El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha retenido la renovación del contrato con Paulo Abrao que le permitiría seguir siendo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 4 años más. Esta decisión de Almagro ha creado una crisis en la relación de la OEA con la CIDH, que es una pieza fundamental del sistema interamericano.
En enero de este año la CIDH decidió por unanimidad renovar el contrato con Abrao, para un segundo período. El contrato tiene que ser aprobado por Almagro, en su calidad de secretario general de la OEA, para que tenga validez, pero no lo ha firmado alegando que antes hay que resolver “decenas de denuncias” de empleados de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en contra de Abrao.
Es deplorable este conflicto porque los dos funcionarios son muy importantes en la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Y más lamentable es para los nicaragüenses, que luchan en condiciones muy desiguales por el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país, una causa que Almagro y Abrao han venido apoyando de manera consistente y robusta.
Todos los organismos nicaragüenses defensores de los derechos humanos, lo mismo que organizaciones y personalidades democráticas, han alzado la voz en favor de Paulo Abrao y reprochando la actitud de Luis Almagro en este caso. Inclusive hay quienes especulan que esta actitud de Almagro contra Abrao podría ser parte de un plan del secretario general de la OEA, para acompañar al sector privado de Nicaragua y algunos partidos políticos, e inclusive la Iglesia católica posiblemente, en una turbia negociación de reformas electorales con la dictadura. Dicen que poniendo en entredicho a Abrao los informes de la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua serían deslegitimados, viabilizando así la supuesta negociación que habría por debajo de la mesa.
Pero eso parece más bien un despropósito. La verdad es que el presidente de la CIDH, el jurista mexicano Joel Hernández, ha reconocido que es cierto que hay denuncias contra Paulo Abrao. Sin embargo, alega que eso no justifica la actitud del secretario general de la OEA que “supone un límite enorme” a la autonomía de la CIDH. “Para que la Comisión pueda llevar a cabo su trabajo libre de influencias políticas requiere de su autonomía e independencia, de la cual, la piedra angular es el rol que tiene el secretario ejecutivo”, dijo el jurista mexicano.
Ciertamente, la autonomía ha permitido a la CIDH cumplir eficazmente su trabajo y denunciar las violaciones a los derechos humanos en los distintos países, que en algunos casos como el de Nicaragua han sido y siguen siendo extremadamente brutales y criminales.
El presidente de la CIDH sostiene que las denuncias o quejas contra Abrao deben tramitarse donde y como corresponde, pero esto no debe ser tomado como pretexto para no renovarle el contrato. En realidad, si el bien jurídico superior en este caso es la autonomía de la CIDH, lo aconsejable es resolver este conflicto positivamente, de acuerdo con la legalidad pero salvaguardando la libertad de acción de la Comisión que garantiza su fortaleza y eficacia en la defensa de los derechos humanos.