El Consejo Superior de la Empresa Privada, (Cosep) por medio de un comunicado que la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos y al Código de Comercio de la República de Nicaragua, solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 27 de julio, no cuenta con una evaluación de riesgo acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La presidenta de la CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, en carácter de presidenta del poder judicial, fue quien solicitó la reforma de los artículos 3, 36, 155, 156, 158, 171, 179, 185, de la Ley 1698 y que adiciona cinco nuevos numerales. Argumentó que el motivo del proyecto de reforma es para fortalecer los controles para evitar delitos de lavado de dinero.
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Sin embargo, el Cosep alega en su comunicado que la reforma presentada no toma en cuenta, ni se fundamenta a como debería de ser, debido a que la Recomendación 1 del GAFI (Evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado a riesgo), establece que los países deben: identificar, evaluar, y entender sus riesgos de lavado de activos/ financiamiento del terrorismo, por lo que, deben tomar acciones, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente esos riesgos.
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En ese sentido, “la reforma presentada no se basa en un Enfoque Basado en Riesgo ( EBR), en materia de transparencia de sociedades mercantiles”, cita el gremio empresarial en un comunicado emitido este martes.
Por lo que, indicaron que los agentes económicos afectados desconocen los actuales y potenciales riesgos de lavado de dinero derivados de mal uso, abuso y/o falta de transparencia de las sociedades mercantiles que justifican la iniciativa de reforma, solicitada por la presidenta de la CSJ.
Reformas sin fundamento
Ante la falta de una clara motivación sobre el proyecto de reforma, la cúpula empresarial, señala en el comunicado, no estar claros sobre cuáles son las carencias de información, o en qué aspectos las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención de lavado de dinero, se “traban” con dificultades o bloqueos de información sobre las sociedades mercantiles que están siendo investigadas.
El objetivo de la reforma es obligar a las sociedades mercantiles a registrar la información de las propiedades y de sus movimientos en el Registro Público de Garantías Mobiliarias, para que estas sean vigiladas y controladas por las entidades a cargo de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
No obstante, el Cosep manifestó, que a pesar de las innegables mejores del sistema registral de sociedades mercantiles de los últimos años, los problemas de transparencia de las sociedades mercantiles, derivados del viejo modelo del Registro Mercantil, no es un asunto puntual, que se vaya a resolver con la creación de un nuevo registro, un nuevo reporte y su respectiva inscripción con el nombre del Beneficiario Final de una sociedad mercantil.
“Este objetivo complejo, consideramos no se logrará resolver simplemente creando un nuevo Registro del que dependerá el funcionamiento de todo el Sistema Nacional de Registro (SINARE)”, indican.
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Por tanto, los promotores de la reforma, lo que debieron tomar en cuenta, según el Cosep, era en trabajar en la modernización, automatización y actualización de todo el sistema de registro de sociedades mercantiles, directores, y juntas directivas, administradores y/o gerentes, socios, entre otros.
“Con el objetivo de crear un sistema económico, accesible, ágil, eficiente, moderno y estandarizado, que facilite su acceso en línea a todos los usuarios que lo requieran, garantizando que el sistema tutele el habeas (protección de datos personales) y el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas, (art. 26 Cn.)”, detallan.
Finalmente, el sector privado, considera que lo que el país requiere es crear y diseñar la institucionalidad necesaria para un sistema de registro mercantil, “que retome las mejores experiencias continentales en la materia, que permita trabajar en una reforma integral del sistema de registro mercantil dotándolo de funciones, y autonomía orgánica y funcional necesaria, para contar con una nueva institucionalidad del mercado profesional y libre de corruptelas e injerencia política”, recomiendan.
De manera que, “permita contrarrestar los malos usos o abusos de las sociedades mercantiles, pero que asegure la tutela del derecho a la privacidad, que sigue siendo un derecho ciudadano, que solo puede violentarse por una concreta causa justa”, puntualizan.