La dictadura de Daniel Ortega sigue recetando cárcel a los opositores. El Monitoreo Azul y Blanco documentó que, al 7 septiembre, hay 94 ciudadanos considerados presos políticos, calificados como tal por haber sido detenidos y procesados por su participación en las protestas y activismo antigubernamental.
Del total de presos políticos, nueve se encuentran recluidos en sectores de máxima seguridad, “el Infiernillo”, ubicado en el Sistema Penitenciario Nacional conocido como La Modelo. En esa área del penal mantienen a los reos políticos en celdas de castigo aislados, con ventilación restringida, con ventanas y puertas empernadas, haciéndoles pasar hambre debido a que las comidas se las entregan cuando los custodios quieren, de acuerdo con testimonios de presos políticos excarcelados. Tampoco se les deja ver a sus familiares.
“Todo lo anterior constituyen violaciones a los derechos de las personas presas, así como formas de malos tratos”, sostiene el informe del Monitoreo Azul y Blanco.
Durante los 13 años de la dictadura de Daniel Ortega y de su vicepresidenta designada y esposa, Rosario Murillo, han impuesto una política de persecución contra todo activista y organización opositora, la que se intensificó tras las manifestaciones multitudinarias de abril del 2018.
La brutal represión del régimen incluyó asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, ejecuciones selectivas, arrestos y juicios ilegales, entre otros crímenes que han sido calificados de delitos de lesa humanidad por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, plataforma conformada por un equipo interdisciplinario, defensores de derechos humanos y organizaciones de familiares de reos políticos y excarcelados que dan seguimiento y visualizan la situación de los opositores en las cárceles del régimen, es el responsable del Monitoreo Azul y Blanco.
“Durante el último mes han sido reportadas sistemáticamente por familiares el uso de requisas constantes por parte de custodios del Sistema Penitenciario para amedrentar y agredir a personas presas políticas, así como también la instrumentalización de presos y presas comunes para amenazar a estas personas”, se indicó en el informe sobre las prácticas violatorias a los derechos humanos de parte del régimen orteguista.
¿Dónde los tienen?
La mayoría de los opositores detenidos (86) se encuentran en La Modelo, en el municipio de Tipitapa. Aunque es un penal para varones, el régimen tiene recluida a una mujer transgénero, lo que también fue criticado en el informe como otro abuso.
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En el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza se encuentran tres presas políticas. Otras seis personas detenidas están en la estación de la Policía Nacional de Jinotega y otras dos en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como el Chipote.
Práctica de secuestros “giratorios”
En el último mes, 45 personas fueron detenidas por la Policía Orteguista (PO) en procesos que siguen denunciándose como ilegales, puesto que los arrestos sucedieron sin una orden judicial, y a pesar de esto la mayoría de los secuestrados permanecieron hasta tres días en las cárceles sin conocer los motivos concretos de su detención.
De los 45 secuestrados entre el 5 de agosto y el 7 de septiembre, fueron liberadas 36 personas. Sin embargo, seis de los nuevos capturados siguen en prisión y sus familiares temen que se les inventen cargos para procesarlos, de acuerdo con el reporte.
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Las fuerzas policiales orteguistas siguen practicando el fenómeno de la “puerta giratoria”, que en el informe se explicó como la “dinámica de detener y liberar a un número similar de personas”.
Esta práctica, se indicó, le permite al régimen seguir haciendo uso de detenciones como estrategia inhibitoria de la participación y organización política de opositores y, por otro lado, reforzar su narrativa oficialista de normalidad y negar la existencia de personas detenidas y presas por razones políticas.
Capturan, liberan y vuelven a capturar
También continúa la práctica de recapturar a opositores que fueron excarcelados anteriormente. El informe del Monitoreo Azul y Blanco precisó que 22 excarcelados fueron nuevamente detenidos arbitrariamente por la PO; dos de esas personas fueron recapturadas en el último mes. Existe “especial preocupación por la represión constante que sufren” los excarcelados políticos, “así como la vulnerabilidad e incertidumbre jurídica con la que salieron de la cárcel”.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica como consecuencia de la represión, el régimen llegó a tener más de 300 presos políticos, siendo excarcelados la mayoría a través de la Ley de Amnistía. Esa legislación fue denunciada por familiares de las víctimas de la represión, organismos sociales y defensores de los derechos humanos como una forma en que el régimen protege a los responsables de los crímenes.