El éxito de las formas organizativas no depende de la mayor creatividad o talento de quienes las diseñan, sino de la mayor capacidad de reflejar las realidades en que se desenvuelven y de la mayor funcionalidad para alcanzar los fines que persiguen de conformidad con determinados principios y valores.
El principio de representación política es clave para entender las formas de organización de algunas de las más importantes instituciones en los Estados democráticos contemporáneos.
Las asambleas feudales, en medio de intereses particulares y gremiales, no pueden considerarse órganos representativos de la voluntad nacional. El status jurídico de los estamentos que las conformaban, nobleza, alto clero y burguesía, era diferente entre sí y su voto no lo emitían individualmente sino por clase.
Cuando la burguesía se erige como fuerza dominante, desaparecen privilegios señoriales, códigos gremiales y ataduras medievales para dar paso a la representación política como institución imprescindible del Estado moderno.
El régimen representativo tiene su punto de partida en la soberanía nacional y, recíprocamente, el concepto de soberanía nacional conduce ineludiblemente al sistema representativo. Los diputados ya no representan solo a sus electores, sino a toda la nación.
La representación política se configura, entonces, como una representación de los intereses generales de la colectividad y no como una representación de intereses circunscritos a determinados grupos o sectores sociales, económicos o de cualquier otra naturaleza. Por eso, parcialmente, los parlamentos y los procedimientos parlamentarios se organizan como se organizan y por eso los diputados se someten a una responsabilidad política y a rendir cuentas al menos en el acto de su renovación periódica.
La aparición y progresivo reconocimiento legal de los partidos políticos como medios de canalización de los diversos intereses sociales pone en evidencia que ya no se vota solo a personas, sino también a programas y emblemas partidarios, aunque ello no obsta para que los ordenamientos democráticos continúen manteniendo la figura del mandato representativo de los diputados.
En cualquier caso, según la teoría y la mejor práctica políticas, los partidos políticos siguen siendo las organizaciones que mejor cumplen diversas funciones vitales como, entre otras, la de representación de intereses sociales distintos y, a veces, contradictorios, la de cantera para la integración de órganos estatales y la de legitimación del sistema político.
El hecho de que la deriva pactista y dictatorial del gobierno nicaragüense haya degenerado, salvo honrosas excepciones, en el colapso del sistema de partidos políticos y, por ende, en la nula funcionalidad de la Asamblea Nacional y demás órganos electivos, no presta suficiente justificación para experimentar con innovaciones organizativas disfuncionales hasta la temeridad y sin fundamento ni viabilidad legal para participar en una contienda electoral cuya resolución marcará un futuro de paz, democracia y desarrollo o, por el contrario, de más de lo mismo para los nicaragüenses.
Al revés, la crisis institucional que adquirió ribetes descomunales a partir de abril de 2018, puede ser una excelente oportunidad para empezar a refundar desde sus cimientos la democracia mediante la creación o reposicionamiento de los partidos políticos. Ya sabemos que cuando los partidos desaparecen, los sustituyen las corporaciones, los grupos de presión o los demagogos con vocación de dictadores.
Algunos sectores, movimientos sociales, gremios, ONG y, principalmente, los autoconvocados jugaron un rol insustituible para despertar al país y enseñarnos que una mejor sociedad es posible y deben seguir jugando el papel que les corresponde como tales. Además, pueden enriquecer los programas partidarios, apoyar logísticamente o como fiscales y sus miembros más destacados considerados individualmente pueden participar como candidatos.
Sin embargo, no están concebidos ni estructurados, en esta etapa, para dirigir la lucha político-electoral. Los líderes que optan por esta vía deben hacer los cambios necesarios y convertir a la Coalición Nacional en el instrumento adecuado para hacerlo previa conquista de las condiciones políticas habilitantes y de las reformas electorales correspondientes.
El autor es abogado constitucionalista.