Un tribunal federal de apelaciones falló el lunes a favor de la decisión del gobierno estadounidense de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite trabajar y residir en el país a más de 300.000 migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
El tribunal del Noveno Distrito de California determinó que un juez federal en dicho estado “abusó de su discreción” al prohibir temporalmente al gobierno eliminar el beneficio migratorio que protege de la deportación a estos migrantes, tras una demanda presentada ante el fin del programa para las personas procedentes de estos cuatro países.
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Se prevé que el fallo afecte también a los migrantes de Honduras y Nepal, que se encuentran en una situación similar.
Actualmente, los beneficiarios del TPS tienen permiso para residir y trabajar en EE.UU. hasta el cuatro enero del 2021. Sin embargo, según una decisión del Departamento de Seguridad Nacional de noviembre del 2019, los migrantes tendrán un periodo de gracia de 120 días para salir del país, excepto los salvadoreños, quienes tienen 365 días.
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Es decir, la corte dio luz verde al gobierno de Trump puede dar fin al estatus migratorio de los beneficiarios del TPS tan pronto como el cinco de marzo del 2021 —menos las personas de El Salvador, cuyo plazo caducaría el cinco de noviembre del próximo año, seguido a un acuerdo con el gobierno salvadoreño.
La administración Trump justifica la decisión de darle más tiempo a los salvadoreños aduciendo que son más de la mitad del total los beneficiarios de este programa.
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La Unión Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que forman parte de la representación legal de los beneficiarios de TPS y organizaciones que presentaron la demanda, ya anunció que planea apelar el fallo, que podría llegar a la corte suprema.
“Continuaremos luchando en el sistema judicial, en las calles, en los pasillos del Congreso y en la corte de la opinión pública. Vamos a agotar todos los recursos legales a nuestra disposición para proteger a nuestra comunidad”, explicó el líder nacional de la Alianza Nacional de TPS, una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
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La organización argumenta que la decisión no solo afecta a las más de 300 mil personas que viven legalmente en EE.UU. gracias al TPS sino un estimado de 250 mil de ciudadanos estadounidenses, hijos de los migrantes, que “se podrían ver forzados a tomar la imposible decisión de elegir entre sus familias y sus hogares”.
El fallo llega a menos de dos meses de las elecciones en EE.UU. y el futuro de los migrantes también se verá afectado por quién resulte elegido en noviembre, explicó a la Voz de América Salvador Sanabria, director de la Asociación El Rescate de Los Ángeles, California
“Las posibilidades para el futuro de estos afectados es llevar la querella a una corte superior o que el panorama político cambie como resultados de las elecciones”, dijo el defensor de los derechos de los migrantes. “De resultar elegido un demócrata, la situación tendría a girar de manera favorable para los compatriotas afectados por la cancelación del TPS”, aseguró.
El candidato demócrata, Joe Biden, estipula en su plan de campaña “proteger” a los beneficiarios del TPS de ser deportados “a países que son inseguros” y ofrecer un camino hacia la ciudadanía para quienes hayan vivido en EE.UU. por un largo tiempo.
El panel, que tomó la decisión con dos votos a favor y uno en contra, falló que no hay “revisión judicial” para la decisión de acabar con el TPS por parte del DHS.
Además, también concluyó que los beneficiarios del TPS no presentaron suficientes evidencias de que el gobierno Trump haya tenido motivaciones “racistas” al terminar con este programa, uno de los argumentos de la defensa.
En el fallo, los jueces explicaron que aunque la corte del distrito encontró pruebas de que el presidente Trump “ha expresado animadversión racial en contra de migrantes no blancos y no europeos, y de que la Casa Blanca influyó en la decisión de terminar con el TPS”, no existen evidencias que “conecten la animadversión del presidente con la terminación del TPS”.
Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, actualmente hay más de 417.341 inscritos en el TPS en todo EE.UU., de los cuales el 90% son de El Salvador (251,445), Honduras (80,570), Haití (56,114) y Nicaragua (4,508).
El TPS es un beneficio migratorio que permite a los migrantes de determinadas naciones, que ya están en EE.UU., vivir y trabajar legalmente en el país. Según el Departamento de Justicia, el TPS se asigna a países en los que hay un conflicto armado o en los que se ha producido un desastre natural.
En el caso de El Salvador, por ejemplo, el gobierno de George Bush concedió a los salvadoreños el TPS en el 2001 después de que dos terremotos asolaran el país centroamericano.