Los abogados del Canal 12 presentaron este miércoles 16 de septiembre un recurso de oposición para impugnar el embargo realizado el pasado 12 de septiembre por la Dirección General de Ingresos (DGI) por 21 millones de córdobas. El escrito fue entregado por el abogado Tony López en las instalaciones del Complejo Judicial de Managua.
“Nicavisión, Canal 12 está ejerciendo su derecho a la defensa y presentó sus argumentos y sus excepciones de manera que esperamos que se haga justicia porque se trata de un reparo fiscal completamente arbitrario e ilegal”, declaró López al salir del Complejo Judicial.
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Como siguiente paso después de interponer el recurso de oposición, según el abogado López, la juez que recibió el documento deberá citar a la DGI para que “se pronuncie sobre las excepciones y después la señora juez va a dictar una citación para audiencia inicial y el caso se resuelve en una sola audiencia”.
“A Canal 12 y a la familia de don Mariano se le han embargado bienes cuantiosos muy por encima de lo que realmente está reclamando la DGI de manera que se le está pidiendo a la señora juez que reconsidere la medida y que se ajuste lo que se llama la reducción del embargo, que no haya un ataque económico que destruya a una familia y a un empresario”, manifestó López.
Embargan más de 50 millones a Canal 12
Según López, con este escrito además de intentar impugnar el embargo del Canal 12, también buscan que este se reajuste para que haya una reducción del mismo, porque considera que tanto al Canal como a su propietario se le han embargado más de 50 millones de córdobas, superior a los 21 millones que establece el documento de embargo de la DGI.
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“Aún cuando nosotros cuestionamos los 21 millones, aún por encima de eso se le están embargando prácticamente 30 millones más, por lo que es una medida realmente lesiva y una agresión económica”, cuestionó López.
López reveló, sin precisar la fecha, que el Tribunal Aduanero y Administrativo había revocado el reparo de la DGI en su mayoría, pero el procurador Hernán Estrada recurrió de amparo para que prosiguiera el embargo. “Es decir, el Estado ampara al Estado”, indicó.
López aclaró que pese a que el embargo de la DGI se fundamenta e ingresos no declarados por parte del medio al que representa, aseguró que todos los ingresos de dicho medio fueron declarados.
“Nosotros presentamos ahorita una constancia de contador público autorizado de un documento público, en el cual se certifica que todos los ingresos fueron declarados y que lo que la DGI está inventando no son ingresos, son cuentas de pasivos, pagos de deudores pero no son ventas”, puntualizó.
Sin cuentas para pagar a trabajadores del canal
Según Gustavo López, también abogado de Canal 12, aunque el medio de comunicación continúa al aire, hay dificultades para mantener gastos de operación debido a que las cuentas bancarias del canal fueron embargadas.
“El canal está sin sus cuentas bancarias, las tiene embargadas y no tiene como hacerle frente a las obligaciones, ni pagarle el salario a los trabajadores ni hacerle frente al pago de luz y agua, es decir, nos tienen completamente paralizados”, lamentó, mientras señaló que “es muy difícil operar de esa manera”.
Gustavo también indicó que el propietario del canal, Mariano Valle, está tomando las medidas necesarias para tratar de que la operación continúe, “sin embargo tiene que haber un pronunciamiento de la autoridad judicial decidiendo en este tema porque esto no puede prolongarse”, señaló.
El viernes 11 de septiembre, el juez Luden Martín Quiroz, Juez Tercero de Ejecución y Embargos del municipio de Managua se presentó a las instalaciones del canal a embargar los bienes de Nicavisión S.A, producto de un “reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013”, indicó el medio de comunicación ese mismo día.
En una entrevista realizada por su mismo medio de comunicación, Mariano Valle, propietario de Canal 12, aseguró que dicho embargo es “es injusto y arbitrario” porque considera que el régimen busca “tratar de quitarnos el canal”. “Nosotros no debemos nada”, agregó Valle.
La aplicación de este embargo se da en el marco de una oleada de cobros excesivos por Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) contra empresas privadas que se suman a las casi 200 acusaciones por defraudación por parte de la Alcaldía de Managua contra dueños de empresas.