Entrar y salir de la cárcel como perseguido político, en un contexto de dictadura y crisis sociopolítica, puede significar llevar una condena permanente, el estigma llega a tu casa, alcanza a tu familia, te persigue por las calles y te cierra toda puerta, privada o estatal. ¿Cómo se sobrevive cuando el gobierno te persigue? ¿Buscar trabajo, alquilar un local, emprender? ¿Qué espacios les quedan para desarrollarse como ciudadanos? Exreos políticos detallan la realidad que atraviesan y lo que significa para ellos vivir en una «muerte civil».
Róger Espinoza es moreno, ojos achinados, recio, alto. Padre de 4 niñas, ingeniero químico —con 2 diplomados —, y pasó 9 meses en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo, en Tipitapa. Siete meses estuvo aislado en la celda 004 y los últimos 2 meses en la 300, la galería de máxima seguridad —donde también está el “infiernillo”—, hasta su “liberación” el 20 de mayo del 2019. Al salir no podría decir que “disfruta” de su libertad.
Ser exreo político en Nicaragua, donde los derechos humanos son violentados, te cambia drásticamente la vida: hay «nula» posibilidad de obtener un empleo, retomar tus estudios en una universidad pública, no se puede vivir sin miedo y en paz con tu familia —sin ser asediado y hostigado—, y en el peor de los casos el terror a que te vuelvan a secuestrar, según relataron exreos políticos a LA PRENSA.
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«El gobierno de Daniel Ortega me secuestró, me confiscó y me redujo a la miseria», afirmó Espinoza quien antes de ser encarcelado trabajaba en la empresa de lácteos Centrolac SA, como ingeniero químico —profesión de la que egresó en el 2013, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)—, pero desde su excarcelación está desempleado.
El drama del desempleo
Róger Espinoza, coordinador nacional del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREP), explicó a LA PRENSA que los exreos políticos continúan viviendo una odisea, porque el régimen de Daniel Ortega les ha declarado «muerte civil», que además de mancharles sus documentos legales y personales con delitos que no han cometido, se los niegan en caso de solicitarlos. Ni un récord policial ni un certificado de salud, no importa cuántas veces lleguen y que les hagan pagar el costo dándoles esperanzas de obtener los documentos.
La socióloga Marycé Mejía interpreta esta situación como que «están muertos en vida, porque todos sus derechos humanos están vetados». Al exreo su condición política y legal le imposibilitan reinsertarse al sector laboral, de entrada a aspirar algún día a un puesto laboral para mejorar la condición económica de los seis miembros de su familia.
«Tuve dos oportunidades laborales a las que intenté aplicar, una fue en noviembre del año pasado y la otra en marzo de este año, ambas estaban de acuerdo a mi perfil, los requisitos que pedían eran mi currículum, ser ingeniero químico, tener como mínimo 2 años de experiencia, 3 referencias personales, 2 laborales y certificado de salud y récord policial original y actual, con los dos últimos fue el pegón», confesó el excarcelado.
De acuerdo con su relato, la primera vez fue al Distrito VI de la Policía donde le negaron el récord y por otro lado en el Hospital Yolanda Mayorga, en Tipitapa, no le dieron el certificado de salud que necesitaba para postular a una vacante. «Recuerdo que esa vez no le pregunté nada al oficial que me atendió y me fui a pedir ayuda a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ahí revisaron el sistema en línea y resulta que tengo antecedentes por obstrucción a las funciones públicas de la Policía, a la vía pública, tenencia ilegal de arma de fuego, atentar contra la vida y autoridad de la gente. En el hospital la directora me reconoció y me dijo: ‘No, no, no te podemos emitir ningún tipo de documento, ustedes ya saben lo que hicieron’», comentó Espinoza.
