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pandemia, régimen de Daniel Ortega

El régimen orteguista anunció que están en negociaciones con tres laboratorios para comprar las vacunas contra la Covid-19. LA PRENSA/Tomada de El 19 Digital

Los números que Ortega debió admitir ante el BID sobre la pandemia en Nicaragua para obtener préstamo de US$43 millones

El 19 de julio Daniel Ortega se declaró vencedor y exitoso en el manejo de la pandemia en Nicaragua y lo atribuyó a la inversión y el modelo de salud que ha impulsado en la última década. Pero ante el BID el Gobierno dio cifras que distan del discurso oficial: solo hay 148 camas de UCI para enfermos graves con Covid-19.

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Mientras a nivel de Centroamérica los gobiernos han desplegado sus esfuerzos para ampliar y fortalecer la capacidad de los hospitales, cobertura de laboratorios y contratación de personal médico para frenar el avance del Covid-19, que se expande como de norte a sur y de este a oeste, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dejó al descubierto las graves deficiencias que tiene el sistema de salud nicaragüense para ganarle la batalla a la pandemia y que puede estar ocasionando un enorme subregistro del impacto de la pandemia en la población.

El régimen de Daniel Ortega, que el pasado 19 de julio declaró éxito en su gestión de la pandemia, debió admitir ante los funcionarios del BID la gran debilidad del sistema de salud actual para hacer frente a la crisis sanitaria a cambio de obtener un préstamo por 43.15 millones de dólares para invertirlos en una red de hospitales del país y crear condiciones para que más laboratorios públicos masifiquen la aplicación de pruebas de Covid-19 y detectar a tiempo a los infectados, la única manera que hasta hoy existe en el mundo para detener la propagación del virus.

La admisión de la precariedad del sistema de salud quedó plasmada en el documento-resumen del proyecto “Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación de servicio en Nicaragua”, que el BID divulgó como parte de su obligación de transparencia pública al que están sujetos estos organismos internacionales.

Desde que impactó la pandemia en Nicaragua, el pasado 18 de marzo cuando se conoció el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, el Gobierno ha promovido entre sus simpatizantes y la comunidad internacional que el país está bien preparado para hacer frente a la pandemia, gracias al modelo de salud que ha impulsado en los últimos años, así como las inversiones que han realizado en hospitales. El propio Ortega dedicó más de una hora el 19 de julio a proclamar sus logros en este campo social.

Sin embargo, la fotografía que el Gobierno presentó ante el BID difiere del discurso oficial y esta es la realidad que describe el organismo multilateral en la exposición del proyecto.

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1.No hay capacidad para detectar y dar seguimiento a los casos. El Gobierno solo tiene un laboratorio para realizar pruebas de detección de Covid-19. Se trata del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que es el único que está procesando las muestras de todos los hospitales del país. Este centro, el único autorizado en el país, apenas tiene una capacidad de procesar 350 muestras diarias, lo que dista del número de pruebas que reportan a diario los países de Centroamérica. Solo El Salvador, por ejemplo, ayer aplicó 2,452 pruebas.

El BID señala que con esa capacidad de procesamiento de pruebas en un laboratorio será imposible afrontar el crecimiento exponencial de casos que suele mostrar este virus y por eso urge habilitar más laboratorios para captar pacientes en etapas tempranas de la enfermedad y que puedan ser tratados de forma ambulatoria y evitar una mayor saturación de los servicios de salud.

¿Cuántos laboratorios requiere Nicaragua con urgencia?  Según el BID por lo menos siete trabajando a su capacidad máxima diaria  (350 pruebas por día), lo que permitiría alcanzar al 5 por ciento de la población y procesar por semana 54,016 exámenes de este tipo, “por lo que es crítico fortalecer las capacidades de detección y diagnóstico, incluyendo el abastecimiento de pruebas e insumos para  la toma, conservación y transporte de estas”.

Pese a esa grave debilidad, el Gobierno se ha negado a autorizar a los laboratorios privados a que realicen pruebas de Covid-19 y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha señalado que si se da ese permiso a los privados esto permitirá que el sector público concentre su esfuerzo en los más pobres, para acelerar la detención de la pandemia. Ortega no ha escuchado ni respondido a la solicitud hecha desde hace varios meses.

De hecho en el marco de este proyecto, que durará 24 meses, el BID financiará la compra de insumos, equipos y reactivos necesarios para realizar pruebas de PCR y serología para 15 laboratorios a nivel nacional, así como aportará en el diseño, ampliación y equipamiento de cuatro laboratorios epidemiológicos regionales.

2. No hay tantos hospitales ni camas para atender a la población. De los 72 hospitales que hay a nivel nacional, solo 19 están destinados y acondicionados para atender la emergencia. El Gobierno admitió ante el BID que esos hospitales apenas tienen 3,184 camas para atender a los enfermos con Covid-19 y solo hay 148 unidades de cuidados intensivos, lo que refleja la gran presión que esto supone para el sistema de salud, de una pandemia que se propaga a gran velocidad y más en un país donde no se han promovido medidas de distanciamiento social.

