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Injusticia y saña contra don Justo

Don Justo Rodríguez se ha convertido en la víctima más representativa de la injusticia, la crueldad y el ensañamiento de la dictadura contra los presos políticos y de conciencia.

Don Justo, una persona de la tercera edad, fue brutalmente golpeado y secuestrado por una patrulla de la Policía Orteguista, el 20 de abril de este año, cuando se dirigía a sus labores agrícolas en una comunidad de Esquipulas, en Moyogalpa, isla de Ometepe. El día anterior algunas personas habían protagonizado una protesta cívica en el parque de Esquipulas, con motivo del segundo aniversario de la insurrección popular democrática de abril de 2018. Los autoconvocados fueron reprimidos brutalmente y algunos encarcelados y trasladados a Managua, donde han sido procesados por el aparato judicial de la dictadura.

Don Justo sufrió en la prisión un derrame cerebral pero los guardias penitenciarios no querían llevarlo a un centro hospitalario. Cuando por fin lo hicieron, en el hospital le siguieron dando el mismo trato carcelario, despiadado, mientras su hermana que entró al centro asistencial para prodigarle cuidados personales apropiados, también ha sido víctima del maltrato.

Esta crueldad con don Justo, de los verdugos policiales y carcelarios de la dictadura, ha puesto de nuevo en la atención de los organismos internacionales de derechos humanos el drama de las violaciones a los derechos de las personas en general y de los presos políticos en Nicaragua. La Oficina de la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, ha demandado al régimen de Daniel Ortega que garantice la atención médica necesaria a don Justo y respete sus derechos humanos.

Es como un sarcasmo que teniendo don Justo el nombre de la justicia sea víctima de la injusticia llevada a la mayor expresión de crueldad que practica la dictadura.

Desde que los seres humanos comenzaron a civilizarse, establecieron la virtud de la justicia como una condición para el bienestar personal y la convivencia social. Así, desde la época más temprana de la humanidad, la justicia fue una cualidad fundamental del orden público fundada en tres preceptos esenciales: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y darle o reconocerle a cada quien lo que le es propio, en primer lugar su dignidad.

En cuanto al poder judicial como institución organizada por la sociedad a través del Estado, desde la Gran Revolución Francesa de fines del siglo XVIII quedó establecido que la justicia, para que pueda garantizar el derecho de las personas a defenderse y ser juzgadas imparcialmente, debe ser administrada por un órgano independiente del poder político y desvinculada de la política partidista. Sin embargo, la dictadura ha hecho retroceder a Nicaragua hasta la época del castigo medieval. El país ha retrocedido en todo, pero particularmente en el sistema de la justicia, como lo prueba el caso del preso político don Justo Rodríguez.

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