El Banco de Finanzas (BDF), subsidiaria del grupo panameño Assa, finiquita el proceso de compra del 25 por ciento de las acciones que el Ejército de Nicaragua tiene en esta entidad, confirmaron diversas fuentes del Banco a LA PRENSA. El cuerpo castrense es propietario de dichas acciones a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Las fuentes no detallaron la fecha exacta del inicio de la compraventa, pero sí aseguraron que ya está aceptado el proceso de venta, aunque todavía hacen falta algunas operaciones para finiquitar. Se espera que en los próximos días, tanto el Grupo Assa, como el mismo BDF emitan un comunicado informando sobre la transacción. De hecho, estos están obligados a dar a conocer públicamente esta compraventa porque ambos tienen operaciones en la Bolsa de Valores, a nivel nacional como internacional.
El Grupo ASSA mantiene una participación mayoritaria de acciones del 59.64 por ciento en la subsidiaria, BDF; el Ejército tenía un 25 por ciento de las acciones, y el resto correspondía a accionistas minoritarios.
Pero ¿Qué hay detrás de esta transacción? Según las fuentes consultadas por este Diario las intenciones de vender las acciones por parte del IPSM no son recientes, pero se han motivado, principalmente, porque el negocio bancario ya no es rentable, tras dos años de recesión económica que ha golpeado fuertemente a la banca nacional. En abril de 2018, cuando estalló la rebelión cívica y el negocio se cayó, el Ejército también quiso vender sus acciones.
De hecho, Stanley Motta, presidente de la Junta Directiva del Grupo Assa, explicó en su mensaje de cierre de 2019, publicado en la página web del grupo empresarial, que la crisis generó una contracción en la cartera de préstamos y la retirada de fondos de los cuentahabientes, impactando el margen financiero del Banco. “Grupo BDF reportó una utilidad neta de $1,719,267, 57% por debajo de la utilidad neta alcanzada en el periodo anterior”, indicó.
No obstante, el proceso de compraventa de las acciones del Ejército, se da a conocer cuando se cumplen un poco más de tres meses después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara al jefe de la entidad castrense, Julio César Avilés “por apoyar al corrupto régimen de Ortega”.
Posterior a las sanciones, el dictador Daniel Ortega, para amortiguar el impacto de las mismas, decretó un Reglamento Estatutario del IPSM, que creó tres puestos de suplentes en la Junta Directiva de la institución, quienes serán los encargados de las funciones de las autoridades sancionadas: Avilés e Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito público, que también fue sancionado. No obstante, ambos se mantienen en la Directiva. De esa forma, la parte legal que implica firma de convenios y transacciones estaría a salvo con los suplentes.
¿Qué dicen las cifras sobre la estabilidad del BDF?
El cuestionamiento sobre la sostenibilidad del BDF también se puso en entredicho al inicio de este año, después que este aplicara un recorte de personal y cierre de sucursales. LA PRENSA confirmó, en ese momento, que no fue vendido ni había conversaciones al respecto.
Según las cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (Siboif), el BDF sigue rentable, aunque el año pasado haya generado reducida ganancia comparada con la que obtuvo en el 2017.
El BDF en 2019 obtuvo ganancias por 67.83 millones de córdobas y en el 2018 obtuvo 80.82 millones de córdobas. No obstante, comparado con 2017 efectivamente hay un menor ritmo de ganancia, porque en ese año obtuvo 349.90 millones de córdobas, reflejan cifras oficiales.
Pero además, en el 2019 el banco mejoró su patrimonio, pasó de 2,275 millones de córdobas en el 2017 a 2,499 millones, indican las cifras.
Disputa con la DGI
El Grupo Assa en su reporte regional del 30 de junio del corriente, publicado en su página web, reveló que su subsidiaria, el Banco de Finanzas (BDF) se encuentra en proceso de impugnación ante la Administración Tributaria y ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, en relación al cobro por parte de la Dirección General de Ingreso (DGI) del anticipio mensual del pago mínimo definitivo con una alicuota del 3 por ciento.
La DGI le está cobrando al Banco, en concepto del anticipo de Impuesto sobre la Renta (IR) del período de abril a diciembre de 2019 53.20 millones de córdobas equivalente a US$1,560,478. Al respecto, han presentado recursos por cada uno de los meses, de abril a junio 2020 y estos, han sido declarados inadmisibles por las autoridades mencionadas.
Si la defensa contra dicha acción no tiene éxito, el Banco deberá pagar los valores antes expuestos.Cabe mencionar que al 30 de junio de 2020, la variación entre lo que la Administración Tributaria y lo provisionado por el Banco en concepto del impuesto sobre la renta asciende a C$19,922,183 (US$580,160).
El Banco ha presentado recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y se espera una última resolución definitiva. Apuntan, que según la asesoría legal, la Administración considera que la defensa contra esta acción será exitosa.
“Con fecha 11 de diciembre de 2019, la Superintendencia indicó al banco que no presenta objeción que, en los estados financieros al 31de diciembre de 2019, no se constituya pasivo por el importe de los impuestos impugnados relacionados al pago mínimo definitivo, mientras no haya una resolución definitiva de las instancias correspondientes.