“Es crítico dotar de un mayor número de camas, tanto a nivel general como en UCI, incluyendo equipos especializados para atención de pacientes críticos (ventiladores, monitores de signos vitales, etc.), así como también se requiere de la capacitación al personal de salud en el funcionamiento de los equipos a utilizar”, dice el BID en su reporte.

3. No hay tantos médicos para tantos enfermos. Pero además el Gobierno admitió ante el BID que tiene un reducido número de personal médico para hacerle frente a la pandemia. Con cifras hasta el 2015, el Ministerio de Salud le dijo que contaban con 5,794 médicos, de los cuales 1,762 estaban en los 19 hospitales que tienen destinados para atender la emergencia.

Según estimaciones del BID con ese personal médico se puede designar a dos médicos por cada 10 mil habitantes, “lo que indica que también existen brechas de recursos humanos calificados para la atención de pacientes graves y críticos”.

La situación, no obstante, puede ser peor de lo que dijo el Gobierno al BID, si se toma en cuenta que desde el 2018 el Minsa ha desatado una ola de despidos contra los médicos que cuestionaron la represión, que no se negaron a atender a los heridos y este año esa situación ha continuado con el cese de médicos que han criticado el mal manejo de la pandemia.

Solo por la represión,  Human Rights Watch contabiliza más de 400 médicos expulsados del sistema de salud público, sin incluir los más de 60 trabajadores sanitarios  fallecidos como consecuencia del Covid-19 hasta el 10 de junio, según el Observatorio Ciudadano.

Lea además: BID aprueba a Ortega, bajo estricta supervisión, 43 millones de dólares para atención al Covid-19

4. No hay protocolos específicos ni de comunicación para la población.  El BID revela que el protocolo del Minsa para atender la pandemia data desde abril del 2020 y urge ser actualizado, para mejorar la identificación de los casos. Pero además es apremiante actualizar o diseñar protocolos y lineamientos específicos para las poblaciones de mayor riesgo y/o producción tales como: sistema penitenciario, maquilas, empresas de producción, escuelas, centros de desarrollo infantil, zonas fronterizas, convivencia y protección a la mujer en el hogar, áreas indígenas, entre otros.

Lo peor de todo eso es que el organismo “no identifica un plan de comunicación consistente que pueda tener impacto en la población en general, donde se establezcan mensajes claves y factores de riesgo, principalmente para mitigar la pandemia y reducir la transmisión comunitaria, que los mensajes existentes son de la fase de preparación”.

5. Debilidad de atención de población vulnerables. Se plantea que urge crear un mecanismo que dé seguimiento y monitoreo de las enfermedades crónicas que eviten el contagio de Covid-19 de estas personas. El problema es que debido a las desigualdades socioeconómicas, el BID menciona que hay varias enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedad renal crónica) que afectan a la población, lo que indica que un alto porcentaje de la población tiene factores de riesgo de complicarse y requerirrá servicios de hospitalización y/o cuidados intensivos en caso de ser contagiados por el virus.

La situación se complica por las disparidades en la cobertura de salud médica en el territorio nacional que se encuentran en la Costa Caribe Norte y Sur del país, que acoge a 500 comunidades con indígenas y afrodescendientes, los que son atendidos sobre todo en unidades médicas básicas como centros de salud y puestos de salud. Todo esto empeora porque no existe información para la prevención y manejo del Covid-19 adaptada a las poblaciones de estas comunidades.

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Asume compromiso tras meses de secretismo

¿Revelará Ortega el verdadero estado de la pandemia? En el documento se revela que el Gobierno se debió comprometer a establecer un protocolo de información al público en general que abarcará informar sobre:

1. Muestras procesadas

2. Muestras negativas y positivas

3. Edad de los casos positivos

4. Sexo de los casos positivos

5. Procedencia de los casos positivos

6. Total de casos acumulados

7. Casos recuperados

8. Fallecidos

9. Tasa de letalidad

Hasta ahora el régimen se ha negado a brindar esa información a la población, principalmente el número de pruebas que en el país se están aplicando para detectar a los infectados, lo que ha creado una sensación de que la transmisión ha cesado en su intensidad. A nivel de Centroamérica los gobiernos dan esos detalles que el BID está insistiendo al Gobierno de Nicaragua, e incluso señalan cuáles son las zonas geográficas con mayor incidencia de contagio.

Además en el marco del proyecto, el BID financiará al Gobierno asistencia técnica para la implementación de una estrategia de comunicación en medios de comunicación masivos, orientada a la prevención  y manejo del Covid-19, que abarcará una campaña educativa para varios segmentos poblaciones de riesgo.

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