Familiares de Hader Humberto González Zeledón y Cristian David Meneses Machado, dos opositores que se habían refugiado en Costa Rica y que fueron detenidos por el Ejército en la frontera con ese país, aseguraron a LA PRENSA que las acusaciones hechas por la Policía Orteguista (PO) en contra de sus parientes son falsas.
Joaquín González, de 50 años, tío de Hader, negó que su sobrino esté vinculado a una agrupación delincuencial y considera que su detención se deben a represalias políticas, ya que él participó en las protestas ciudadanas contra la dictadura en el 2018 en Masaya.
González aseguró que su sobrino es abogado y notario público desde el 2010 y fue parte de la Policía Orteguista (PO) desde el 2008, pero decidió retirarse en el 2013 porque quiso dedicarse a su carrera como profesional del derecho. Además, egresó de la carrera técnica de electricidad en el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
“Los padres de él ( de Hader)también son profesionales y le enseñaron a ser persona digna. Fue criado con valores cristianos, valores sociales; es un hombre honesto, toda Masaya lo conoce que es capaz y cabal, además de eso estaba estudiando una maestría en (la carrera de) derecho…su único delito fue haber sido policía y haber levantado su voz por aquellas voces que son calladas y oprimidas y que tienen miedo a una represión”, consideró González.
Según González, Hader es casado y tiene cuatro hijos. Decidió huir hacia el vecino país el pasado 17 de julio de 2018, luego que la PO junto a civiles armados por la dictadura ejecutaron el “Plan Limpieza”, que dejó muerte y luto en Masaya.
Cristian, el comerciante
El pasado 21 de agosto la PO dio a conocer a través de un comunicado que González y Meneses pertenecen a una banda delincuencial denominada “El Topo”, mientras el Ejército los tachó de delincuentes, pero informó de su detención hasta cinco días después de su captura.
Claudia Meneses, hermana de Cristian, afirmó que su hermano desde temprana edad se ha dedicado a comerciar productos. Inició vendiendo de manera ambulante discos que contenían música y videos, luego accesorios para celulares, finalmente alquilaba una camioneta para vender ropa usada en diversos departamentos del país.
“A mi hermano lo detuvieron porque él anduvo en las protestas, anduvo en marchas. Él estuvo atrincherado en los tranques de Masaya, pero se fue a Costa Rica cuando hubo la Operación Limpieza. Es injusta la detención de mi hermano, porque él nunca ha pertenecido al crimen organizado ni a ninguna banda”, consideró Claudia.
Meneses dijo que su pariente es casado y padre de un niño. Relató que éste consiguió un trabajo en una finca en Costa Rica, pero luego quedó sin trabajo debido al impacto de la pandemia, por lo que decidió regresar al país.
La abogada Yonarqui Martínez denunció que los reos fueron golpeados al momento de la captura. En la audiencia preliminar solicitó al judicial de la causa que Hader fuese llevado al Instituto de Medicina Legal para ser valorado por médicos. Recordó que la próxima audiencia para los detenidos será el próximo nueve de septiembre.
Detenciones ilegales
Karla Sequeira, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que entre el 13 al 27 de agosto recibieron nueve denuncias de ciudadanos que han sido detenidos ilegalmente por las autoridades policiales y todos los casos tienen con un denominador común: ser opositor al régimen.
Las detenidos son originarios de Managua (4), Jinotega (2), Estelí (1), Nueva Segovia (1) y Masaya (1). Del total 8 fueron liberados y 1 lo mantienen tras las celdas. Sequeira desconoce el número de nicaragüenses que han caído presos al regresar al país y que participaron de las protestas del 2018, ya que el gobierno oculta información.
La dictadura anunció “Plan de Retorno Seguro” para los nicaragüenses exiliados en otros países, pero para Sequeira esto es una trampa.”No es seguro para los nicaragüenses que protestaron contra el gobierno regresar al país porque aún estamos en una situación incierta, la Policía continúa con el asedio, la persecución y las amenazas. Te dejan tranquilo uno o dos meses y posteriormente continúa el asedio”, alertó la defensora de derechos humanos.
La advertencia del Ejército
Por este caso, el Ejército a través del su vocero, coronel Álvaro Rivas, manifestó que “resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por esos delincuentes”, refiriéndose a abogados y defensores de derechos humanos.
“Nosotros no decimos una cosa a la ligera, (si lo decimos) es porque hemos hecho una investigación del caso. Entonces esta (la declaración del Ejército) es una forma de tratar de cercenar la imagen que tienen los defensores de derechos humanos, pero obviamente esto lo que nos indica es que estamos haciendo un buen trabajo porque al fin y al cabo ellos se sienten aludidos del buen trabajo que se está haciendo”, consideró Sequeira.