Las crisis económica sigue causando estragos en el desempleo en Nicaragua. A finales de julio, la empresa de zonas francas New Holland Apparel, SA solicitó el despido de 1200 trabajadores al Ministerio del Trabajo (Mitrab), que aprobó junto a dos sindicatos sandinistas el despido de 884 personas.
Actualmente, la empresa ha despedido a más 600 trabajadores. Se espera que antes de que finalice este mes de septiembre despidan a más de 200 para completar los 884. 160 trabajadores apelaron ante el Mitrab el despido, que según ellos es ilegal porque se encontraban con un permiso especial debido a la pandemia de coronavirus, pero el 6 de agosto el asesor legal de los operarios, José Antonio López fue notificado que el caso fue archivado.
Actualmente el caso se encuentra en los juzgados laborales de Managua.
Operarios consultados para esta nota dijeron que fueron enviados a sus casas porque la información que ellos manejan es que habían al menos dos mil casos de coronavirus confirmados en las empresas de zonas francas.
Sin embargo, en la resolución la empresa New Holland Apparel justifica que los despidos se deben a la crisis económica “para amortiguar su fragilidad financiera”. En el documento indican que la reducción de la rentabilidad se debe a “la disminución de órdenes por parte de los clientes”.
La empresa admite una reducción del 40% del ingresos proyectados en el año 2020 que “corresponde a disminución de productos ordenados”. “Esta condición operativa resultó inoficiosa e insostenible para la empresa”.
Un grupo de 160 extrabajadores demandaron, este 4 de septiembre, ante los Juzgados Laborales regresar a sus puestos de trabajo después de ser despedidos el 27 de julio del consorcio de zonas francas New Holland Apparel, SA.
El acuerdo entre los representantes de zonas francas y cuatro sindicatos fue firmado el 24 de marzo de 2020. Este acuerdo permitía a las empresas durante un mes tomar varias medidas, entre ellas, enviar de vacaciones prolongadas a sus empleados, reducir las jornadas laborales, suspender contratos de manera temporal y colectiva. El acuerdo dice únicamente que las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas y de alto riesgo si se les llega a suspender de sus labores será con goce de salario.
Sin embargo, a pesar de estar protegidos por este acuerdo, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) autorizó el despido de 884 trabajadores, en su mayoría mujeres. La resolución fue avalada por los sindicatos dentro de la empresa de corte sandinista Ni Un Paso Atrás (NUPA) y Trabajadores al Poder (TAP).
El 27 de julio, propio día del despido, un grupo de trabajadores metieron un recurso de apelaciones en el Mitrab. Ese día también los sindicatos sandinistas introdujeron otro escrito de apelaciones. Esto les permitió estar dentro del caso y poder avalar los despidos de los trabajadores, según el abogado José López, experto laboral y en seguridad social, que asesora a los trabajadores despedidos.
Para López se violentó el artículo 22 del acuerdo administrativo del 2018 que indica que este proceso consta de los siguientes pasos: solicitud de demanda y cancelación de contrato, audiencia conciliatoria, audiencia de pruebas y la resolución. “En este caso no hubo las audiencias de conciliación y de pruebas. Solo hubo interposición de la demanda de la cancelación de contrato y la resolución. Entonces no se realizó el debido proceso”, dijo el especialista legal.
“Las mayoría son mujeres y hay muchos pacientes crónicos que fueron enviados en el contexto de la pandemia”, dijo López. “También varios de los trabajadores fueron despedidos mientras estaban de subsidio. Aquí hubo violación a la constitución, al Código del Trabajo, a la Organización Internacional del Trabajo y al reglamento interno de la misma empresa”, agregó.
Hasta inicios de mayo, La Prensa publicó que más de 3700 trabajadores habían sido despedidos de las zonas francas. Según el Movimiento Autónomo de Mujeres María Elena Cuadra, 23 mil trabajadores estaban suspendidos sin goce de salario, una empresa estaba completamente cerrada, más de 13 mil trabajadores estaban bajo la modalidad de vacaciones ampliadas y 23 mil estaban bajo la modalidad de suspensión colectiva.
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El propio Roberto González, secretario general de la CST, confirmó que 3,200 trabajadores de las zonas francas habían perdido sus empleos hasta mayo.
Darling Baquedano, operaria despedida de la empresa New Holland Apparel, SA, dijo que en esta demanda espera que se lleve un proceso justo. “A nosotros no nos representan los sindicatos sandinistas. Nosotros tampoco estamos por política. Estamos aquí porque tenemos necesidades, necesitamos el trabajo y dinero para mantener nuestros hogares”, señaló.