En la segunda ocasión, en marzo de este año, el exreo pensó que la situación había cambiando y encontró una mínima esperanza que lo ilusionó, en el Centro de Salud Róger Osorio, en Managua. «En el centro me atendieron, me hicieron los exámenes, por la tarde me apresuré a retirarlos, pero no fue así, no me entregaron, porque alegaron que tenía problemas, no de salud, pero sí con el Gobierno. Y en el Distrito Policial VIII me dijeron que eran orientaciones superiores y hasta me preguntaron ¿participó en la situación de 2018?»,mencionó.
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Para el excarcelado político, el régimen a toda costa se empeña en declararle la «muerte civil», para que ninguna empresa le dé trabajo por no cumplir los requisitos obligatorios; pero a su criterio es una actitud contradictoria y errada. «Eso que el Gobierno nos mantenga en ascuas es un error porque obviamente si yo recuperara mi empleo, con una carga laboral no tendría tiempo para estar pensando en organizaciones, acercamientos con otros hermanos de mi misma condición», declaró Espinoza.
Mientras, el procurador laboral y abogado de Defensores del Pueblo, Antonio López, insistió en que los funcionarios públicos deben regirse con lo que establece su código de ética. «Deben actuar bajo los principios de solidaridad, con respecto a la Ley, deberían de cumplirlo, porque todo ciudadano cuando va a solicitar los documentos paga por un servicio y deben ser atendidos así, pero vemos que aquí el Gobierno está empecinado en una recaudación monetaria y no en cumplir con sus obligaciones».
Enfrentan doble desafío
Para el sociólogo Óscar René Vargas, los excarcelados políticos y jóvenes sin ser perseguidos políticos enfrentan la misma situación, aunque aclaró que la situación de los exreos es más complicada y destacó los obstáculos a los que deben de enfrentarse después del 2018 (estallido social), es más grave aún porque el desempleo se agudizó más. Vargas explicó que los exreos y perseguidos políticos tienen al menos cuatro graves problemas «el déficit de empleo históricamente, el incremento del desempleo por la crisis sociopolítica, la reducción de la posibilidad de migrar por el Covid-19 y ser un opositor con ideologías diferentes a las del régimen».
El también economista señaló que de 100 mil jóvenes que cada año busca un empleo, solo 40 mil lo consiguen, y a su criterio los «exreos compiten con otros muchachos que no han sido encarcelados, menos procesados, entonces el empleador tiene la posibilidad de emplear a jóvenes que no sean perseguidos político, no solo porque tenga manchado el récord, sino porque sabe que si le da un empleo a un exreo la vida en su empresa se le va a complicar, porque ese joven tiene una historia política que no le conviene al empresario», añadió.
La socióloga Marycé Mejía agregó que el sufrimiento de los exprisioneros de conciencia no termina con salir de las cárceles en medio de una dictadura, porque «cuando ellos salen de la cárcel su calvario no termina ahí, porque además de marcharles y negarles el certificado de conducta, los asedian, acosan, y no les permiten que trabajen, lo cual afecta la economía de su familia y en términos emocionales los desestabilizan porque lo desprestigian».
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El procurador laboral y abogado de Defensores del Pueblo sostuvo que los obstáculos que atraviesan los exreos son muy «preocupantes y críticos» debido a que ellos prácticamente están en «muerte civil» y aún son víctimas vulnerables al asedio y hostigamiento, y encarcelación. López asegura que aunque estén en «libertad» el régimen continúa «coartando sus derechos» y en el peor caso les «violentan flagrantemente el derecho al trabajo por el hecho de haber estado detenidos».
El artículo 57 de la Constitución Política de Nicaragua establece que «los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana» en esa misma línea el capítulo V «Derechos Laborales», artículo 80, deja claro que «el trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona».
Sin posibilidad de migrar para trabajar y resguardarse
Carlos Lacayo, otro exreo de conciencia, tiene 33 años y vive en Managua. Fue excarcelado el 20 de mayo de 2019 y cinco meses después por la necesidad de laborar y dejar de ser perseguido apostó en migrar a Panamá, Estados Unidos o Canadá. «Iba a solicitar mi visa, pero me pidieron que llevara mi récord, fui a pagar los 30 córdobas a un cajero y después me fui a Tránsito, la oficial que me atendió me dijo que tenía una acusación, una demanda por problemas alimenticios, me reí, porque no tengo ni hijos», comentó el exreo quien se vio imposibilitado de irse de Nicaragua a trabajar. Está preso en su país.
