre los dos bandos afecta a unos 15 trabajadores de la sede central del PLC, debido a que no se les han pagado el salario de agosto. Esto se debe a que el cheque para retirar el dinero de la cuenta del partido en los bancos requiere de dos firmas autorizada: la de Osuna como presidenta nacional y la de Martín Aguado, como tesorero.
Osuna firmó el cheque por 126,360 córdobas para pagar los salarios del personal correspondiente a agosto, pero Aguado no lo hizo. La información es que Aguado, fiel a Alemán, recibió la orden del caudillo de bloquear todas las funciones administrativas para presionar a Osuna a que entreguen el control del PLC, aún a costa de dañar al personal como provocar que se les corte los servicios básicos, como la energía eléctrica y el agua potable.