Un reciente informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + refleja que las autoridades nicaragüenses violentaron “el derecho a la libertad de circulación, integridad personal, derecho a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes”, al impedir el paso a nicaragüenses por las fronteras tanto de Peñas Blancas como de otros puestos fronterizos del norte del país, “sin garantizar medidas dirigidas a prevenir el contagio Covid 19, como tampoco condiciones básicas, incluyendo agua, alimentación, servicios sanitarios y asistencia médica; lo que tuvo consecuencias directas en las mujeres y en particular de mujeres embarazadas”.
El documento presentado la tarde del jueves detalla las violaciones de derechos humanos realizadas por el régimen de Daniel Ortega contra los nicaragüenses que se han visto obligados a regresar a Nicaragua por los efectos económicos y sanitarios ocasionados por la pandemia del nuevo coronavirus, y fue entregado a la Relatoría para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro aspecto a destacar en el informe fue el hecho de que las autoridades migratorias de Nicaragua impidieron el ingreso al país a un grupo de al menos 500 nicaragüenses que se quedaron varados en la frontera de Peñas Blancas, por lo que el colectivo de derechos humanos se dirigió al lugar y “constató las graves condiciones en que se encontraban, en tanto cerca de un centenar de personas permanecía en el puesto fronterizo de Migración de Costa Rica, incluyendo niños”.
“Muchas de estas personas han sido afectadas por la contracción de la economía en Costa Rica, perdiendo sus empleos y con ello, la posibilidad de seguir viviendo en este país” a pesar de los riesgos, la afectación de la pandemia y el desempleo en Nicaragua optaron por retornar al país.
Según el Ministerio de Gobernación, desde el 11 marzo hasta este sábado 29 de agosto, un total de 58,094 nicaragüenses que se encontraban en el extranjero han regresado a Nicaragua por la pandemia del Covid-19. No obstante, en dicho registro, el régimen solo menciona que 3,844 nicaragüenses regresaron de Panamá, sin referirse a los cientos de compatriotas que han regresado de Costa Rica y Guatemala, quienes han tenido mayores dificultades para ingresar al país.
Régimen alienta el retorno irregular de nicaragüenses
Ante dichas violaciones, el colectivo de derechos humanos exigió al régimen orteguista “suspender la aplicación de disposiciones legislativas, administrativas y toda práctica que lesione e impida el retorno seguro de los nicaragüenses”, como el cobro de 150 dólares por parte del Ministerio de Salud por la prueba del Covid-19 y el pago de la misma cantidad como multa para los nicaragüenses que hayan salido o entrado del país por puntos ciegos o irregulares.
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Esta última disposición fue impuesta por las autoridades nicaragüenses a partir de las reformas realizadas por el orteguismo, en julio de este año, a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería.
“Con dichas medidas alienta el retorno irregular de los nicaragüenses y en su caso violenta el derecho a la seguridad personal, al exponerlos a todo tipo de riesgos como robos, violencia sexual y otros cometidos por particulares”, expone el informe.
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El colectivo de derechos humanos también destaca la falta de ayuda consular y el trato recibido por un grupo de nicaragüenses que pidió ayuda a la Embajada nicaragüense en suelo canalero para retornar al país, el pasado 17 de abril, pero el embajador de Nicaragua en Panamá, Marvin Ortega Rodríguez, les indicó que “no existen vuelos humanitarios”.
“No tengo obligación de repatriarla. No se equivoque. Los vuelos de regreso usted tiene que comprarlos con Copa. Copa está cobrando 2,600 dólares, usted tiene para pagarlos, compra y se va”, agregó el embajador nicaragüense en Panamá.
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Con las trabas impuestas a los nicaragüenses en las fronteras, el régimen orteguista “ha propiciado que estos busquen de cualquier manera llegar a sus hogares”, por lo que el colectivo señaló la importancia de considerar que dichas prácticas son “inhumanas e inconstitucionales”.
“Exhortamos a los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Organización de Naciones Unidas, a fin de que tomen nota de la situación descrita en el presente informe y dirijan comunicaciones al Estado de Nicaragua, con el propósito de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses”, concluye el informe.