La especialista en temas electorales, Rosa Marina Zelaya, analizó que mientras el Consejo Supremo Electoral (CSE) no resuelva la litis del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la representante legal de esa organización es la diputada María Haydée Osuna, por cuanto es quien está actualmente certificada como tal por las autoridades competentes.
“Mientras el Consejo Supremo Electoral no se pronuncie, sigue siendo la presidenta María Haydée Osuna para que no haya vacío de poder en el partido. Por eso es importante que resuelva cuanto antes (la litis) la discordia que le ha sido presentada por dos grupos. Mientras eso sucede, la única representante legal sería quien ostenta el documento de acreditación, y quien lo tiene es María Haydée”, explicó Zelaya, expresidenta del CSE.
Esa certificación extendida por el poder electoral le permitiría a la también diputada Osuna tomar acciones en contra del resto de legisladores ante la Asamblea Nacional, si alguno o varios deciden dividir la bancada, o realizar cualquier otra acción con la que pretendan desconocerla como presidenta nacional del PLC.
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En 2018, Osuna fue reelecta por los convencionales del partido rojo como presidenta nacional para un segundo período de tres años. Sin embargo, en la convención nacional del 2019 las bases recortaron el mandato a todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales y regionales. Eso incluyó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a la presidenta.
La pugna se originó por la decisión del CEN, dominado por el caudillo Arnoldo Alemán y su esposa y diputada María Fernanda Flores, de cancelar las elecciones partidarias. El CEN arnoldista recortó el período de Osuna como presidenta nacional y nombró en el cargo al también legislador Miguel Rosales. Las designaciones de cargos fueron en todas las directivas nacionales. Los directivos en desacuerdo interpusieron más de sesenta impugnaciones ante el CSE, en las que acusan al CEN de haber violado los estatutos del partido rojo.
La diputada Osuna, quien es tercera vicepresidenta de la junta directiva del parlamento, anunció que pedirá que los 14 miembros de la bancada del PLC ratifiquen si están unidos o si pretenden dividirse. El jefe de la bancada, Maximino Rodríguez, aseguró que esa solicitud solo la puede gestionar él. Para forzar a Rodríguez a proceder, Osuna pedirá a la junta directiva parlamentaria que se solicite aclarar cuál es la situación de la bancada liberal, de tal forma que los 14 legisladores deberán expresarse.
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El arma del “transfuguismo”
El pasado martes 8 de septiembre, Osuna dejó entrever que podría incluso pedir la destitución de los diputados que dividan la bancada o contra quienes sigan desconociéndola como presidenta nacional del partido rojo. Para llevar a cabo esa medida les podría aplicar el “transfugismo político”, una figura que ya se ha usado en el pasado por parte del régimen orteguista en contra de los opositores.
En 2016, a 28 diputados entre propietarios y suplentes del Partido Liberal Independiente (PLI) se les expulsó de sus curules, cuando la Corte Suprema de Justicia y el CSE despojaron de la representación legal de la organización al opositor Eduardo Montealegre. El PLI se lo entregaron a Pedro Reyes, un desconocido político quien promovió la destitución de los legisladores opositores y los reemplazó por suplentes afines a los intereses del régimen.
La Constitución Política establece en el artículo 131, segundo párrafo, que “los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño su suplente”.
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Zelaya analizó que “en este momento, siendo ella presidenta del partido puede pedirles a los diputados que digan de cuál PLC sos.Si del mío (Osuna) o del PLC de Miguel Rosales”, y conforme la respuesta que reciba, valorar si alguno viola los estatutos de ese partido político y la Constitucion.
“Son situaciones meramente políticas partidarias dentro de un gran conflicto. Por eso, lo mejor es que el propio Consejo Supremo Electoral decida sobre la legalidad o no de la elección de Miguel Rosales, o de María Haydée Osuna como presidente”, señaló Zelaya.
Asamblea Nacional debe consultar al CSE
La especialista en temas electorales explicó que, al haberse trasladado el conflicto por el control del PLC a la Asamblea Nacional, correspondería a la junta directiva solicitar a los magistrados del CSE les informe “quién es la autoridad” en ese partido. Con esa respuesta es que la directiva podría proceder, en caso de que Osuna pida la destitución de alguno de los liberales en el parlamento.
“La única autoridad para quitar la acreditación a un diputado es el Consejo Supremo. En este caso, la directiva de la Asamblea tendría que consultar a los del Consejo Supremo Electoral sobre cuál es la situación legal del PLC, para saber si acata o no lo que María Haydée les pida”, refirió Zelaya.
Las impugnaciones contra las decisiones del CEN arnoldista fueron presentadas el pasado junio, pero dos meses y medio después los magistrados electorales no se han pronunciado. Ese poder del Estado responde a los intereses del régimen de Daniel Ortega, por lo que varios analistas han explicado que la litis del PLC no será resuelta hasta cuando le convenga a la dictadura.
En un escenario donde los funcionarios del CSE actuarán con profesionalismo, Zelaya explicó que actuarían con prontitud para evitar que siga profundizándose el conflicto en el Partido Liberal Constitucionalista.
Para solucionar la litis —refirió la experta—, se debe analizar lo establecido en la Ley Electoral en cuanto a cómo deben regirse los partido políticos. Así como los estatutos del PLC, cuál fue la decisión de la convención nacional del 2019 y si esta está facultada por los procedimientos estatutarios para recortar el período a las autoridades, si el CEN tiene facultad para destituir a un presidente nacional electo, así como el procedimiento de elección de Miguel Rosales.
“En los estatutos y los reglamentos del propio PLC deben estar normados cómo se eligen sus autoridades y en base a estos en el CSE deben basarse para constatar que se cumplieron los pasos para poder pronunciarse sobre esta controversia, y le corresponde hacerlo con prontitud”, afirmó Zelaya.