De no darse una repuesta urgente y decisiva por parte de la población y de la comunidad internacional al cruel manejo de la pandemia y al de las protestas perpetrado por Ortega y Murillo, cualquier organismo opositor unificado que pudiese resultar de los interminables diálogos entre las diferentes agrupaciones opositoras, este parece destinado a disputar las probables elecciones el próximo año con el dictador o con algún “ungido” de su camarilla.
Una vez más el pueblo nicaragüense se vería involucrado en una contienda electoral en la que la participación de un individuo y su clan, cuya historia plagada de incuestionables crímenes (robo de propiedades, asesinatos, genocidios, destrucción ecológica, narcotráfico, etc.) sería inverosímil en cualquier nación que se precie de democracia. Estos crímenes merecerían una pena que, en su forma más benévola, tendría que prohibirle de participar en elecciones y de optar por cargos públicos el resto de su vida.
Si bien para restablecer plenamente la democracia en forma pacífica es indispensable iniciarla con la realización de elecciones libres, transparentes y observadas, dejar participar al orteguismo provocaría desconfianza en los electores y suspicacia en la comunidad internacional, olvidaría la trágica historia política de los últimos cuarenta años y lamentablemente condenaría a repetirla.
¿Acaso ya olvidamos el “gobernar desde abajo” de los 17 años posterior a 1990? ¿Cuántas veces la clase política nicaragüense tendrá que tropezar con la misma piedra (…tres veces en los últimos 13 años) para convencerse de que con Ortega fuera del poder engendra caos y con el poder garantiza dictadura?
Ese clan no representa ninguna conocida ideología, no es socialismo ni es capitalismo, no es globalismo ni es nacionalismo, no es cristiana ni es solidaria, es pura y sencillamente una demente ambición de poder y enriquecimiento a cualquier costo, incluyendo acciones tan inverosímiles y perversas como el claramente rencoroso manejo de la crisis del coronavirus, ya causando un cataclismo humanitario sin precedentes.
La formación de un gobierno de transición con miras a las elecciones del 2021 es considerada por muchos la mejor opción para contener la implacable destrucción del país. Y sin duda lo es, dada la cada vez más probable implosión social o intervención humanitaria que se ve venir en reacción a la devastación económica y sanitaria provocada por la demente pareja.
La formación de este Gobierno de Transición depende en todo caso de que se alcance un consenso entre la oposición política, la sociedad civil, el gran capital y principalmente las fuerzas armadas. Conseguir este consenso que permita identificar quién o quiénes podrían constituir ese gobierno y cuál sería el programa parece ser una hercúlea pero urgente tarea, que requiere acciones más inspiradas en nación y menos en pretensiones individualistas.
Depende también de la comunidad internacional que, si bien coincide en continuar castigando al régimen con sanciones dirigidas a miembros de la pandilla, no parece inclinada en apoyar un cambio de esa naturaleza. Y no lo hace porque aún no percibe una clara hoja de ruta política unificada que asegure el proceso de transición en forma ordenada e impostergable. Seguramente no olvidan la lección que derivó del famoso “…después de Somoza cualquier cosa…” y temen que se repita.
No podemos ni debemos engañarnos.
El autor es arquitecto, MBA, excónsul general de Nicaragua en Miami.