La represión gubernamental ejecutada por la Policía Orteguista y grupos parapolicías persiste en Nicaragua. En agosto pasado, el Monitoreo Azul y Blanco — una nueva plataforma de un equipo interdisciplinario de personas y organizaciones de derechos humanos —, registró 229 incidentes violatorios en contra de activistas y opositores, que van desde hostigamiento, detenciones ilegales, agresiones físicas, amenazas, judicializaciones, torturas y malos tratos.
En ese mes, cuatro de cada ocho agresiones fueron cometidas por agentes policiales, detalla el informe. Un dato que destaca el Monitoreo Azul y Blanco es el de los incidentes reportados el 24 de agosto que fueron judicializaciones, y al día siguiente, 25 de agosto, la detención de una mujer comerciante de Río San Carlos por vender banderas azules y blancas, a quien acusaron de supuestamente alteraban los símbolos patrios. En la última semana de ese mes ocurrieron 40 incidentes.
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Con respecto a los casos de hostigamientos acontecidos en agosto, en el informe señala que se dan contra excarcelados políticos que involucra «persecución de los vehículos en los que se movilizan»; de la misma manera las lesiones y heridas reportadas fueron ataques a los exreos de conciencia.
Violaciones de DD.HH en todos los departamentos
El Monitoreo identificó que Managua es el departamento que registró más agresiones en agosto, con 46, el segundo sería Estelí con 10 incidentes; Matagalpa y León con 7 casos cada uno; Masaya con 6; Jinotega, Granada y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RASS) con 4; Nueva Segovia y Rivas con 3.
Y en los otros departamentos como Carazo, Chontales, Boaco, Río San Juan, Madriz y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), los incidentes fueron entre uno y dos.
10,588 violaciones de derechos humanos desde abril 2018
Desde abril 2018 a la fecha según los datos del Monitoreo se han registrado 10,599 incidentes para un promedio de 12 hechos violentos por día, es decir, que ocurrirían a un ritmo de uno cada dos horas. Del total de los actos represivos, 2,875 corresponden a detenciones ilegales, 1,394 a hostigamientos, 1,411 agresiones y 476 asesinatos relacionados con personas opositoras o críticas al régimen.