La Independencia: vacíos y desafíos

El 15 de septiembre de 1821 marca una fecha emblemática en la historia de América Central. La fecha de su Independencia. La Independencia de España significaba nacer a la vida nueva y abrir nuevos horizontes, los del Estado-nación, hacia donde orientaban los caminos en la construcción de la propia identidad.

Los movimientos de Independencia surgen respaldados por el pensamiento de la Ilustración y las diferentes corrientes filosóficas del siglo XVIII, particularmente en lo que se refiere a la aplicación del racionalismo cartesiano a la teoría y práctica política, social, económica y jurídica y a la confirmación de la razón como la base y la finalidad de todo el proceso histórico-social.

De manera especial interesa señalar la influencia del pensamiento filosófico de la Ilustración y el Racionalismo en el plano político y en el jurídico. La política es reasumida en el plano teórico, como el arte del bien común, como el ejercicio propio de la sociedad, la polis, y como la acción humana mediante la cual se reafirman los principios y valores que forman el ethos, la ética y que le dan sentido y justificación moral al quehacer político.

En el plano jurídico, el derecho viene considerado como la expresión normativa de la racionalidad política, como el texto del contrato social que refleja la voluntad de la colectividad de acuerdo con los principios éticos que norman el quehacer político y social. A partir de esa consideración, las disposiciones que lo rigen deben responder a los principios de la ética y de la lógica como bases fundamentales de su existencia.

Esos principios y valores constituyen la estructura jurídica y moral del sistema legal que rige a la sociedad. La supremacía de la Constitución, la jerarquía de la norma jurídica, la independencia de los poderes del Estado, la igualdad ante la ley, y sobre todo la subordinación del poder a la ley, constituyen el edificio ético-racional que sostiene la idea del Estado-nación independiente.

Sin embargo, en América Latina, Centroamérica y particularmente en Nicaragua, conservando cada país sus propias y específicas características, el proceso histórico se diferenció del experimentado en Europa. Nuestra Independencia, si bien en buena hora significó la terminación del dominio español y la construcción del Estado-nación con el que se iniciaba un nuevo camino en la historia, no significó en la realidad concreta la transformación en el Estado de Derecho y la democracia que deberían surgir de la Independencia.

Para los países europeos, el proceso histórico significó la transformación conceptual y real de la sociedad y el Estado, mientras que para los países de Centroamérica, y de América Latina en general, la expresión del proceso histórico fue la independencia del dominio colonial y la reafirmación del derecho a expresarse libremente frente al imperio.

Las revoluciones europeas, la inglesa de 1688 y la francesa de 1789, como expresiones políticas de la Revolución racionalista y de la Ilustración, reafirmaron como categorías filosóficas, jurídicas y políticas, principios y valores que transformaron en instituciones jurídicas como expresión normativa del contrato social.

En el caso de Nicaragua, de Centroamérica y de América Latina en general, no se produjo la revolución filosófica que se dio en Europa, por lo que el ordenamiento jurídico que surge con la Independencia de nuestros países, es una adopción acrítica de los principios fundamentales del derecho europeo. Eso produjo la división entre el mundo real y el mundo formal, tal como lo señala Octavio Paz, y la sociedad “esquizoide” como la denomina Carlos Fuentes en su libro Tiempo Mexicano.

La construcción del Estado y del sistema jurídico en la sociedad independiente significó la creación de un espacio en el que se incorporaban de manera teórica y formal las bases del sistema constitucional europeo, sin que la estructura política, económica y social experimentara las transformaciones necesarias para producir la adecuación entre la realidad y el derecho.

La estructura jurídica, política, económica y social surgida de la Independencia daba origen a dos mundos, no solo diferentes, sino contrapuestos y excluyentes en el que el uno, el mundo jurídico, servía para encubrir el otro, el mundo real, creando una apariencia utilizada para ocultar la verdadera realidad. Se dice lo que no se hace para hacer lo que no se dice.

La sociedad y el aparato político surgidos de la Independencia prefiguraron la estructura del poder y de los mecanismos de dominio en manos de los criollos y de la oligarquía terrateniente, dando continuidad en esa forma al sistema de explotación colonial, solo que ahora se realizaba en un marco jurídico que proclamaba, aunque no cumplía, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la subordinación del poder a la ley y las instituciones, entre otras disposiciones.

Lo anterior no significa que no hubiera una corriente de pensamiento y acción inspirada en los ideales de los próceres de la Independencia que luchaban por la libertad y la dignidad de la nación. Nombres como los de Miguel Larreynaga y Tomás Ruiz representan, entre muchos otros, los ideales y esperanzas inspirados en la libertad y en la Independencia.

La adecuación del mundo político al mundo jurídico, principalmente al principio de subordinación del poder a la ley, es un paso necesario que hay que dar para superar una de las causas de la crisis que ha flagelado la historia de nuestro país y para hacer que este alcance uno de los objetivos de la Independencia: construir la nueva sociedad sobre la base de la justicia, la libertad y la democracia, y del respeto a la dignidad de la persona y de los derechos humanos que la protegen y sustentan.

El autor es filósofo nicaragüense, jurista y académico.

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