Lacayo mencionó que ha intentado ir a dejar sus documentos para obtener una plaza, porque en su anterior trabajo, a su empleador lo amenazaron que si le daba trabajo de nuevo iban a perjudicar el negocio. En esa línea, el asesor laboral de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eugenio Membreño, aseveró que los exreos son «revictimizados porque el Gobierno comete el delito de discriminación por la negación del empleo, el negar este derecho es negar la vida, porque ellos buscan el sustento de sus familias y de ellos mismos».
Al igual que otros exreos, Lacayo dijo que ellos «viven con miedo» y no de la Policía en sí, sino de los fanáticos orteguistas y parapolicías de la dictadura, debido a que «esas personas por odio nos pueden perjudicar, matar, golpear y hasta acusarnos de delitos que en complicidad con las autoridades montan», aseveró. La socióloga Mejía insistió en señalar que la condición de ellos es una representación del régimen criminal, «hay una cultura de odio contra ellos, hay persecución, no pueden ni trabajar porque si no los asedian, vigilan. Estamos ante una dictadura que receta plomo y bala».
Estigma social versus reconocimiento
Para el procurador laboral y sociólogos, los exreos ante la sociedad se enfrentan a dos caras de la moneda, distintas y alejadas. Por un lado están los que opinan a favor del régimen Ortega Murillo que los tachan como «tranqueros», «terroristas», «golpistas», entre otros que son epítetos reproducidos por la vicepresidenta de Nicaragua y que se fanatizan, su militancia los repite. El asesor laboral de la CPDH anexó que solo por el hecho de haber participado en las protestas de abril en contra del régimen «ahora son criminalizados, estigmatizados y se les aplica una desigualdad ante la ley».
Mientras, Mejía mencionó que más que estigma social en el sentido negativo, porque para la gente «ellos son los que han puesto su cuerpo, energía y fuerza, hay un reconocimiento del pueblo, intentan reforzar el tejido social hacia ellos, por ser luchadores y llevar la batuta de esta lucha», pero no hay una forma activa o efectiva de ayudarles para vivir y aportar económicamente a sus familias.
Róger Espinoza expresó que ellos sienten que los nicaragüenses —excepto los adeptos al régimen—, han sido buenos, porque «nosotros nos sentimos bien porque nos han dado reserva moral, cuando estuvimos en la cárcel, sin embargo, el apoyo merma, el nivel de asistencia para los excarcelados se ha visto reducido y se pasan necesidades».
Piden a empresa privada cumplir con su responsabilidad social
Tanto los excarcelados, sociólogos y asesores laborales señalaron que en esta situación de incertidumbre la empresa privada es llamada a no ser indolente y que cumpla con la responsabilidad social, que en este caso es dar empleo a las víctimas del asedio y persecución.
Membreño dijo que desde la CPDH están conscientes que ante las barreras que les ha impuesto el régimen a los exprisioneros, pero que «perfectamente ellos (sector privado) pueden darles empleos, como un gesto patriótico por el pueblo de Nicaragua. Los empresarios en este país saben lo que ha ocurrido a estos muchachos y saben que no van a poder aplicar si exigen esos documentos obligatorios».
Por su parte el abogado de Defensores del Pueblo pidió a las organizaciones de derechos humanos internacionales que pongan atención en este sector gravemente afectado por la crisis sociopolítica y la emergencia sanitaria. «Pido a ellos que volteen los ojos para ver a estas personas porque es muy triste y difícil su situación, hay excarcelados que te llaman y te piden ayuda para darle de comer a su familia, porque ellos necesitan subsistir. Cuántas personas solo hacen un tiempo de comida y otro no», concluyó.