Instalaciones de CANAL 12. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Instalaciones de CANAL 12. LA PRENSA / O. NAVARRETE

Gobierno embarga a Canal 12 por 21 millones de córdobas

El medio informó que el embargo, a la totalidad de sus bienes, es por un "reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013"

El Gobierno de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), embargó a Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12, por 21 millones de córdobas, informó la dirección del medio. Asimismo embargó los bienes personales del administrador, Mariano Valle Peters.

Según la denuncia del medio de comunicación, el viernes 11 de septiembre se presentó a las oficinas del canal el juez Luden Martín Quiroz, Juez Tercero de Ejecución y Embargos del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de Nicavisión S.A. Esto, según el medio, «producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013».


«Actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle Peters», denunció el comunicado oficial de Canal 12.

De forma extraoficial se conoció que las antenas, instalaciones, vehículos, repetidora y el transmisor del canal son parte de los bienes embargados.

LA PRENSA se comunicó con Mariano Valle, y este se limitó a decir: «ahorita no te puedo decir nada, porque más tarde lo vamos a explicar en un comunicado».

En su comunicado publicado la tarde de este sábado, el medio aseguró que sus abogados «están analizando dicho embargo y sus alcances y posteriormente la dirección de canal 12 estará dando mayores detalles».

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Asedio y hostigamiento al Canal 12

Tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018, Canal 12 Nicaragua —como la mayoría de medios de comunicación independientes—, ha sido objeto de asedios y hostigamientos por parte de oficiales de la Policía Orteguista, en su afán de silenciar las voces disidentes a su régimen.

Al mismo tiempo sus periodistas y reporteros en el ejercicio de sus labores han sido víctimas de acoso, amenazas y agresiones físicas, por oficiales, fanáticos e incluso por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En enero del 2019, Canal 12 permaneció asediado durante dos días y medio, los oficiales permanecieron desplegados afuera de las instalaciones y solicitaban identificaciones de los trabajadores del medio de comunicación.

Denuncian atentado a la libertad de prensa

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro condenó la «confiscación arbitraria» contra Canal 12 y se solidarizó con los periodistas del medio.

También el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudió la acción orientada por el régimen en contra del Canal 12, y señaló que «este hecho evidencia que todo el aparato estatal es criminal y que hace uso de las políticas fiscales para reprimir y silenciar las voces independientes».

La organización no gubernamental catalogó la acción como perversa que «atenta contra la libertad de prensa y expresión», por ello exigió al régimen Ortega Murillo a que «desista en su estrategia de intimidar a periodistas y destruir a medios de comunicación independientes».

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Empresa privada se pronuncia

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también se solidarizó con la familia Valle y los colaboradores de Nicavisión y señaló que las acciones del régimen son con fines «confiscatorios »en contra de la libertad de prensa. Asimismo aseguró que es una «nueva forma de presión, represalias y persecución a los medios de comunicación independientes y al sector privado», que caracteriza a los «gobiernos totalitarios».

El empresariado denunció además que el Gobierno Ortega-Murillo desde el 2014, «ordenó el cierre y confiscación de al menos 20 medios de comunicación en todo el país, de los cuáles 12 ocurrieron después de la crisis sociopolítica del 2018».

En esa misma línea, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) catalogó el embargo como un «acto de terrorismo fiscal» y reiteró su preocupación ante las recientes denuncias realizadas por empresarios, a quienes se les está obligando a pagar exorbitantes cantidades de dinero en impuestos, a través de medidas coercitivas.

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