El Salvador se mantiene atento de las redes sociales gubernamentales desde que el periódico El Faro publicara una investigación en la que vinculan a funcionarios de Nayib Bukele en negociaciones con miembros del crimen organizado para reducir los homicidios de cara a las elecciones de 2021. El Faro inicia tajante: “las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) son documentos oficiales del propio Gobierno”.
La Fiscalía salvadoreña anunció el inicio de una investigación, como lo ha hecho con funcionarios de gobiernos pasados.
Bukele no quiere parecerse a sus antecesores. Desde su campaña, el mandatario ha criticado abiertamente a funcionarios señalados de los gobiernos de la ultraderechista ARENA y del ultraizquierdista FMLN de negociar apoyos electorales con las pandillas -o maras- a cambio de, entre otras cosas, beneficios para sus líderes encarcelados. El afán presidencial por marcar la diferencia le llevó a acusar a sus adversarios políticos de negociar “la sangre del pueblo salvadoreño a cambio de votos” y a afirmar que “tanto ARENA como el FMLN financiaron las pandillas que asesinaron a nuestro pueblo y que continúan asesinando a nuestro pueblo”.
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El trecho entre dicho y hecho
A pesar del discurso combativo de Bukele contra las maras y quienes pactaron con ellas, El Faro asegura que -desde el inicio de su gestión – hay “negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13” y que “documentos oficiales” muestran que se “han negociado la reducción de homicidios” a cambio de beneficios carcelarios que incluyen, entre otras cosas, “la promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros ‘beneficios’ en caso de que el Gobierno logre control del poder legislativo tras las elecciones de febrero de 2021”. Según la publicación, estas negociaciones se habrían dado en prisiones de máxima seguridad entre criminales y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, junto con el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna. Ambos funcionarios niegan los señalamientos.
Excelente Director @OsirisLunaMeza, pero ese es solo un penal de los 3 mencionados.
Llévelos a los 3, con acceso irrestricto a todas las áreas, que entrevisten al azar a los reos que quieran y que pregunten lo que quieran.
Que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto. https://t.co/GPtpbDSbMT
— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 4, 2020
Ante esto, Bukele publicó una serie de tuits en los que descalificó la investigación de El Faro y, por su parte, Luna encabezó una gira mediática por distintas prisiones para constatar “de primera mano que las diferentes pandillas se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad, sin ningún tipo de privilegio e incomunicados”. Esto fue aplaudido por el gobernante, quien pidió, desde Twitter, que la prensa tuviese “acceso irrestricto a todas las áreas, que entrevisten al azar a los reos que quieran y que pregunten lo que quieran. Que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto”, en alusión al periódico que ha recibido galardones como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística.
#ELSALVADOR | Documentos oficiales registran negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13 desde junio de 2019. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutió el apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021.https://t.co/aASIoEVEPe
— El Faro (@_elfaro_) September 4, 2020
¿”Lo mismo de siempre”?
En este contexto, la especialista sobre seguridad y justicia Jeannette Aguilar recordó en entrevista con DW la importancia de analizar “los impactos que estas negociaciones han tenido en términos de afectar la voluntad popular en las distintas elecciones legislativas, municipales y presidenciales desde 2009” y dijo que esto representa “una verdadera amenaza porque no conocemos la magnitud de estos fraudes”.
Aguilar agrega que “no solo han pagado para bajar los muertos e incidir en el clima electoral, sino también distintos partidos han recurrido a las pandillas para afectar al adversario, para amenazar comunidades que están claramente identificadas con determinados partidos políticos” que, según la investigadora, son hechos “que se han venido dando con mayor evidencia desde 2012”.
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Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, declaró a DW que Bukele inició “su mandato haciendo promesas de que su política de seguridad sería totalmente distinta y distante de las políticas fallidas de los gobiernos anteriores. Lo que nos preocupa es que este mismo secretismo del que ahora habla El Faro en su investigación también ha imperado a la hora de conocer los detalles de la política de seguridad conocida como el Plan Control Territorial”.
Aguilar argumenta que “el Plan Control Territorial es un plan mediático: no conocemos realmente más allá de una estrategia de despliegue operativo militar y policial. No existe un lineamiento de política. Lo que había de fondo es este proceso de negociación que se gesta desde antes de la llegada de Bukele al poder. Hay indicios de que las tres principales pandillas apoyaron electoralmente al actual Gobierno” y explica que dicho respaldo no fue solo un “voto de castigo” contra los otros partidos sino porque con Bukele “vieron la puerta abierta para negociar”.
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“Si el Gobierno realmente está recurriendo a negociar con las pandillas, eso nos refuerza la premisa de que las pandillas siguen teniendo el control y que el Plan Control Territorial es una falacia porque ha resultado inefectivo”, explica Guevara Rosas y añade que “es muy preocupante que el presidente siga recurriendo a estas políticas fallidas, que siga recurriendo a la represión como la única forma para garantizar la seguridad pública y que, sobre todo, se entiende que no tiene un compromiso real por atender las causas estructurales de la violencia y de la inseguridad”. La representante de Amnistía Internacional asegura que “negociar con grupos del crimen organizado es buscar un atajo muy peligroso e insostenible que además pone en riesgo la vida de las personas y los derechos humanos de toda la población en El Salvador”.