Después de 28 meses que la rebelión cívica estallara en Nicaragua y recibiera los embates de la represión gubernamental, incluida una ola de toma de tierras por parte de seguidores del régimen orteguista, casi 30 propiedades, equivalentes a cinco mil manzanas, aún siguen tomadas en siete departamentos del país, confirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Las invasiones de la propiedad privada fue una de las estrategias del orteguismo para presionar al sector privado, que desde el 2018 rompió la relación de diálogo y consenso que mantuvo por diez años y se convirtió en crítico de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la pérdida de la institucionalidad del país.
Aguerri explicó que la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) trabaja en un informe que permita conocer a detalle este tema. En el 2018, cientos de precaristas llegaron a los terrenos, fincas, armaron champas y hasta hicieron conexiones de agua y luz. A mediados de septiembre de 2018, las cifras del gremio productor indicaban que se habían tomado unas 9,800 manzanas de tierras, la mayoría productivas y los afectados eran unos 65 productores.
Sumado a la inseguridad de la propiedad en Nicaragua, Aguerri advirtió en la conferencia virtual del Cosep de este miércoles que la situación empeora por las implicaciones que tiene la reforma a la Ley del Registro Público (Ley 698), que calificó como “extremadamente” preocupante para la atracción de inversiones, la generación de empleo y la recuperación post crisis sociopolítica y post Covid-19. Aseguró que enviarán una carta en la que expondrán su posición ante esta reforma, al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Cosep ha sido claro en denunciar que la reformas a la Ley General de los Registros Públicos y el Código Mercantil de Nicaragua, que envió el Poder Judicial a la Asamblea Nacional, este 29 de julio, vulnera el principio de confidencialidad de la información de las empresas. El líder gremial explicó que este martes conocieron el dictamen de la reforma, donde “tratan de darle un lavado a la protección de la confidencialidad que tiene que haber en este tipo de circunstancias”, dijo.
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Aguerri leyó dos artículos del dictamen. En el número 3 se señala “garantizar el acceso de la sociedades mercantiles interesadas de las autoridades competentes e instituciones pertinentes a la información del beneficiario final”. Dicha información, trata de “maquillar”, lo que las cámaras empresariales han estado expresando, que es “una situación realmente de inseguridad jurídica en la máxima expresión”, indicó.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien solicitó la reforma a la Asamblea Nacional, argumentó en el documento que las modificaciones se las recomendó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lograr un mayor control sobre el lavado de dinero. Que las sociedades mercantiles registren todo sus movimientos es para “determinar quién es el beneficiario efectivo, el usufructuario real de una sociedad mercantil”, para evitar que estas corporaciones sean utilizadas para el lavado de dinero.
Sin embargo, desde el Cosep estos cambios en la ley implican poner “un control absoluto de la política por parte del Estado hacia las empresas y el problema es que en Nicaragua no hay seguridad jurídica”, enfatizó Aguerri.
Uno de los ejemplos que utilizó para señalar el actuar antojadizo de las autoridades gubernamentales fue lo que ocurrió con el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el fin de semana pasado, a quien lo presentaron junto a un grupo de supuestos delincuentes señalándolo de haber comprado dos campanas de bronce, que previamente habían sido robadas.
Aguerri hizo el llamado a que se tiene que dar el debido proceso en la reforma, lo que pasa por una evaluación de riesgo acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para el líder gremial “es una simple maniobra para tener otra forma de amenazar a las empresas en el momento que lo consideren pertinente”, expresó.