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CONTENIDO EXCLUSIVO.El cambio de presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) supondrá un giro en la conducción de una de las cúpulas más importantes del país, lo cual podría tener un impacto en el papel del sector privado en la agrupación opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Los dos candidatos a presidir el Cosep son Mario Hanon, de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda) y Michael Healy, expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). El actual presidente, José Adán Aguerri, declinó buscar la reelección, luego de 13 años de permanecer en el puesto.
LA PRENSA consultó a Hanon y a Healy sobre si seguirían respaldando la participación del empresariado en la Alianza Cívica o si, de ganar la presidencia en el gremio de empresarios, alejarían el apoyo político a esta plataforma que es el germen de la actual Coalición Nacional. Ninguno de los candidatos dio una respuesta concreta al respecto.
Respuestas evasivas
“No estoy dando declaraciones políticas ahorita”, fue la escueta respuesta de Healy, a pesar de que fue uno de los miembros del sector privado fundadores de la Alianza Cívica (AC). Healy declinó seguir como miembro del consejo ejecutivo del grupo opositor para centrarse en conseguir la presidencia del Cosep.
Sin embargo, Healy tiene la coordinación de la Comisión de Inclusión de la AC, según los estatutos actuales publicados en la web de la organización.
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El empresario Hanon tampoco se comprometió a mantener el apoyo del Cosep a la AC si gana el cargo. El presidente de Anifoda dijo que la decisión se tomará cuando finalice el período de José Adán Aguerri como representante del sector en la plataforma.
“En este caso, de nuevo nosotros tendríamos en el futuro (que) tomar una decisión (como) consejo directivo, sobre la manera que Cosep se hará representar y decir dónde va a continuar participando en los campos cívicos que nos interesa participar. En mi caso, yo no tendría ningún problema en representar al sector (en la AC)”, refirió Hanon.
El Cosep fue una de las organizaciones que, tras la masacre a las protestas sociales iniciadas en abril del 2018 por parte del régimen orteguistas, fueron llamadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para conformar la oposición que participaría en el diálogo nacional en busca de solucionar la crisis sociopolítica.
El rompimiento del modelo
La sangrienta represión al pueblo condujo al Cosep a romper el “modelo de diálogo y consenso” con la dictadura de Daniel Ortega, que mantuvo por once años y por el cual fue duramente criticado por diversos sectores al priorizar los negocios por encima de la institucionalidad democrática y los derechos humanos.
La Alianza Cívica (AC) se conformó en mayo 2018, de la unión de los sectores de estudiantes que lideraron la rebelión, los campesinos, productores, agrupaciones sociales, afrodescendientes y el empresariado. Los dos diálogos nacionales en mayo del 2018 y en febrero del 2019 fracasaron porque el dictador Ortega incumplió los acuerdos firmados, al mantener la represión contra la ciudadanía.
Nuevo consejo decidirá
La presencia del presidente del Cosep como parte del sector privado en la Alianza fue respaldada por la junta y el consejo directivo de la cúpula. “Una vez que nosotros vayamos a elecciones y sostengamos la primera reunión con nuestra junta directiva y el consejo directivo a lo interno de Cosep, vamos a abordar este tema de la participación de Cosep en la Alianza Cívica. Hay que aclarar que no es lo mismo Cosep que empresa privada, en los estatutos de la Alianza —que no los conozco muy bien— tengo entendido que esos puestos dice empresa privada. No dice Cosep, no dice AmCham, no dice Funides. Dentro de la Alianza están como empresa privada, es lo único que puedo aclarar. A inicios del año pasado el Consejo Directivo deliberó y le dio su respaldo a José Adán para representar al sector en la Alianza”, refirió Hanon.
Participan como sector, no como cámaras
Las elecciones de un nuevo presidente del Cosep y del resto de la directiva es este martes 8 de septiembre. José Adán Aguerri no compite al cargo, sin embargo seguirá como uno de los cinco representantes del sector privado en el consejo ejecutivo de la Alianza Cívica hasta agosto del 2021, porque el período es de un año.
