La madrugada del sábado 12 de septiembre 2020, amaneció con pintas la casa de la familia de la excarcelada Neyma Hernández, del municipio de Tipitapa, Managua. Desde el viernes policías y motorizados asediaban el barrio de la excarcelada. LA PRENSA/Cortesía

El reto de organizarse en 2021 cuando «todos los opositores están encarcelados en su casa»

El 2021 se visualiza como un año de turbulencia política haya o no confianza en el proceso electoral y el escenario no se ve diferente al que se vive hoy el país

Apoyen o no los opositores el proceso electoral de 2021, lo que parece inevitable el próximo año es el incremento de la represión y el asedio policial contra las voces críticas y contra la organización local adversa al régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.

Los partidos políticos opositores, claves en el proceso electoral y urgidos por su organización y la búsqueda de reconocimiento político en los territorios, son frenados, perseguidos y asediados por la Policía Orteguista (PO) cuando viajan a los municipios, además de las amenazas e intimidación de los grupos armados afines al régimen de Daniel Ortega.

El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), encabezado por Kitty Monterrey, constantemente denuncia el asedio a sus militantes y a sus sedes municipales, principalmente cuando se reúnen como parte de su trabajo organizativo. Este domingo 13 de septiembre, los jóvenes Alexander Gómez y Eduardo Román, miembros de CxL, fueron expulsados por la PO del municipio de Boaco, donde habían llegado a un encuentro con otros miembros del partido.

Quince días antes, cuatro diputados opositores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, Maximino Rodríguez, Léster Flores y Ramón González, también fueron retenidos por la PO en ese mismo departamento, cuando se dirigían al municipio Santa Lucía. Aunque llegaron a su reunión, el encuentro se mantuvo cercado de policías y simpatizantes orteguistas.

Por otra parte están los miembros de las organizaciones civiles Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que desde su nacimiento en 2018 viven con este asedio y represión del régimen. Más de 320 personas murieron por la represión armada del régimen orteguista contra las protestas civiles en 2018.

En más de dos años de crisis que vive el país por este clima de represión, la PO ha logrado imponer un estado de sitio en varias ciudades y una rutina de asedio en las viviendas de los opositores más destacados, entre ellos excarcelados, familiares de presos políticos, antiguos opositores, nuevos opositores, ciudadanos comunes y de bajos recursos. La PO tiene una rutina de asedio, que se incrementa los fines de semana.

Flor Ramírez ha sido detenida ilegalmente por la Policía, únicamente por usar los colores azul y blanco en protesta contra la dictadura orteguista. Foto: Óscar Navarrete/La Prensa.

Desde hace más de un año, Flor Ramírez, mejor conocida como la señora del huipil azul y blanco, no puede salir de su casa los fines de semana, porque la PO se lo impide. Si pone un pie fuera, dos o tres policías la rodean y no la dejan pasar, como ha mostrado ella misma a través de videos que difunde para denunciar su situación. ¿Por qué los fines de semana? Sábado o domingo eran los días en que se convocaban las marchas o concentraciones en 2018. Ramírez, jubilada, de 64 años, ya está resignada a esta situación.

«El asedio está terrible, todos los opositores están encarcelados en sus casas, porque no solo yo estoy de esa manera, hay un sin número de personas opositoras que están de la misma manera. Nosotros estamos encarcelados prácticamente en nuestras casas», manifestó Ramírez, recluida en su casa, en Managua.

Ella no duda que la represión aumentará en 2021. «Quién sabe cuántos estaremos encarcelados para ese entonces y veo más gente buscando maletas para irse al exilio, porque esta contienda electoral va a ser muy difícil para la oposición y creo que ellos (el régimen) tienen garantizada la presidencia, porque tienen todos los poderes del estado y tienen miles de mañas para robarse las elecciones y no considero que eso motive a la gente, pero si hubiesen cambios en el Consejo Supremo Electoral, pueda ser que el pueblo llegue a votar», agregó Ramírez.

Solo el viernes 11 de septiembre, la PO y grupos parapoliciales ejecutaron más 50 asedios, nueve allanamientos y tres agresiones policiales a opositores nicaragüenses en diferentes municipios y departamentos de Nicaragua, de acuerdo al informe del Monitoreo Azul y Blanco, una plataforma de un equipo interdisciplinario de personas y organizaciones de derechos humanos. Las ciudades más afectadas fueron León, Managua, Masaya, Granada y Chontales.

Aumento de la violencia

El estudio «La evolución de la violencia letal en Nicaragua», dirigido por la socióloga y experta en seguridad pública, Elvira Cuadra, reveló que entre enero y junio de 2020 se identificaron 114 casos de asesinatos en diferentes lugares de Nicaragua, con un total de 131 víctimas, de las cuales 15 tenían alguna vinculación política con organizaciones del movimiento cívico, partidos políticos, organizaciones religiosas o de otra índole, por lo que se presume que sus asesinatos están relacionados con motivaciones políticas.

El informe señala que aunque las motivaciones políticas parecen disminuir como causa de los asesinatos, al analizar el perfil de los perpetradores es posible identificar que se trata de grupos que actúan de manera organizada, utilizan armas de fuego en un 44 por ciento de los casos y armas blancas en un 45 por ciento de los casos; además que siempre se utilizan altos niveles de violencia, tal como se puede ver en las múltiples heridas o disparos que presentan las víctimas. En un poco más del cuarenta por ciento de los casos, las víctimas recibieron más de un disparo.

