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CONTENIDO EXCLUSIVO.Después de 13 años, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) tiene un nuevo presidente. Michael Healy Lacayo, quien hasta hace tres semanas era presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), la cámara más grande del Cosep.
Healy ha sido un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega y del modelo de “diálogo y consenso” con el Gobierno, que con el apoyo de la mayoría de las cámaras y el gran capital fue impulsado por su antecesor, José Adán Aguerri, hasta abril del 2018.
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A raíz de la rebelión de abril, tanto Healy como Aguerri pasaron a ser parte de la representación del sector privado en los dos diálogos nacionales con el régimen y continúan siendo parte de la Alianza Cívica. A Healy eso le ha costado caro, pues sus tierras y las de su familia permanecen invadidas como represalia por su oposición al régimen.
En la AC Healy y Aguerri limaron asperezas, al punto que Healy es hoy presidente del Cosep gracias al respaldo de las cámaras que apoyaron más decididamente a Aguerri durante los años de entendimiento con el gobierno de Daniel Ortega.
En esta entrevista Healy asegura que no se podrá reactivar la economía del país, que ya lleva casi treinta meses de recesión, ahora agravada por la pandemia, mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos del segundo diálogo nacional: “Liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas… y aprobar en consenso con la oposición reformas electorales que permitan elecciones libres, observadas y transparentes”.
Recientemente fue criticado porque en una entrevista dijo que había que llegar a un acuerdo político. Healy ha dicho que sus declaraciones “se malinterpretaron” y asegura que “una salida definitiva de la crisis pasa por la realización de elecciones libres y transparentes que permitan bajo un nuevo gobierno restaurar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”.
Healy ha sido siempre un empresario de hablar claro y directo, sin embargo en esta primera entrevista como presidente de la cúpula empresarial la mayoría de sus respuestas fueron en extremo cautelosas, sobre todo cuando se le preguntó sobre el papel que juegan en Cosep los “consejeros” —el grupo de los empresarios más fuertes del país—, la fractura que existe en el sector privado y que quedó evidenciada con el proceso electoral que acaba de concluir, e incluso cuando se le preguntó sobre el fracaso del modelo de “diálogo y consenso” que él en el pasado criticó con dureza.
Las cámaras empresariales se quejan de la centralización de decisiones y que no hay trato igualitario a sus
necesidades. ¿Qué estrategia impulsará para atender las necesidades de las 26 cámaras? ¿Ha hablado de unirlas en sectores, puede enumerarlos?
El Consejo Directivo es un órgano colegiado que se reúne todos los miércoles con las 26 cámaras que conforman el Cosep. Es en esta instancia donde se toman las decisiones por mayoría.
Efectivamente hay un proyecto de gobernanza apoyado por la OIT en donde hay muchas propuestas de reforma que se comenzaron a consensuar con las juntas directivas de todas las cámaras, proceso que se interrumpió por la pandemia y que vamos a retomar próximamente adaptándonos a la nueva realidad.
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La propuesta es una nueva estructura de gobernanza que contempla, entre otros, la agrupación de cámaras de sectores afines, con el objetivo de revisar, discutir y aprobar acciones sectoriales que surjan de la consulta y propuestas de las propias cámaras.
¿Qué condiciones económicas y políticas requieren para reactivar la inversión extranjera y nacional?
Desde que empezó la crisis en abril 2018 y se iniciaron los procesos de diálogo con el Gobierno, las 26 cámaras hemos insistido que, sin solución a la crisis sociopolítica, no es posible impulsar la reactivación económica del país.
Afirmamos lo anterior, porque mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 referidos a la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, no habrán condiciones para que los empresarios, los inversionistas, los organismos multilaterales y otros actores relevantes realicemos nuestras actividades, proyectos e inversiones con libertad y en el marco de un Estado de Derecho y de respeto a la institucionalidad democrática.
Es determinante la voluntad política del Gobierno y continuar con los demás actores de la sociedad nicaragüense presionando por la vía cívica y pacífica para que estas condiciones se cumplan; sin obviar la importancia que también tiene el apoyo de la comunidad internacional en esta dirección.
¿Cree que esas condiciones son posibles bajo el régimen de Ortega?
Hasta el momento, después de más de dos años, no ha habido voluntad política del Gobierno para cumplir fielmente con todos los acuerdos. Por eso, continuaremos como parte de la sociedad civil demandando el cumplimiento de dichas demandas. En particular, estamos conscientes que una salida definitiva de la crisis pasa por la realización de elecciones libres y transparentes que permitan bajo un nuevo gobierno restaurar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y se pueda impulsar un plan de nación en beneficio de todos los nicaragüenses.
El modelo de “diálogo y consenso” fue un fracaso que minó la institucionalidad democrática y estalló en abril 2018, ¿cuáles son los errores del pasado que no va a repetir para resguardar la institucionalidad?
