Este es el país más politizado al menos del continente, todos somos políticos expertos en temas constitucionales, electorales, de derechos humanos, hasta de energía atómica cuando se trata de escudriñar la teoría de la relatividad.
Lo que no lo sabemos lo inventamos y lo más interesante es que todos tenemos la razón. Por eso los ciclos de violencia en nuestro país parecen no tener fin, hasta el día de hoy, ya que todos seguimos teniendo la razón y, aunque los muertos ya no reclaman, continuaremos cargando las estadísticas porque todos tenemos la razón y habrán más muertos, asesinados, reprimidos, encarcelados, exiliados, porque “la razón” está de mi parte y, como todos somos genios, no cedemos en las pretensiones de “los otros” tan nicaragüenses como todos, lo que permite que un grupúsculo de hábiles oportunistas se hayan tomado todo el poder, los poderes del Estado, las fuerzas armadas, la policía, la seguridad del estado y las riquezas nacionales hasta convertir nuestro país en un remedo de sultanato en pleno siglo XXI. Vergüenza deberíamos sentir los que nos decimos demócratas al haber permitido esta canallada que nos ha llevado, hasta el día de hoy, a un callejón sin salida.
Algo similar sucede en torno al debate acerca de si elecciones o no, si la salida debe ser electoral o no, si para ir a elecciones se debe reformar la ley electoral como precondición o, si las condiciones políticas debe darlas el gobierno antes de esas elecciones, que no pueden haber elecciones con prisioneros políticos, que Ortega no puede ser candidato y más etcéteras.
En torno a estas problemáticas hay al menos tres grupos fácilmente identificables: Los que van a ir, aunque no haya reformas a la ley electoral, aún con los mismos magistrados en el Consejo Supremo Electoral, aún bajo las actuales condiciones sociales, políticas y fácticas implantadas por la dictadura.
Un segundo grupo compuesto principalmente por personas del exilio, estos quieren que no haya elecciones, un gobierno de transición, que la comunidad internacional declare al régimen de Ortega como ilegítimo de origen y de ejercicio, que declaren al FSLN una organización terrorista y, en definitiva, que abandonen el poder y se vayan ya.
Fácil y punto y aparte. No se puede discutir porque —según ellos— los que apuestan a la salida electoral son sapos, cómplices del dictador, están en el mismo plano que los que cometieron crímenes de lesa humanidad, por tanto, ya están condenados.
Y un tercer grupo que genuinamente quiere cambios en la ley, en los magistrados, en las estructuras del CSE y que se garantice la observación nacional e internacional de la OEA, ONU, UE, Centro Carter, etc., como condiciones indispensables para concurrir a elecciones.
Así pasan los días y los meses y pronto estaremos en la fase crucial para decidir si habrá elecciones o no, si debemos o no concurrir y qué tipo de gobierno debe nacer de ese proceso electoral para garantizar la transición definitiva hacia la democracia, sin repetir los errores del pasado que permitieron la sobrevivencia, el retorno y la consolidación del orteguismo hasta llegar a la etapa actual de una dictadura que superó el “modelo” de los años ochenta de Estado-ejército-partido devenida ahora en Estado-ejército-partido-familia y un poder económico sin precedentes.
¿Cuándo “los que tienen la razón” entenderán dos cosas elementales?: una, que no hay democracia sin partidos y dos, que la vía electoral es la más adecuada, siempre y cuando tengamos las condiciones para concurrir a ellas.
El autor es miembro del CEN del Partido Ciudadanos por la Libertad.