Para nadie es un secreto que el turismo en Nicaragua sufrió un golpe devastador con la crisis sociopolítica del 2018 que lo dejó paralizado, y cuando apenas comenzaba a recuperarse en el 2019 vino la pandemia del Covid-19 y una crisis global que literalmente lo dejó sin respirar entre marzo y agosto del 2020.
Una de las definiciones universalmente aceptadas de lo que es turismo es “asientos de avión ocupados”. Si los asientos de los aviones van llenos y cada vez hay más aviones viajando a un determinado destino, el turismo va en crecimiento, si los asientos de avión van vacíos y cada vez hay menor frecuencia de vuelos, el turismo va en picada.
Mientras algunos países vecinos como Honduras celebran la llegada a la turística isla de Roatán del primer vuelo procedente de Miami con 67 turistas después de 5 meses de cierre, en Nicaragua las aerolíneas anuncian que ya no regresarán en septiembre, como estaba previsto, sino que tentativamente hasta octubre. Este retraso se debe a los excesivos requisitos impuestos por el Gobierno, algunos, de imposible cumplimiento.
Según un comunicado de Canatur dado a conocer la semana pasada, “las medidas impuestas establecen que las tripulaciones de los vuelos tienen la obligación de realizarse la prueba de Covid-19 al menos 72 horas antes de su arribo al país, lo cual es de imposible cumplimiento ya que las tripulaciones son de personal itinerante y en tránsito que un día están en un país y al día siguiente en otro, por lo que las líneas aéreas tienen sus propios protocolos para las tripulaciones”.
En adición, “el Gobierno está exigiendo que las líneas aéreas deben recepcionar las pruebas negativas de Covid-19 de sus pasajeros al menos 24 horas antes de su arribo al país, junto con una copia de sus documentos de viaje, lo cual tampoco puede ser cumplido por las aerolíneas porque estas solo tienen acceso a dicha información al momento del check in. Ningún país de la región centroamericana, ni otros que ya han reabierto operaciones están exigiendo tales requisitos”, dice la esencia del comunicado de Canatur.
A como van las cosas, el Gobierno está terminando de asfixiar a la industria turística que ya estaba “entubada”, pero de paso, se está disparando por la culata porque buena parte de los ingresos fiscales, que son cada vez menores, provienen del turismo, particularmente la tarjeta de turismo de 10 dólares del Intur, las tasas aeroportuarias, el IVA en los hoteles, etc.
Lucy Valenti, presidenta de Canatur, lo pone de esta forma: “Para mí es contradictoria la actitud de las autoridades porque por un lado anunciaron la reapertura del aeropuerto, dando muestras con ello de que quieren empezar a normalizar las operaciones aéreas. Por otro lado, le ponen trabas infranqueables a las aerolíneas, no tiene ninguna lógica. Espero que el Gobierno recapacite y se dé cuenta que esta actitud afecta no solo a la industria turística nacional y con ello a miles de familias, sino que también al propio Gobierno porque al impedir que se reactiven las operaciones aéreas, deja de percibir los ingresos que se generan como consecuencia de las mismas. Está en sus manos”.
El contrasentido es aún mayor cuando el mismo Gobierno actúa poniendo medidas extremas a las aerolíneas, como si en Nicaragua no existiera propagación del Covid-19, mientras solicita al BID un préstamo de 40 millones de dólares en que tuvo que desnudar la vulnerabilidad del sistema de salud y seguramente los datos reales de la propagación del Covid-19, como los presentados recientemente por la red de hackers “Anonymous”.
Más aún, de todos es sabido que el Gobierno continúa promoviendo actividades masivas que facilitan la propagación del virus y de hecho están ocasionando un rebrote. Las medidas contra la reactivación de los vuelos son como “ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio”.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.