El Código de Ética sobre el funcionamiento de la Coalición Nacional fue aprobado por sus miembros, y con este se bloquería la participación de personas que hayan sido vinculadas a actos de corrupción en las estructuras organizativas de la plataforma opositora.
De esa forma se pretende resolver uno de los temas de discordia en la plataforma opositora, como fue la designación de María Fernanda Flores de Alemán, Yamileth Bonilla y Martha McCoy, señaladas en actos de corrupción durante el gobierno de Arnoldo Alemán, para integrar comisiones de trabajo en la Coalición. Esas tres personas fueron propuestas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), lo que causó rechazo por la mayoría de aliados opositores.
Arnoldistas echan pie atrás
El presidente nacional designado del PLC, Miguel Rosales, dijo a LA PRENSA, que retirarían los nombre de Flores de Alemán, Bonilla y McCoy.
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“Vamos a quitar esas propuestas y vamos a presentar nuevas, en el ánimo de mantener las armonías y no porque estemos aceptando que lo que se digas sobre esas tres personas sea cierto. (…)Entendemos que cuando hay señalamientos de corrupción contra una persona nos llevaría a un proceso de demostrar con pruebas, de que no es correcta esa afirmación. Pero no queremos llegar a esos extremos”, dijo Rosales.
Al proponer a otros candidatos a integrar las comisiones, el PLC evitaría que Flores, McCoy y Bonilla sean expuestas al sistema de escrutinio interno en la plataforma, debido a que el Código de Ética establece que cualquiera de los aliados, así como por denuncia pública ciudadana, de no ser idóneas por haber estado señaladas o involucradas en actos de abusos a la administración pública.
“Con solo que se muestre que hay una indisposición con el nombramiento de uno de nuestros representantes, independientemente del señalamiento que se haga, nosotros estamos dispuestos a reconsiderar para que mantengamos la armonía dentro de la Coalición Nacional”, insistió Rosales.
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Lo que dice la norma de los opositores
El Código de Ética fue aprobado el miércoles 26 de agosto por seis de las siete organizaciones del Comité Nacional. Los representantes de la Alianza Cívica se ausentaron a esa reunión, pero según Rosales y José Pallais, del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), la Alianza Cívica participó en las siete de las ocho reuniones en que se discutió el Código y no lo objetó.
La norma establece en su punto cuatro referido al “Respeto al pluralismo político y a la diversidad”, que “las personas condenadas nacional o internacionalmente por actos de corrupción tampoco podrán integrar la Coalición Nacional”.
Agrega que “en aquellos casos de personas que estén siendo procesados por delitos contra la Administración Pública conforme al Título XIX del Código Penal no podrán integrar la Coalición Nacional hasta obtener un fallo a su favor”. Sin embargo se cuidaron de que este punto no fuese usado para excluir a los ciudadanos que han participado en las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega, y que han sido enjuiciados y condenados por ser opositores.
“La Coalición Nacional deberá garantizar el respeto a los derechos políticos de todas las personas procesadas o condenadas por su participación en la lucha contra la dictadura, al igual que la de los nicaragüenses que han debido exiliarse”, reza el documento.
El hecho que en la redacción del Código de Ética se rechace a una persona por condena firme o por enfrentar un proceso por supuestos actos de corrupción, y no deje abierto a que solo por ser señalado en este tipo de delitos contra el Estado, es la forma de respetar la presunción de inocencia y no actuar como jueces de antemano, según la explicación del jurista Pallais.
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El Comité Nacional nombrará a tres personas para integrar la Comisión de Ética, que no podrán ser parte del directorio, pero “probas e independientes”. Uno de sus miembros será del Consejo Asesor y la tercera “electa por la Asamblea Consultiva”.
“Son normas generales donde se establecen condiciones. Si hubiese una denuncia, una queja, una impugnación específica sobre una persona concreta de la Coalición Nacional, que puede ser interpuesta por uno de los miembros o incluso por denuncia pública, la Comisión de Ética está obligada a resolver si la conducta denunciada se ajusta a lo establecido en el Código”, refirió Pallais.
El opositor refirió que “hay un compromiso firme contra la corrupción”, y eso se refleja en que el Código de Ética “excepciona de que no pueden ser parte los que hayan sido condenados nacional o internacionalmente por actos de corrupción, o quien es estén siendo procesados por delitos propios de funcionarios públicos”, pero al final se cierra cualquier resquicio.
El expresidente Arnoldo Alemán enfrentó varias acusaciones en Nicaragua por corrupción durante su administración, pero también procesos en Panamá por blanqueo de 50 millones de dólares, cargos en que también fue acusada su esposa María Fernanda Flores, actual diputada del PLC ante la Asamblea Nacional.
La Contraloría General de la República (CGR) responsabilizó civil y administrativamente por actos de corrupción a Jamileth Bonilla, cuando era parte de la Compañía Nacional Productora de Cemento. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó un amparo presentado por Bonilla y otros exfuncionarios vinculados, sobre el cual hasta ahora no se ha pronunciado.
Martha McCoy igualmente fue involucrada en casos de corrupción durante el gobierno de Alemán, específicamente en el caso del fraude al estatal Canal 6, cuando McCoy era secretaria de Comunicación de la Presidencia.