Aguerri explicó a LA PRENSA que desde la reforma a los estatutos de la agrupación opositora la participación ha sido como representantes del sector empresarial y no a título del Cosep en particular. Así se lo han hecho saber a todos los grupos tanto a nivel nacional como internacional con quienes tienen contacto sobre la lucha por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
“En el caso del sector empresarial hay que señalar que desde que se establecieron los estatutos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, los integrantes estamos como miembros fundadores, como sector empresarial, no ligados a organización alguna”, afirmó Aguerri.
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Modificaron estatutos
Los estatutos de la Alianza fueron reformados el pasado mayo, desapareciendo las representaciones que fuesen por nombres particulares o de cámaras y asociaciones sociales específicas, decidiéndose porque fueran en general como sector privado, de estudiantes, academia, sociedad civil, campesinos, Costa Caribe, sociedad política, sector laboral y otros sectores que decidan sumárseles.
“Estamos a título personal como sector empresarial. (Ni) como Cosep, ni AmCham ni como Funides”, reiteró el presidente saliente Aguerri.
Juan Sebastián Chamorro, Aguerri, Mario Arana, Álvaro Vargas y Claudia Neira son los cinco representantes del sector privado en el consejo ejecutivo de la AC. Chamorro es el actual director ejecutivo y en los casos de Arana, Vargas y Neira integran las comisiones internacionales, de verificación y seguridad, y la de comunicaciones, respectivamente.
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Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), confirmó que participan como sector, sin embargo tienen el visto bueno de su gremio para desarrollar el trabajo político.
Desvincular a las cámaras por eventuales elecciones
La razón de desvincular a las cámaras se “debió a la preocupación de que como gremio no podemos estar en la Alianza o en la Coalición Nacional al momento de inscribirnos como partidos políticos”, si la plataforma opositora decide participar en las elecciones nacionales previstas para el 2021.
Al llegar el momento de las inscripciones para las elecciones, las cámaras privadas tendrían forzadamente que abandonar la Alianza y a la Coalición, por la amenaza que supone que la dictadura orteguista utilice la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Empresariales de Nicaragua (Ley 849) para despojarlas de la personería jurídica.
“En ese momento (de las elecciones) nos tendríamos que replegar”, dijo Arana. El análisis con juristas llevó a las cámaras a considerar que “algunas de las acciones que estaban ocurriendo podrían ser utilizadas para decir que ya estabas en política”.
La Ley 849 establece que las cámaras empresariales no pueden “realizar acciones políticas, partidarias o religiosas”, aunque no prohíbe a sus miembros hacerlo a título personal.
“Estamos como fundadores a título personal en representación del sector privado, en las comisiones, pero ya no representando a las instituciones, ni cámara o gremio. En mi caso, con mi cámara (AmCham) el acuerdo es que a criterio de la asociación decidir quién está ahí (en la AC) como parte del sector privado”, refirió Arana.
El régimen a través del control de la Asamblea Nacional, donde 70 de los 91 diputados miembros son orteguistas, entre noviembre y diciembre del 2018 les quitó la personería jurídica a nueve organizaciones sin fines de lucro y defensores de derechos humanos por su apoyo a las manifestaciones y las denuncias de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía Orteguista y grupos parapoliciales. Sin presentar pruebas ni permitir a los organismos defenderse, les acusó de terrorismo y financiamiento del supuesto intento de golpe de Estado, que es la versión del régimen sobre las protestas antigubernamentales.
La dictadura de Daniel Ortega está enfrentando al sector empresarial organizado en Cosep, AmCham y la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Económico y Social (Funides), por su alineamiento con los demás sectores opositores que demandan justicia por los crímenes ocasionados por la represión, y reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes.
La presión contra el sector privado se ha intensificado por parte del régimen a través de la presión fiscal y amenazas con cárcel y confiscación, para forzar a los empresarios a abandonar la lucha por la democracia, y hacerlos retroceder al “modelo de diálogo y consenso” que le convenga al dictador Ortega.