Los tambores de guerra suenan en la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). María Haydée Osuna, quien es la acreditada por el poder electoral como presidenta de ese partido político, aumentó la presión a los arnoldistas al pedir que los 14 diputados ratifiquen si se mantienen unificados en la bancada o que expresen si pretenden conformar otra en la Asamblea Nacional. De esa forma, Osuna forzaría a los arnoldistas a decidir a quién reconocen legítimamente como autoridad del PLC, si a ella o el otro presidente en disputa, el también diputado Miguel Rosales.
Una fractura de la bancada liberal por parte de los arnoldistas le daría armas a Osuna, porque al tener la representante legal del partido rojo, podría considerarlos “tránsfugas”, pudiendo solicitar su destitución ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) y por tanto que les quiten la acreditación ante la Asamblea Nacional.
“Voy a pedirle al jefe de la bancada (Maximino Rodríguez) la ratificación de todos los miembros que conformamos la bancada para poder identificar a la persona que ya no quiere estar en la bancada(…) La legalidad del partido está en mí persona, porque soy la presidenta nacional conforme la certificación del Consejo Supremo Electoral y estoy facultada para hacer esa solicitud”, dijo Osuna este 8 de septiembre durante una sesión en el Legislativo.
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La bancada del PLC la conforman 14 legisladores designados en las elecciones nacionales del 2016, que fueron consideradas fraudulentas por opositores y organismos de observación. En esos comicios el dictador Daniel Ortega, se reeligió para un tercer período consecutivo.
¿Los considerará tránsfugas?
LA PRENSA le consultó a Osuna, quien es tercera vicepresidenta de la junta directiva parlamentaria, si podría llegar a considerar en actuar contra a los arnoldistas aplicándoles el “transfuguismo político”, si insisten en desconocerla como presidenta legítima. Su respuesta fue: “que en política todo es impredecible”.
“Con toda claridad ahí está la certificación del Consejo Supremo Electoral. En política todo es impredecible. Los pasos deben darse uno a uno, firmes. Yo soy de las personas con mucha tolerancia, con mucha paciencia porque, te repito, si doy un paso hacia adelante, no retrocedo ni un milímetro”, advirtió la legisladora.
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El artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido con el que fueron electos los diputados. Esa arma de control la impuso el régimen en las reformas contitucionales del 2014.
El transfugismo fue la manera en que en 2016 se destituyó a 28 diputados (propietarios y suplentes) del Partido Liberal Independiente (PLI), cuando la Corte Suprema de Justicia y el CSE despojaron la representación legal de la organización al opositor Eduardo Montealegre. El PLI se lo entregaron a Pedro Reyes, quien promovió la destitución de los legisladores opositores y los reemplazó por suplentes afines a los intereses del régimen. Poco meses después, a Reyes le quitaron la presidencia de la organización.
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El jefe de bancada, Maximino Rodríguez, -del grupo de Rosales-reaccionó a las posibles acciones de Osuna diciendo que ellos responden al partido, no a personas. “Pertenecemos al PLC, no pertenecemos a un persona natural determinada, sino a una organización jurídica llamada Partido Liberal Contitucionalista, por tanto eso no está en discusión (la representación como diputados”, afirmó Rodríguez.
Los de Osuna descartan su “bancadita”
La tensión entre los 14 diputados del partido rojo fue notoria en el hemiciclo porque varios dejaron de hablarse. “Sí hay fricciones internas, no lo voy a negar, pero al menos nosotros (los que la apoyan) no pensamos en división, nos quedamos en la bancada”. De esa forma Osuna pretendió callar los “rumores” de que cinco de los legisladores liberales conformarían su “bancadita” ante la pugna con los que apoyan a Rosales.
Lesther Villareal, Jimmy Blandón, Rosa Argentina Navarro y Adilia Salinas respaldan a Osuna como la presidenta del partido rojo. El pleito es tan fuerte que esos cinco diputados por escrito le solicitaron al jefe de la bancada, Maximino Rodríguez, que les dejen de descontar los 5,200 córdobas que cada uno debe aportar para el partido
Rodríguez rechazó la solicitud por lo que les fue descontado ese aporte económico, que supuestamente es para cubrir parte de los gastos de las oficinas de la organización en la sede parlamentaria. “Somos un grupo parlamentario perteneciente a la organización política, por tanto lo veo eso como un parte de la especulación”, dijo Rodríguez descartando que se dividan como bancada.
La litis por el control del Partido Liberal Constitucionalista surgió por la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), controlado por el caudillo Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores, de no realizar las elecciones partidarias e imponer a través del “dedazo” a las directivas departamentales, municipales, regionales y nacionales.
El CEN dio por terminado el período de Osuna en la presidencia y puso a Rosales. En el CSE hay más de sesenta impugnaciones de los descontentos con las acciones de los arnoldistas, cayendo así el destino del PLC en los magistrados electorales que responden al régimen de Ortega.