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Juana Livex Castellanos

Juana Livex Castellanos Rodríguez, miembro de la directiva de la Alianza Cívica (AC) en Nueva Segovia, LAPRENSA/ CORTESÍA.

Policía Orteguista desata cacería de opositores por campaña de carteles exigiendo la salida del dictador

Las estructuras territoriales de la Alianza Cívica a nivel nacional se movilizaron de forma coordinada entre la noche de lunes y madrugada de este martes 8 de septiembre, para pegar en los espacios públicos carteles con la imagen del dictador Daniel Ortega y la frase: ¡Se va!

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) confirmó la detención ilegal del médico Erick Rafael Barberena Zelaya y de su hijo Rurick José Barberena González, dos de los cuatro opositores detenidos entre ayer y hoy por la Policía Orteguista (PO). La Alianza Cívica (AC) informó que hace pocos momentos fueron liberados.

Ellos junto con dos opositores más fueron víctimas de una cacería impulsada por la dictadura solo por haber tenido el valor de pegar carteles con la imagen del dictador Daniel Ortega y la expresión “¡Se va!” en distintos lugares del país. No obstante, continúan retenidos Juana Livex Castellanos Rodríguez, miembro de la directiva de la Alianza Cívica (AC) en Nueva Segovia y Alcides Díaz, miembro de la coordinación departamental en Chontales de la AC, aseguró Eliseo Núñez, asesor de la AC.

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, detalló que hoy simpatizantes del gobierno denunciaron en la Policía de Juigalpa que el doctor Barberena y su hijo Rurick andaban pegando papeletas en contra de Ortega, por lo que los oficiales los buscaron y los agarraron, por un hecho que no viola ninguna ley o norma.

“Más bien la Constitución le da ese derecho ha hacerlo, pero en la vorágine que estamos eso es perseguido por la autoridad. Esa es una manera de expresarte el pegar una papeleta y según la Constitución hay libertad de expresión; todo lo contrario, la Policía debió haber protegido al señor para que se expresara con tranquilidad y que nadie lo molestara y lo agrediera”, explicó Cuevas.

El abogado agregó que los oficiales están facultados para evitar que un ciudadano realice pintas en lugares públicos o privados, pero no así pegar papeletas. La CPDH continúa buscando información del resto de detenidos.

Cacería continúa

A las nueve de la mañana de hoy los uniformados se presentaron a la vivienda de la doctora Julia González, miembro de la coordinación departamental en Chontales de la AC, para detenerla, pero al no encontrarla se llevaron retenidos al doctor Barberena Zelaya y a Barberena González, esposo e hijo respectivamente de González.

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El doctor Erick Rafael Barberena Zelaya y su hijo Rurick José Barberena González. LAPRENSA/ CORTESÍA

 

“La doctora González sí es miembro de la Alianza Cívica, pero no su esposo y su hijo. Entonces los policías se los llevaron detenidos para así poder presionarla, ya que es a ella a quien querían detener esta mañana”, denunció Núñez.

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Los uniformados del régimen también se presentaron a la vivienda de Castellanos Rodríguez para detenerla. Dos horas más tarde fue retenido Alcides Díaz y ambos no han sido liberados por la PO.

Alcides Díaz, miembro de la Alianza Cívica, fue detenido por la PO. LAPRENSA/CORTESÍA

“Estas detenciones las están haciendo por las papeletas que fueron pegadas en diversos puntos del país, pero eso no significa que fueron ellos quienes las pegaron, además eso no constituye ningún delito, ya un equipo legal de la Alianza Cívica está atendiendo estos casos”, aseguró Núñez.

Las estructuras territoriales de la Alianza Cívica a nivel nacional se movilizaron de forma coordinada entre la noche y madrugada de este martes 8 de septiembre, para pegar en los espacios públicos carteles con la imagen del dictador Daniel Ortega y la frase ¡Se va! La acción es una forma de protesta, que se hace de manera clandestina para evitar la represión de la Policía Orteguista (PO) que persigue a los ciudadanos que se expresan contra el régimen de Ortega.

El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, calificó de exitoso lo que denominó el “operativo de protesta pacífica”.

 

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