Temen hasta terrorismo de Estado detrás de perversa intención de Ortega con cadena perpetua. Juristas alertan a la población.
Expertos señalan que una vez más la dictadura de Daniel Ortega se aprovecha del contexto social del país para reforzar su represión contra la ciudadanía, tras la orden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de “trabajar una propuesta” para aplicar la pena de cadena perpetua contra aquellos que cometan “crímenes de odio”. Lea más aquí
Por qué el Estado es cómplice de crímenes como el ocurrido contra niñas de Mulukukú, según defensores de derechos humanos.
Una de las dos niñas, de 10 y 12 años, que fueron asesinadas el pasado 12 de septiembre en la comunidad Lizawe, en Mulukukú, Caribe Norte del país, ya había sido víctima de violación en dos ocasiones cuando tenía siete años, según relató su mamá. Sin embargo, aunque la madre en esa ocasión denunció las violaciones contra su hija ante la Policía de la zona, las autoridades no dieron mayor respuesta al caso, más que tomar la declaración de la madre de la menor. Lea más aquí
Mascarillas y guantes mal desechados son ahora un peligro de contaminación ambiental.
A diario se venden cientos de mascarillas en todo el país. Unas son reutilizables, mientras que otras no. Desde que inició la pandemia en Nicaragua el Centro Humboldt, expresó su preocupación por los desechos que se generarían a raíz de la compra de material de protección, sobre todo guantes y mascarillas. Lea más aquí
¿Puede María Haydée Osuna cumplir su amenaza y solicitar la destitución de los diputados del PLC?
Especialista señala que mientras el Consejo Supremo Electoral (CSE) no resuelva la litis del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, por cuanto es quien está actualmente certificada como tal por las autoridades competentes, podrá tomar acciones en contra del resto de legisladores ante la Asamblea Nacional, si alguno o varios deciden dividir la bancada, o realizar cualquier otra acción con la que pretendan desconocerla como presidenta nacional del PLC. Lea más aquí
Qué es un reparo fiscal y por qué lo actuado por la DGI contra Canal 12 apunta a una confiscación.
Hay muchos hilos sueltos en el proceso de embargo por 21 millones de córdobas (607,814.7 dólares) a Nicavisión S. A., propietaria de Canal 12. Uno de estos es la decisión de la Dirección General de Ingresos (DGI), arteria del régimen orteguista, que en vez de agotar todos los mecanismos, incluido la posibilidad de un arreglo de pago, que garantizaría los ingresos fiscales, prefirió embargar a la televisora, acto que según expertos muestra todas las señales de ser un acto confiscatorio y de censura de prensa. Lea más aquí