El jueves de esta semana se conoció públicamente que la empresaria Victoria Cárdenas Lacayo, fue notificada por un abogado de la Alcaldía de Managua que ha sido declarada judicialmente en rebeldía por no pago de impuestos, y que se ha ordenado su captura para someterla a juicio penal.
Según la acusación, la señora Cárdenas Lacayo junto con su hermana María y su madre Victoria Lacayo, en su carácter de propietarias de la empresa inmobiliaria Intermezzo del Bosque, le deben a la Alcaldía de Managua nueve millones y medio de córdobas en impuestos municipales de ingresos (IMI) y otros tributos. Sin embargo, la acusada rechaza enfáticamente la imputación, niega que ellas están en deuda con la Alcaldía y en respaldo de lo que asegura ha presentado las solvencias municipales de los años 2017-2019.
Este no es el primer caso de empresarios requeridos por la Alcaldía de Managua, mediante amenaza de procedimiento judicial penal, a pagar por impuestos que supuestamente no han pagado. Al respecto, el 22 de enero del corriente año el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció públicamente que una cantidad no determinada de empresas privadas estaban siendo forzadas por la vía judicial, a pagar impuestos atrasados por la crisis socioeconómica y política del país, que para algunos negocios ha tenido efectos devastadores.
El todavía presidente del Cosep, José Adán Aguerri, declaró en aquella ocasión que el gremio empresarial estaba viendo con preocupación los aumentos arbitrarios dictados por las alcaldías en el impuesto por bienes inmuebles (IBI) y las matrículas de negocios. Pero no solo por eso, dijo Aguerri, sino también porque “ya empezó a haber de alguna manera un proceso donde están utilizando la figura de defraudación fiscal para llevar a empresarios a situaciones penales”. Esto, señaló el líder empresarial, con el propósito de amenazarlos con la cárcel para obligarlos a pagar lo que quieran las alcaldías.
Pero el caso de Victoria Cárdenas tiene especial significación, porque ella es la esposa de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y desde los sucesos de abril de 2018 uno de los dirigentes más beligerantes de la oposición a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Si la esposa de Juan Sebastián Chamorro niega que tengan alguna deuda por impuestos no pagados a la Alcaldía de Managua, y lo demuestra presentando las correspondientes solvencias municipales, queda claro que se trata de una represión política malévola contra el líder opositor, atacando personalmente a su esposa y sus parientes políticos.
Para decirlo con toda claridad: es un acto de terrorismo fiscal con un propósito político.
El experto guatemalteco en esta materia, Walfred Corado, explica que “el terrorismo fiscal existe cuando la autoridad tributaria busca cobrar los impuestos por medios coercitivos y de hostigamiento al contribuyente, implementando mecanismos excesivos para su cobranza”. O sea, es terrorismo fiscal lo que el régimen está practicando contra los empresarios privados independientes, denunciado por el Cosep a principios de este año. Y el caso de la esposa de Juan Sebastián Chamorro es claramente terrorismo fiscal con fines políticos, una repugnante forma de represión que han practicado las dictaduras totalitarias en todas partes donde han existido, o siguen existiendo como ocurre en Nicaragua.