La presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, advirtió este viernes el riesgo que existe de que se desvíe el objetivo inicial de construir un consenso alrededor de una propuesta de reforma a la Ley Electoral (Ley 331), debido a las “pretensiones de otros” que quieren usar ese proceso a su conveniencia.
“Vemos con preocupación que en los últimos meses la etapa final de la construcción de un consenso sobre las reformas que todos debemos demandar juntos, se ha visto tergiversada: primero, por los esfuerzos de algunos de mantener los privilegios del régimen electoral fraudulento, que nos ha llevado a la situación actual. Y luego, por las pretensiones de otros de utilizar la reforma electoral como un vehículo que les ayude a organizarse o a visibilizarse, dejando de lado el objetivo principal, que es reabrir la vía electoral en Nicaragua y ganar juntos unas elecciones libres”, dijo Monterrey.
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En otras ocasiones Monterrey ha dejado clara sus diferencias con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la organización civil Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a las cuales parece aludir en su mensaje, ya que ambas organizaciones están dentro de un proceso de reformas electorales consensuadas y coinciden con las referencias que hace.
Particularmente el PLC es el partido que pactó con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para repartirse el poder en todas las instituciones y poderes del Estado, con lo cual se creó un sistema bipartidista, que con el tiempo derivó en el control absoluto de los sandinistas, después de regresar al poder en 2007, donde se ha mantenido de forma dictatorial.
El control sandinista alcanzó inmediatamente al Consejo Supremo Electoral (CSE), perdiendo dicha institución toda credibilidad, y por eso los opositores demandan una reforma electoral. Recientemente el PLC envió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que defendió ese modelo bipartidista. Esta acción del PLC derivó en un conflicto interno en la Coalición Nacional, con algunos actores políticos pidiendo incluso la salida del partido rojo de la plataforma opositora.
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Mientras la UNAB es una organización que nació en 2018, de la reunión de diversas organizaciones opositoras que participaron en las protestas civiles, incluyendo movimientos de disidentes sandinistas. Monterrey ha declarado que no hará alianzas con organizaciones sandinistas ni de izquierda.
La presidenta de CxL además señaló en su mensaje de este viernes, que el cambio de objetivo del proceso de reformas electorales puede darle una “ruta de salida” al régimen de Daniel Ortega, para que siga vivo políticamente.
“Este enfoque de mezclar lo que se necesita, para que haya elecciones libres, con lo que a los actores políticos les conviene para mejorar su posicionamiento o resolver sus diferencia, genera los graves riesgos de desviar la reforma de su objetivo inicial, de darle rutas de salida al oficialismo, para no otorgar las reformas fundamentales y de confundir a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre lo que realmente estamos exigiendo los nicaragüenses”, agregó Monterrey.
El pasado 2 de junio, CxL anunció su separación de la mesa multisectorial sobre las reformas electorales, grupo que empujó la propuesta de reforma electoral consensuada, presentada en diciembre de 2019. La razón que argumentó CxL es “la existencia de agendas particulares” y “por acciones de exclusión” relacionadas con la plataforma de unidad opositora Coalición Nacional, la cual Monterrey también critica y rechaza.