Cosep nunca dejó de defender la institucionalidad democrática del país, lo cual está debidamente documentado en nuestras posiciones públicas y Agendas Cosep presentadas a la nación. Siempre insistimos que el país requería de tres diálogos (económico, político y educativo) que permitieran un desarrollo integral sostenible. La responsabilidad de promover y demandar la institucionalidad democrática no es una obligación exclusiva del sector privado. Sin embargo, reconocemos que no tuvimos la capacidad de incidir efectivamente en ese ámbito, ni tampoco la capacidad de establecer alianzas estratégicas con la sociedad civil, partidos políticos y otros actores para enfrentar esta problemática.
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¿Cuál será su relación con el régimen Ortega-Murillo bajo su presidencia?
Mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 referidos a la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, no será posible encontrar salida a la crisis sociopolítica; siendo igualmente relevante en esta etapa la voluntad política del Gobierno de aprobar en consenso con la oposición reformas electorales que permitan elecciones libres, observadas y transparentes, no será posible la relación institucional con el Gobierno.
¿Cómo cree que el sector privado puede aportar a la solución de la crisis sociopolítica?
Respaldando firmemente todas las demandas de la población nicaragüense y la comunidad internacional que permitan que el Gobierno ceda y podamos concentrarnos en la solución de la crisis política, social, económica y sanitaria. También trabajando con nuestras cámaras y asociaciones en nuestra agenda gremial empresarial que promueva el respeto al Estado de Derecho, la democracia, la libertad, los derechos humanos y un plan de reactivación económica a favor de la nación que fomente la sostenibilidad de las empresas, la inversión y el empleo.
Mucho se dice que el sector empresarial desea apoyar a Ciudadanos por la Libertad y separarse de los movimientos que consideran de izquierda en la UNAB. Usted ha estado en la Alianza Cívica, ¿cuál es su opinión ante esta propuesta?
La Ley de Cámaras prohíbe a las entidades gremiales empresariales participar en actividades de proselitismo político partidarias, pero conforme nuestros estatutos tenemos la responsabilidad de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos, por lo que respaldaremos todas las propuestas de nación que permitan alcanzar estos derechos y la solución a la crisis sociopolítica del país.
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El proceso de elección evidenció una gran fractura en la empresa privada, ¿qué pasos tomará para subsanar esto?
El hecho de haber tenido un proceso de elecciones con varios candidatos y un mecanismo de votación híbrido y complejo por la crisis sanitaria, no quiere decir que hay “fractura” en la empresa privada. Hemos concluido un proceso de elección de nuestras autoridades gremiales empresariales siempre bajo el marco de nuestro pacto constitutivo y estatutos que permitió un ejercicio democrático y transparente que ha fortalecido aún más la unidad del sector privado. El hecho de haber tenido un proceso en un ambiente de libre competencia, coherente con nuestros valores y principios democráticos, son hechos que demuestran unidad y no división.
Durante la campaña se habló mucho de los llamados “consejeros”, que dos de ellos lo apoyaban a usted y otros dos al ingeniero Mario Hanon. ¿Considera usted que la figura en los consejeros en la actualidad ayuda?
Los consejeros es una figura que surgió en el año 2006 bajo la presidencia del doctor Erwin Krüger con el objetivo de respaldar la agenda institucional del Cosep. No forman parte de la estructura organizativa del Cosep. Considero que Cosep debe trabajar con todos los empresarios, sean grandes o pequeños que respalden la gremialidad empresarial.
¿Cree que es conveniente tener a este grupo, que son los empresarios más poderosos del país, como una figura que de hecho está por encima del Consejo Directivo de Cosep?
El pacto constitutivo y los estatutos solamente establecen como órganos de gobierno y administración a la Asamblea General de Asociados, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, la Presidencia y la Dirección Ejecutiva. En los primeros seis meses de este año se deberán hacer reformas a los estatutos de Cosep. Se habla de eliminar la reelección indefinida y acortar el período del presidente.
¿En lo personal, usted qué posición tiene ante estas dos reformas?
La reforma de los estatutos realmente no es un tema nuevo. José Adán dejó adelantado el Proyecto de Gobernanza que se está haciendo con el apoyo de la OIT y el proceso de certificación del Cosep con la empresa SGS. Ambos procesos van a requerir reformas de estatutos. Yo voy a hacer lo que como Consejo Directivo estimemos conveniente para la institución.
¿Qué otras reformas a los estatutos consideran importantes?
El tema de la reelección y el período del presidente son los temas más sonados, pero sí se debe hacer una revisión integral. Se han hecho varias reformas que han respondido a la evolución de la institución y del país. En esta nueva etapa, va a ser necesario considerar todo lo relativo al Proyecto de Gobernanza y la certificación SGS, lo cual nos llevará a diseñar un Cosep que incorpore las mejores prácticas internacionales y responda a la realidad nacional.