Este estudio además confirmó que desde octubre de 2018 se registra un incremento de asesinatos en todo el país, principalmente en las zonas rurales, pero este año particularmente en las zonas urbana.

Néstor Uriel Aráuz, Óscar Noel Herrera y Rommel Amed Hernández, opositores asesinados en Wiwilí los últimos tres años. LA PRENSA/Fotos tomadas de las redes sociales

Uno de los municipios que refleja esa cruenta violencia es Wiwilí, del departamento de Jinotega, donde desde 2017 cada año se ha registrado la muerte de un excontra o un miembro del PLC, asesinados con saña, a balazos, quemados o con numerosas heridas con arma blanca. Este año han sido asesinados dos opositores.

Lea también: El riesgo de ser opositor en Wiwilí, Jinotega. Tres funcionarios liberales de la alcaldía han sido asesinados a balazos

Rodolfo Quintana, secretario general del partido CxL, reconoce el riesgo que experimentan los opositores desde 2018, pero considera que a estas alturas, quienes han quedado en la lucha cívica contra el régimen, están claros de esa situación y están dispuestos a enfrentarla.

«El riesgo mortal de participar en política en Nicaragua lo hemos asumido siempre, desde que comenzamos a participar en las protestas el 18 de abril de 2018, obviamente todos tratamos como principio básico salvaguardar nuestra integridad física y, como ya se demostró en las protestas de abril, somos demasiados para que nos maten a todos, entonces no me preocupa más allá de tomar las precauciones frente a los fanáticos y frente a las balas perdidas que uno se encuentra en el camino. Ninguna dictadura puede acabar con toda la población», expresó Quintana.

El opositor de CxL dijo que las medidas de distanciamiento físico para evitar el riesgo de contagio del Covid-19, aceleraron el proceso para comunicarse virtualmente con sus bases, lo que ha sido una ventaja para la organización a distancia. Aún así, para Quintana en 2021 será clave estar bien organizados como partido, y en el caso de los riesgos, cree que tienen que administrarlos y enfrentarlos.

Estado de excepción

Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que la situación de asedio los obliga a reunirse casi de forma clandestina, pero aún así, las caras conocidas son constantemente vigiladas por la PO.

«Somos sumamente cuidadosos con respecto a los lugares donde lo reunimos y también con quién nos reunimos, pero lamentablemente en este país el derecho de la libre asociación y la reunión pacífica se encuentran coartados, colocándonos en un estado de excepción informal por decirlo así, porque si bien es cierto no tenemos un decreto de estado de excepción, sí tenemos una Policía, tenemos un régimen, tenemos unos paramilitares que criminalizan el hecho de que personas independientes se reúnan de manera pacífica o lo que hace cualquier grupo de personas en cualquier lugar del mundo, que es discutir temas que son de su interés. Aquí en Nicaragua no hay ninguna prohibición legal de que las personas se reúnan, incluso para tratar asuntos políticas y la libre asociación es un derecho de todos los nicaragüenses», dijo Zamora.

Así se veía la casa de la familia del excarcelado político Yubrank Suazo, en noviembre de 2019. Suazo también ha sufrido el asedio del orteguismo. LA PRENSA/Jader Flores

La opositora es originaria de la ciudad de León, otra de las ciudades sitiadas por la PO y parapoliciales. Ella misma es blanco de ataques a su casa y a su integridad física. Zamora reconoce que los opositores más visibles son blancos permanente del orteguismo, pero también considera que el costo de hacerles daño es muy alto para el régimen. En ese sentido dijo que le preocupa más la población en general o las personas menos conocidas que aparecen muertas en condiciones extrañas o desaparecen, por eso el interés de mantener protegida la identidad de sus bases.

«El funcionamiento de la oposición (organizada en la UNAB) no depende del Consejo Político, depende de todos estos ciudadanos y ciudadanas que desde sus municipios, desde sus barrios están organizados, aportan al trabajo, pero que tienen que cuidarse muchísimo porque son más vulnerables», explicó Zamora.

Aunque los opositores sean sigilosos con sus acciones de protesta y reuniones, la PO se altera cuando aparecen globos azul y blanco, serpentina de los mismos colores, mensajes contra Ortega, protestas rápidas o piquetes. El régimen comienza una cacería de los opositores locales.

Un cartel contra el dictador Daniel Ortega, que fue pegado de manera clandestina por miembros de la Alianza Cívica. LA PRENSA/Cortesía

A tres meses de concluir este año, el horizonte de 2021 no se ve diferente al contexto que vive hoy el país, de represión policial e incremento de la inseguridad pública.

El estudio «Nicaragua en Movimiento: Análisis de las protestas 2016-2020», presentado por Funides el pasado 7 de septiembre, proyecta más manifestaciones civiles en 2021 y a la vez represión del régimen orteguista, cualquiera sea el escenario y los resultados de las elecciones del domingo 7 de noviembre.

El diputado y presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, dijo que precisamente desde la Coalición Nacional –proyecto de unidad opositora donde convergen el PLC, la Alianza Cívica, la UNAB y otras organizaciones opositoras más–, los opositores quieren empujar las reformas electorales que cambien el panorama de 2021, para que el régimen se vea obligado a dar todas las condiciones necesarias para una fiesta electoral.

Sin embargo, hasta ahora la Coalición Nacional ha destacado más por sus conflictos internos, que por su unidad contra el régimen de Daniel Ortega.

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