El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, aseguró este sábado que hará “diligencias internacionales” para denunciar el hostigamiento y las amenazas dirigidas a los familiares de los presos políticos y a los defensores de derechos humanos en Nicaragua, principalmente después de las últimas declaraciones del vocero del Ejército.
El pasado 20 de agosto, el vocero del Ejército, coronel Álvaro Rivas, dijo, dirigiéndose a abogados y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.), que “le resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por esos delincuentes”, en alusión a la demanda que hacían de “hábeas corpus” (o exhibición personal) de dos personas detenidas en la frontera de Costa Rica, Hader González Zeledón y Cristian David Meneses.
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Leiva, quien vive en el exilio por las amenazas y persecución del régimen de Daniel Ortega, reconoció el valor de los defensores de DD.HH. que se mantienen en Nicaragua y se comprometió a hacer todo lo posible por visibilizar la situación de riesgo que viven en el país con la dictadura de Ortega. El secretario de la Anpdh dijo que no puede revelar las gestiones y diligencias que hará con ese objetivo, para no anticipar una avanzada del régimen contra sus acciones.
“Vamos a trabajar a partir de hoy en todo lo que esté en nuestras posibilidades, con los recursos que tengamos en nuestras posibilidades desde el exilio, a todas las instancias que tengamos que llegar, para ver pronto la paz y pronto la recuperación de la libertad de nuestros presos políticos”, dijo Leiva.
Leiva participó este sábado en una reunión virtual con familiares de presos políticos y les orientó mantener actualizadas las denuncias formales de violaciones de derechos humanos que sufren sus hijos y familiares en las cárceles de la dictadura y también denunciar las amenazas y hostigamiento que ellos mismos reciben por reclamar la libertad de sus hijos.
Los organizaciones de DD.HH. locales advirtieron una “escalada” en contra de defensores nicaragüenses tras declaraciones del vocero del Ejército.
El país vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles, que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. Más de 328 personas murieron por la represión ese año, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde entonces, toda personas que informe o denuncié la represión del régimen orteguista, es hostigada, perseguida o agredida, entre ellos defensores de DD.HH., abogados, familiares de presos políticos, periodistas, entre otros.