Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una reforma a las leyes para instaurar en Nicaragua la pena de cadena perpetua para aquellos que cometan “crímenes de odio”, anunció Rosario Murillo este lunes.
“Ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales o culturales, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia trabajar una propuesta que aborde integralmente, de manera preventiva y penal, estos crímenes atroces, castigando severamente a los autores”, dijo Murillo.
Según anunció la vicepresidenta, Ortega ya pidió a la CSJ proponer “una reforma a las leyes pertinentes necesarias para proceder a remitirlas a la Asamblea Nacional”.
Esta reforma, explicó Murillo, busca penalizar con prisión a cadena perpetua “a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes. Que no corresponden con la cultura nicaragüense”.
Aunque no especificó a qué tipo de crímenes hace referencia, la funcionaria agregó que esta petición se da “atendiendo la justa llamada de los nicaragüenses” para castigar “estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Murillo ejemplificó estos “crímenes de odio” con las recientes muertes de dos hermanitas, de 12 y 10 años, en la comunidad Lisawe, jurisdicción de Mulukukú , Región Autónoma del Caribe Norte nicaragüense. Ambas fueron asesinadas brutalmente a machetazos y al menos una de ellas tenía signos de haber sido violada sexualmente.
Murillo atribuyó el crimen a un “perturbado mental, una persona con graves alteraciones mentales”. El principal sospechoso es Rosario Soza Centeno de, 33 años, y quien fue presentado el domingo por la Policía.
Habla de crímenes de lesa humanidad
La propuesta del gobierno de Ortega, dijo Murillo, busca castigar severamente a los delitos “que contravengan el derecho de todos a la vida y a la convivencia familiar, armoniosa y segura”.
Mencionó además que estos delitos son considerados de lesa humanidad y la reforma “ratifica nuestro compromiso de perseguir, condenar y castigar severamente estos delitos”.
Sobre esto, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, remarcó que «es un doble discurso, porque por un lado ellos (la dictadura) dicen una cosa, mientras hacen lo contrario», y no descartó que este tipo de acto sea para afectar a los opositores.
«Aquí las autoridades están utilizando esos tipos penales perversamente porque podríamos esperar, porque sabemos cómo actúan, ver opositores pagando condena perpetua ante delitos inventados y producto de la perversa manipulación para empañar la imagen y la lucha de los opositores y para sacarlos de circulación», dijo.
Acción desesperada
Movimientos feministas consideran que el anuncio de la reforma para incluir la cadena perpetua en las leyes del país es una «acción desesperada» del gobierno para apaciguar las críticas que han recibido ante los recientes crímenes de las niñas en Mulukukú.
María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dejó claro que no creen ni confían en las acciones del gobierno Ortega Murillo, debido a que a estas alturas todos «conocemos que el régimen ha sido cómplice, encubridor de la violencia machista» en el país.
Muestra de ello es la reforma a la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que impuso la mediación. “Las víctimas se ven obligadas a firmar acuerdos con los agresores, y a eso se le suma la excarcelación de más de 500 agresores de mujeres y niñas por la dictadura», dijo Blandón.
Por su parte Marycé Mejía, enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), coincidió con Blandón y mencionó que este es un «Estado al revés e ilógico», debido a que considera que con esta medida no se «va a terminar con la violencia hacia la mujeres y las niñas».
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La feminista y socióloga cree que esta medida es una «cortina de humo», ya que el gobierno ha «indultado a un montón de femicidas y violadores. Es totalmente ilógico, porque a lo mejor de una manera de aquí a tres meses conozcamos más indultados. Sin duda es para tapar lo que ellos han hecho, que incluye a la Policía Nacional quienes son culpados de crímenes de lesa humanidad y son los que han perpetuado la violencia en todo los niveles».
Ambas defensoras feministas coincidieron en apuntar que la mejor respuesta del régimen sería que «no hubiesen instalado la impunidad y (hubiesen) respetado la Ley 779».
Acto populista del régimen
En la misma línea, abogados defensores de derechos humanos calificaron la medida como un «acto populista», que deja más dudas que respuesta a los delitos de violación y femicidio. El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, señaló que es una acción para calmar las críticas, porque no es secreto, que en el país nunca se ha cumplido las penas que deben de cumplir los agresores, asesinos y delincuentes.
«Más que una voluntad de condenar con cadena perpetua, es que las autoridades estén dispuestas a hacer lo que procede para parar esta ola de barbarie, queremos verdaderos actos de voluntad», refutó Cuevas.
Por su parte, el abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, agregó que si el régimen cumpliera con lo establecido en las leyes, no se recurriría a la cadena perpetua, que se cuestiona en otros países, «para evitar este tipo de acciones las autoridades deberían de tener cuidado con las personas que indultan», declaró.