Una posible salida del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, implica que Nicaragua pierde una voz internacional que denunciaba las violaciones a derechos humanos en el país; sin embargo, eso no significa la invisibilización sobre los constantes abusos por parte del régimen orteguista contra el pueblo, que desde el 2018 ha sido víctima de asesinatos, encarcelaciones arbitrarios, despidos injustificados, hostigamientos, y demás.
Abrao fue parte del equipo de la CIDH que realizó una visita de trabajo a Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo de 2018. Durante ese tiempo logró conversar con víctimas de los abusos cometidos por el régimen orteguista y constató la violencia estatal que padecía el país.
El 21 de junio de 2018 la CIDH publicó su informe final “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua” en el que concluyó que la respuesta estatal estuvo dirigida en todo momento a disuadir de forma violenta la participación en las manifestaciones. Solicitó al Estado cesar de inmediato la represión a los manifestantes, además de reiterar sus previas 15 recomendaciones.
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Una carta a favor del régimen
Posteriormente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), determinó que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha la CIDH monitorea todo lo que pasa en el país en materia de derechos humanos, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), por lo que defensores de derechos humanos aseguran que Nicaragua no se ve tan afectada por la salida de Abrão, pero si facilita una carta a favor del régimen para desacreditar a la principal organización internacional de derechos humanos que ha documentado y denunciado las violaciones a derechos humanos en el país, explicó Uriel Pineda, especialista en de derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reafirmó este viernes su decisión de no renovar el contrato de Paulo Abrão para un segundo período como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y criticó a ese organismo por no priorizar el esclarecimiento de los hechos denunciados en contra del funcionario. Es decir, sobre las 61 denuncias hechas por funcionarios de la organización durante la gestión de Abrão.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que no se puede obviar el rol importantísimo que ha desempeñado Paulo Abrão en el seguimiento de la violencia de derechos humanos, que se ha recrudecido en Nicaragua a partir de 2018. Sin embargo, además del secretario ejecutivo, existe todo un equipo que integra la Comisión, y a la par de Abrão existen dos secretarias ejecutivas adjuntas, que están al tanto de todo lo que ha pasado en el país.
“En cualquier instancia un funcionario de la calidad de Abrão hace falta, pero eso no quiere decir que la situación de derechos humanos en Nicaragua va a quedar invisibilizada o desatendida dentro de la Comisión, ahí dependerá más bien de nosotros también (…)”, expresó Núñez.
El Meseni sigue sigue activado para Nicaragua
La defensora concuerda con Pineda que existe el Meseni, a través del que se sigue la problemática en el país. “Si la Comisión deja de atender Nicaragua es porque nosotros no impulsamos, pero no lo va a dejar. Definitivamente Nicaragua está en la agenda de la Comisión”, expresó.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, expresó que la salida del Abrão es “un golpe duro” no solo para los defensores, sino para América Latina porque mientras los “gobiernos de corte dictatorial se fortalecen este organismo, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debilita, y se debilita porque se están renovando cuadros que conocen la coyuntura del país, la realidad de Nicaragua, que han estado al frente de la situación de la crisis de abril de 2018, han documentado y dado seguimiento de las constantes violaciones (…)”.
Carmona sostiene que “el mayor perdedor se llama pueblo de Nicaragua” porque mientras el gobierno sigue violando derechos humanos, la CIDH estará en un proceso de revisión, tomando en consideración que tendrá nueva autoridad.
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La CIDH llama a un diálogo institucional respetuoso y veraz entre Órganos Principales de la OEA https://t.co/Zk5lwK56Ih
— Antonia Urrejola (@totonia68) August 30, 2020
Crisis de Nicaragua seguirá siendo visible
Pineda explica que si bien es cierto Abrão ha sido una cara visible al igual que otros comisionados, hay un equipo detrás de todo, tenés un mecanismo de seguimiento, informes que dan testimonio de lo que ha ocurrido y consecuentemente, el cambio que derive una posible salida del brasileño, no considera que tenga un impacto a lo inmediato en la falta de atención en la situación de Nicaragua, que es tan grave que se creó el Meseni, que tiene una claridad muy grande sobre el contexto del país.
Núñez por su parte explica que es urgente que la CIDH impulse una investigación correspondiente para esclarecer los hechos y que no se queden en “tela de duda”, lo cual, afecta la credibilidad de la Comisión y la promoción y defensa de los DD. HH. en el continente.
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CIDH llama a un diálogo institucional
La CIDH expresó su voluntad de diálogo e invitó al Secretario General a encontrar una solución rápida al conflicto que se ha generado desde que Almagro aseguró que no renovaría en su cargo a Abrão , lo cual fue calificado por la CIDH como violatorio a su autonomía e independencia.
Mediante un comunicado emitido este 30 de agosto, la CIDH expuso que la diferencia existente con el Secretario General puede ser solucionada con base a tres premisas fundamentales del Sistema Interamericano: el reconocimiento a la independencia y autonomía de la CIDH, que inicia con su facultad de seleccionar y renovar el mandato de su Secretario Ejecutivo sin interferencias; el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras, no sólo de la Comisión sino de toda la OEA, lo cual incluye el derecho a presentar denuncias por cualquier forma de acoso o discriminación para que sean investigadas en forma eficaz y adecuada por las instancias competentes de la OEA y, en caso de que sean probadas, haya una sanción efectiva a los responsables.
Y el tercero, el derecho al debido proceso de quienes eventualmente sean denunciados por violaciones a los derechos de trabajadoras y trabajadores, en este caso del Secretario Ejecutivo.