Tras cumplirse una semana de que la dictadura de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y la Procuraduría General de la República (PGR), confiscara seis propiedades pertenecientes a Fundación del Río, su presidente, Amaru Ruiz, sigue expectante del uso que podrían darle las autoridades a los terrenos ocupados, dado que han ignorado las comunicaciones enviadas al área legal de estas instituciones estatales.
«En un correo solicitamos una reunión virtual con la ministra y con el área legal de ellos, porque queremos conocer bajo qué aspecto legal ellos están procediendo, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta. La cédula de notificación con el recibido del Marena y la PGR que enviamos tampoco hemos tenido respuesta. Las propiedades siguen confiscadas y continúa el proceso», señaló Amaru Ruiz a LA PRENSA.
El área confiscada suma 454 manzanas en las que se encuentran en áreas de reforestación y regeneración natural del bosque, y en cuatro áreas de conservación: Reserva Silvestre Privada El Quebracho, Reserva Aguas Frescas, Reserva Lapa Verde (las tres ubicadas en El Castillo) y la Estación Biológica de Mancarroncito, en la isla Solentiname, San Carlos.
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Ruiz expresó que la intención es agotar todas las instancias nacionales correspondientes, aunque creen que la situación institucional no va a avanzar, explica. «No tenemos esperanza que haya una resolución desde el punto de vista legal», pero agrega que esto permitirá sentar un precedente para luego elevar una denuncia internacional.
Recurrirán ante la Haya
En caso de que el régimen de Ortega desoiga la queja del presidente la Fundación del Río, Amaru Ruiz advierte que presentará una petición ante la Corte Interamericana de Justicia(CIJ) de La Haya, donde no sólo denunciará la confiscación de sus propiedades, sino que incluirá la cancelación de la personería jurídica de esa organización, que fue quitada en diciembre de 2018 junto a otras oenegés.
Ruiz explica que de las áreas confiscadas, cuatro de ellas eran reservas naturales, «en la Reserva Silvestre privada El Quebracho existen instalaciones donde realizábamos procesos de capacitación, de formación, pero la totalidad del área estaba en bosque. Las otras propiedades eran terrenos rurales, dos de ellos en proceso de reforestación y regeneración».
En esa misma área confiscada se encuentran las instalaciones de la radio Voz Juvenil, donde el orteguismo, en su afán de demostrar total dominio por los terrenos tomados, colocó la bandera rojinegra del FSLN y una bandera de Nicaragua dentro de la propiedad. «Es una radio local con un kilobyte de potencia, que alcanzaba los municipios de El Castillo y San Carlos, era una radio comunitaria y que estaba dedicada en la educación ambiental, al campesinado», detalló Ruiz.
Preocupa situación de familias
El presidente de la Fundación del Río se mostró preocupado por el riesgo en el que se encuentran al menos dos familias que habitan en la Reserva Silvestre El Quebracho y en la Estación Biológica de Mancarroncito, en donde estas personas han vivido durante más de 20 años y que ahora podrían ser desalojados ante la confiscación.
«Lamentablemente en dos de las propiedades se encuentran dos familias. Son familias que tienen un vínculo con la organización, en el sentido que hay una colaboración, ellas viven ahí y el compromiso ha sido el resguardo de estas áreas de conservación, es decir, en estas dos zonas hay instalaciones, como un centro de capacitación y el área donde viven estas familias, y una casa donde se acoge el turismo rural comunitario, que es lo que practicábamos en estas áreas», explica el presidente de Fundación del Río.
«De alguna manera ellos corren un cierto riesgo, entonces no les hemos dado voz. Yo he estado en constante comunicación con ellos. La orden que le dieron a ellos fue “no avisés a tus jefes”. Obviamente ellos hicieron caso omiso porque están informando desde el terreno y lo que hemos tratado es evitar que haya represalias contra ellos», señaló Ruiz.
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Agrega que de no ser expulsadas estas familias, lo importante es mantenerlos como salvaguardadas, «si ellos ven un riesgo que ya mejor salgan de ahí». De no ser así, la Fundación del Río apuesta a mantenerlos en el sitio con las funciones que han cumplido hasta ahora, de información, resguardo y cuido del área.
El pasado mes de julio, la fundación ya había denunciado que operadores del orteguismo en El Castillo, Río San Juan, querían extraer los recursos forestales de la reserva silvestre privada El Quebracho y señaló a los concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Manuel López y Mercedes Díaz, como los promotores de esta acción, junto al alcalde Rigoberto Obando López y la vicealcaldesa Yadira Saballos.
Pobladores de la comunidad Buena Vista, Río San Juan, también enviaron el pasado julio una carta al Marena para expresarle su preocupación por la ocupación de estas tierras de parte del régimen orteguista y señalaron que la reserva El Quebracho es un área de los «últimos pulmones que le quedan a nuestro municipio».