La Fiscalía colombiana denegó este viernes (04.09.2020) la petición de libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien está en detención domiciliaria por un caso que se le sigue por supuesto soborno de testigos y fraude procesal.
“El fiscal a cargo de la investigación rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa técnica del exsenador Álvaro Uribe Vélez porque ese tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
El proceso del expresidente Uribe fue asignado ayer a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial luego de que la Corte Suprema dejó el caso en manos de la Fiscalía.
La Fiscalía agregó que luego de una primera revisión al proceso, el fiscal Jaimes Durán “evidenció que el asunto materia de investigación debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, porque hace referencia a hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018”, como pidió la defensa.
Según explicó la Fiscalía, el proceso se llevará en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que el competente para resolver la solicitud es un juez y no el fiscal del caso. https://t.co/8VOnoEz8C4
— elespectador (@elespectador) September 4, 2020
Estudio del caso
El pasado miércoles el abogado Jaime Granados había dicho que el caso no podía seguir bajo la Ley 600 del año 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, sino que debía manejarse según la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.
Esta última ley establece un sistema en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.
La Fiscalía puntualizó que la “complejidad de la investigación y la dispendiosa documentación del expediente, exigirá que en los próximos días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales”.
Uribe está en detención domiciliaria por decisión de la Corte Suprema, que consideró que hay riesgos de que el exmandatario obstruya la justicia.
Denuncia en instancias internacionales
Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
A propósito de este caso Cepeda anunció hoy que llevará a instancias internacionales su denuncia de “presiones” a la Justicia por parte del expresidente Uribe.
Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención domiciliaria de Uribe, y con la investigación en manos de la Fiscalía que asumió el caso tras la renuncia del exmandatario al Senado, Cepeda dijo que enviará a la alta comisionada de la ONU para los DD.HH. Michelle Bachelet y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que sustenta sus acusaciones