Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) en 2018 gastaron 17 millones de córdobas en la compra de 19 camionetas doble cabina 4×4 de lujo (conocidas como full extras), adquisición que, según la especialista en temas presupuestarios Dayra Valle, violó las normas de contratación del Estado por cuanto se hizo en apenas tres días, sin licitación pública.
La compra de esa flota de 19 camionetonas Hilux Pick, doble cabina 4×4, con todos los accesorios extras, incluidos rines de lujo, fue en octubre del 2018, y para hacerla tan rápido los magistrados electorales argumentaron “urgencia” porque serían utilizadas “para el aseguramiento de las elecciones regionales” de la Costa Caribe, realizadas en marzo del 2019.
Valle, del organismo Transparencia Nicaragua, consideró “anómalo” por parte de las autoridades del CSE que argumentaran urgencia para comprar esa cantidad de vehículos de una sola vez, cuando las elecciones son procesos planificados por cuanto son fechas establecidas en la Ley Electoral, “por lo que no es justificable la improvisación de que las camionetonas eran una necesidad inmediata”.
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Valle ha revisado el sistema de compras del CSE de los últimos años, encontrándose que son constantes las irregularidades a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737), en la adquisición de bienes y servicios en esa entidad.
“Desde mi punto de vista no es admisible que se utilizara el proceso de contratación simplificada cuando se gastó casi 17 millones de córdobas en unos vehículos. No hay ninguna justificación que explique esa urgencia, ya que se compraron en octubre del 2018 y las elecciones regionales fueron en marzo del 2019, es decir, tenían poco más de cuatro meses que es tiempo suficiente para que sometieran a licitación pública la adquisición de las camionetas”, refirió Valle.
La investigación de Transparencia Nicaragua fue a través del programa “Observatorio Ciudadano Compras Ni”. La especialista Valle destacó que el hallazgo de la flota de vehículos nuevos de lujo que hizo en el CSE en el 2018 es relevante por cuanto es la única de su tipo hecha en los últimos años. En la revisión de años anteriores no hay registros de adquisición de camionetas similares, aseguró Valle.
Camionetonas nuevas vía “exprés”
Las 19 camionetonas fueron compradas de forma expedita. Los documentos disponibles en el Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (Siscae) permiten determinar que en el CSE publicaron el pliego anunciando que la compra de los vehículos fue el 23 de octubre del 2018, a través de la “Contratación simplificada 06-2018”, un mecanismo frecuentemente utilizado para restringir la participación de proveedores.
Pero al día siguiente, el 24 de octubre, el CSE publicó la resolución de adjudicación donde seleccionó a la distribuidora de vehículos “ganadora”. Y “la orden de compra”, es decir, la factura de pago se hizo el 26 de octubre.
El Siscae es manejado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y es la plataforma donde están obligadas a registrar todas las compras las instituciones y poderes estatales.
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El rastro de los documentos evidencia la compra “exprés” de las camionetonas que fueron entregadas a la sede central del poder electoral, ubicadas en el sector de Metrocentro, Managua, en un plazo de entre cinco y diez días máximo.
¿A quién fueron asignadas las camionetas?
“Desconocemos a quiénes se asignaron las camionetas, porque es información transparentada en los sistemas de compras públicas. Sabemos que se entregaron en las oficinas centrales, pero no sabemos si fueron para los magistrados o para otros altos funcionarios del Consejo Supremo Electoral”, indicó la investigadora Valle.
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El poder electoral lo integran diez magistrados, siete propietarios y tres suplentes. Actualmente hay un cargo vacante desde la renuncia de Roberto Rivas Reyes en mayo del 2018, luego de ser sancionado por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos por los fraudes electorales cometidos para mantener en el poder al dictador Daniel Ortega.
Los magistrados electorales gozan de desprestigio por la mayoría de la ciudadanía por responder a los intereses políticos de Ortega. A los siete magistrados propietarios se les venció su período para el que fueron electos el 10 de abril del 2019.
También motocicletas y un vehículo acuático
La flota de camionetas nuevas no fue la única compra de ese tipo y también vía contratación simplificada. En noviembre del 2018 se adquirieron 14 motos por 1.2 millones de córdobas. Además se adquirió “un vehículo de uso marítimo” por 465,000 córdobas. Valle explicó que no aparece en el Siscae información suficiente que aclare qué uso le dieron en el CSE a ese último automotor, porque si bien podría pensarse que fue para trasladar el material electoral, como las boletas, a las zonas de la Costa Caribe para las elecciones, la duda persiste por la falta de transparencia.
Pidieron todas las “extras”
Para la investigadora Valle, el hecho de que se hiciera “súper rápido” la compra significa que previamente estaba seleccionado el proveedor de las camionetas Hilux Pick doble cabina 4×4, por lo que solo fue una formalidad el proceso.
Los términos de referencia de la compra de los 19 vehículos también permiten conocer los gustos exigentes de los magistrados del poder electoral. En “las especificaciones técnicas” destacan que son “con tina de doble forro con ganchos internos”, y además pidieron la lista de accesorios como “remaches, forros de asientos, alarma, polarizados, halógenos, botaguas, defensas y pescantes” en cada una de las camionetas, lo que encareció sus precios. Se pidieron los vehículos en colores gris, blanco y plata.
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El documento, facilitado a LA PRENSA por la investigadora, indica que para restringir la cantidad de oferentes se estableció que debían tener “disponibilidad inmediata” de entrega de las camionetas Hilux Pick doble cabina 4×4. Según las condiciones establecidas, el pago del 81 por ciento del valor lo harían en el CSE “al recibir los bienes”, y el restante 19 por ciento del dinero sería “entre el 1 al 31 de enero del 2019”.
La “Orden de Compra” 82037 emitida por el CSE con fecha del 26 de octubre del 2018, refleja que las 19 camionetas tenían un precio de 14,720,473.04 córdobas, pero el valor final pagado a la distribuidora fue por 16,928,544 córdobas. El precio se elevó debido al cobro de 2.2 millones de córdobas por el “15 por ciento impuesto general al valor” , lo que no es explicable debido a que siendo una institución estatal está exonerada de los impuestos. Cada camioneta costó alrededor de 26 mil dólares.
Otra irregularidad en este proceso fue que en el CSE se renunció a exigirle a los oferentes “la garantía de seriedad de la oferta”, que según explicó la investigadora Valle, es la que se pide a los participantes en un proceso de compras públicas “para que una vez que presentan su oferta no la cambien”.
“Si me solicitás un producto, te doy un precio hoy, pero yo podría cambiar el precio en una semana, por eso una garantía de seriedad de oferta se establece para que el proveedor no cambie el precio inicial o ninguna de las condicionalidades, mientras se da el período de evaluación de las ofertas”, explicó Valle.
El hecho que las autoridades electorales renunciaran a esa protección Valle lo relaciona a que “como fue tan rápido el procedimiento de compra de las camionetas es mínima la posibilidad que el precio varíe”, pues solo tardó tres días el proceso.