Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con 73 votos a favor la Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 532, Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables y sus reformas, enviada por el dictador Daniel Ortega, con trámite de urgencia, y que busca una renegociación de los contratos con los generadores de energía renovables para que estos bajen sus precios, y con ello, reducir la tarifa eléctrica.
La reforma motiva a los generadores de energía limpia a que, de forma voluntaria, negocien los precios de los actuales Contratos de Compra Venta de Energía (CCVE), de tal forma que los nuevos precios acordados no pasen del techo de 6.5 centavos de dólar por kWh. A cambio, les ofrecen cinco años adicionales de exoneración del pago del Impuesto de la Renta (IR) y del pago mínimo definitivo del IR establecido en la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria.
Los analistas consultados por LA PRENSA explican que si bien, esta medida podría favorecer a una reducción de la tarifa eléctrica, hacen faltan los generadores de energía térmica, a quienes se paga la potencia instalada y tiene un peso importante en la tarifa. Pero además, donde Ortega tiene intereses, tomando en cuenta que las plantas Albanisa están en ese mercado.
Sin embargo, pese a que los diputados orteguistas defendieron la reforma, aduciendo, que el principal beneficio, sería una reducción de la tarifa, ninguno se atrevió a decir en cuánto podría bajar. El diputado Edwin Castro, reconoció que los nicaragüenses pagan una tarifa alta en comparación con el resto de la región: “la tarifa promedio para todo mundo, a excepción de Costa Rica, está alta en relación de Centroamérica y tenemos que hacer esfuerzo por bajarla”, expresó.
Castro explicó que la reforma le da herramientas legales al titular del Ministerio de Energía y Minas para que pueda llevar a buen término las renegociaciones con los generadores de renovables antes que finalice octubre, y adelantó “que dicho sea de paso están en muy buen camino, lo cual nos conllevará a una reducción sustancial de la tarifa promedio del país, es decir, para todo el mundo, inclusive, para la mayoría de los diputados que consumimos más de 150 kilovatios hora”. Además, de lo que implicaría para diferentes sectores de comercio y producción.
Por su parte, el diputado orteguista, Walmaro Gutiérrez, se excusó diciendo que los contratos que fueron acordados en su momento se dieron en una situación económica completamente diferente a la actual, sin reconocer, que ellos se equivocaron, al establecer con los generadores tarifas excesivamente altas y fijas, que ahora, con la baja del precio del petróleo, resultan más onerosas.
Asegura que “es mandatorio de que se dé la posibilidad de una renegociación de esos contratos que me permita un único objetivo y hay que dejarlo claro: reducir la tarifa eléctrica al pueblo nicaragüense”, expresó antes que se aprobara la ley este martes en la Asamblea Nacional.
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En la exposición de motivos de la reforma de ley, el gobierno explica que esta es una disposición transitoria, que le permita únicamente a los actuales generadores con fuentes renovables acogerse a un beneficio máximo adicional de cinco años del Impuesto sobre la Renta; dicho beneficio será únicamente para aquellos generadores con contratos con un plazo de vigencia mayor de tres años y que voluntariamente decidan negociar con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sus contratos con una reducción considerable que permita la disminución de la tarifa a los consumidores finales, se lee en el documento.
En el caso de los generadores geotérmicos, el beneficio será de dos años, ya que por ley, ellos ya cuentan con una exoneración de diez años, mientras que las otras fuentes, es de siete años. En el actual contexto pandémico, cuando el pago del servicio de energía eléctrica supone una de las cargas más fuertes para el bolsillo de los nicaragüenses y de las empresas, el régimen apenas accedió a reducir un 3 por ciento de la tarifa, lo cual fue considerado como insuficiente por diversos sectores. A finales de 2019, la tarifa aumentó, de forma disfrazada, casi un 20 por ciento.