Una de las dos niñas, de 10 y 12 años, que fueron asesinadas el pasado 12 de septiembre en la comunidad Lizawe, en Mulukukú, Caribe Norte del país, cuando se encontraba con su hermana recogiendo cangrejos en un río de esa localidad, ya había sido víctima de violación en dos ocasiones cuando tenía 7 años, según relató su mamá Carmen Rodríguez Dávila. Sin embargo, aunque Rodríguez en esa ocasión denunció las violaciones contra su hija ante la Policía de Mulukukú, las autoridades no dieron mayor respuesta al caso, más que tomar la declaración de la madre de la menor.
“Me violaron a esa niña más grande, vine a poner la denuncia, (pero) solo agarraron los datos y ahí se pusieron a investigarme a mí como que yo era la de la culpa. Dos veces me la violaron y mire, yo ponía denuncia y no me escuchaban”, relató Rodríguez después de enterarse que sus dos niñas habían sido asesinadas a machetazos y una de ellas violada.
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A criterio de la doctora Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el hecho de que habían dos denuncias por violación contra una de las niñas asesinadas en Mulukukú refleja la complicidad de las autoridades “con los criminales que cometen este tipo de barbaridades”.
“El hecho de que a pesar de la denuncia de dos violaciones en contra de esta niña, no nos está contando nada nuevo. Son muchas las situaciones de este tipo que se repiten, que se repitieron ayer, anteayer y que se siguen repitiendo hoy. Hay una especie de complicidad mental de las autoridades con los criminales”, manifestó Núñez.
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Marvin García, de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), coincidió con Núñez sobre la existencia de otras denuncias de violación que no están recibiendo la atención de las autoridades.
“Hay no solamente esta (denuncia de Mulukukú), hay una gran cantidad de denuncias de las familias que han llegado a las autoridades policiales, sin embargo no han hallado una respuesta satisfactoria”, señaló García.
El representante de Codeni también destacó que existe una especie de “boleo” entre las autoridades encargadas de atender estas denuncias, lo que refleja la “pasividad” con que las denuncias son atendidas.
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“Hay boleo entre las entidades policiales y el Ministerio de la Familia, uno se lo pasa al otro y viceversa. También el Ministerio Público está en una situación de pasividad”, manifestó García.
Entre 2019 y lo que va de 2020: 17 menores han sido asesinadas
Según el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), entre 2019 y lo que va de 2020 han sido asesinadas 17 mujeres, entre 2 y 17 años de edad en Nicaragua. De estos casos, siete ocurrieron el año pasado y 10 en lo que va de este. Estas cifras reflejan un aumento de 3 muertes con relación a 2019, teniendo en cuenta que faltan tres meses para culminar 2020.
“Las madres siempre han puesto denuncia y como siempre no han tenido respuestas y esto demuestra el aumento de la impunidad y por supuesto el alto índice de femicidios de niñas y mujeres, las cifras lo dicen”, señaló Martha Flores, directora del observatorio de CDD.
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García, de Codeni, coincidió con Flores y reforzó diciendo que “hay una especie de promoción de la impunidad porque a los abusadores prácticamente no se les está persiguiendo”.
El representante de Codeni destacó el rol que en su momento ejercían las Comisarías de la Mujer en la prevención y atención a las víctimas de violencia. “Había un acercamiento de estas hacia la comunidad, hacia la familia. Sin embargo el cierre de estas, más lo que ha sucedido con la crisis sociopolítica ha hecho que las familias dejen de llegar a las delegaciones policiales y se interpongan las denuncias”, indicó García.
Cadena perpetua “es oportunista”
Para la directora del Cenidh, el hecho de que el dictador Daniel Ortega orientara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trabajar en una propuesta para imponer la pena de cadena perpetua en el país a raíz del crimen contra las dos niñas en Mulukukú, es un acto de oportunismo por parte del régimen.
“Se quieren aprovechar y quieren aparecer como los abanderados de una indignación nacional contra ese crimen que no sienten, si ellos han propiciado prácticamente uno de los factores que está influyendo en el aumento de la criminalidad y es precisamente la excarcelación”, criticó Núñez.
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La defensora de derechos humanos destacó que la cadena perpetua es una pena que ya no se usa y que no ayudaría a mejorar la problemática con los abusadores.
“Técnicamente la cadena perpetua es una pena en desuso, o sea que prácticamente ya no se usa porque ha quedado como un remanente, como un resabio de sistemas penales atrasados en algunas partes, pero eso no soluciona el problema”, mencionó Núñez, quien además advirtió que esta pena podría ser usada “contra personas que estén atentando contra los intereses de la pareja presidencial”.