El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió este miércoles al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que fiscalice los fondos que están llegando al país, para que estos no se usen con fines políticos y solo beneficien a los partidarios del régimen de Daniel Ortega.
Por ahora el único organismo que ha garantizado que el dinero que se entrega a Nicaragua sea usado con el fin que fue dado es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual otorgó 43 millones de dólares bajo estrictas medidas de verificación, que implicó quitarle inclusive el poder de manejo del préstamo al Gobierno y se lo entregó a organizaciones regionales independientes.
“Aquí lo importante es que en el caso del BID se ha asegurado que esos recursos van a ser utilizados a través de un proceso donde se hace un monitoreo desde el primer dólar hasta el último dólar que se desembolsa. En el caso del BCIE esperamos que efectivamente tenga ese mismo cuidado alrededor de cómo se van a utilizar esos 171 millones de dólares para el tema de las viviendas de interés social y estos 50 millones que se hablan para mipymes”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep, este miércoles en su habitual conferencia de media semana.
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Aguerri se refiere a los 171.65 millones de dólares que el BCIE avaló para financiar en Nicaragua la construcción de viviendas para personas en condición de pobreza extrema y con bajos recursos o moderados, según informó el organismo multilateral en un comunicado emitido este 18 de agosto.
Los recursos, que beneficiarán a 18,660 personas empobrecidas en Nicaragua, irán al Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social.
Actualmente el gobierno de Daniel Ortga impulsa un programa de construcción de viviendas de interés social denominado Bismark Martínez, un extrabajador de la Alcaldía de Managua, supuestamente asesinado durante las revueltas de abril del 2018.
En el marco de este programa se pretenden construir en los próximos tres años 50 mil viviendas de interés social, beneficiando principalmente a simpatizantes sandinistas, quienes deben escribir una carta a Daniel Ortega. Se teme que estos fondos se dirijan a este programa.
“Ojalá que no se politicen estos recursos, ojalá que lo que podamos ver es que tanto la empresa privada que está dentro del sector de viviendas como las mipymes que no son afines en este sentido al Gobierno puedan tener acceso y esa es la responsabilidad que el BCIE deberá tener para que estos (fondos) se manejen de manera correcta”, recalcó Aguerri.
Cuando el BCIE anunció este fondo de vivienda por primera vez en abril de este año dijo que en el programa habitacional participarán empresas desarrolladoras y constructoras de viviendas del sector privado, así como instituciones bancarias.
Sobre el préstamo a las mipymes, Aguerri se refiere a un fondo de 50 millones de dólares para apoyar a más de 700 pymes nicaragüenses y en ese sentido el presidente del Cosep afirmó que es importante que este fondo llegue a todas las mipymes sin distingo político.
En su comunicado, el BCIE explicó que el programa de Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para el Financiamiento a Mipymes —de donde provienen los 50 millones de dólares al país— ya fue presentado a diferentes instituciones bancarias, cámaras y redes empresariales en Nicaragua, como la Cámara de Industria de Nicaragua, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Cámara Empresarial Taiwanesa Nicaragüense, Red de Empresarias de Nicaragua, Cámara de Comercio México Nicaragua, entre otros.
Más fondos
Además este martes el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció un bolsón por 130 millones de dólares al que podrá acceder Nicaragua, tanto el Gobierno como las mipymes, cuyos recursos fueron proporcionados por Taiwán para beneficiar principalmente a cuatro países de la región, con los que tiene relaciones diplomáticas.
“Nicaragua es el país que menos recursos ha conseguido, nosotros mencionamos que solo se ha tenido en este caso recursos de parte del BCIE como parte de una estrategia regional, que no es particular con el país, sino que es parte de una estrategia que el organismo tiene para toda la región y afortunadamente entonces le toca algo a Nicaragua”, dijo Aguerri.
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Desde el estallido de la crisis política en el 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha estado en la mira de la oposición nicaragüense, debido a que este se ha convertido en el principal soporte financiero del régimen de Daniel Ortega, que desde entonces tiene cerradas las ventanillas en los organismos regionales donde Estados Unidos tiene influencia y tras la imposición de la Nica Act, que impide crédito a Ortega siempre y cuando este no sea con fines humanitarios.
El BCIE, por ejemplo, se vio forzado a retroceder en un financiamiento que estaba dando a la Policía Orteguista, luego que esta entidad estatal fuera incorporada a la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Gobierno de Estados Unidos, por violar los derechos humanos en Nicaragua y ser el principal órgano represivo de Ortega.
En principio el banco regional se declaró apolítico y llegó a justificar el financiamiento a la PO aduciendo que “los resultados de auditoría al 2018 reflejan que Nicaragua ha cumplido con todas las normas y procedimientos establecidos por el Banco en la ejecución de sus proyectos y que se encuentra al día con sus compromisos de deuda”. Luego debió retroceder con su política crediticia a favor de la PO.