Los efectos de la reforma fiscal aprobada en marzo de 2019 siguen siendo percibidos por las empresas, que han demandado la necesidad que esta se revise, y mucho más, después del impacto de la Covid-19 en la economía mundial. Sin embargo, el régimen orteguista no escucha y ha mantenido su voracidad recaudatoria por medio de otros mecanismos, cuestionados por su falta de coherencia con el marco legal. Bajo este contexto, varias cámaras empresariales coinciden en que uno de los principales riesgos es una segunda reforma fiscal en el 2021, que acabaría de destrozar la endeble rentabilidad de las empresas y socavaría aún más el empleo.
El más reciente informe Situación y Perspectivas Del Sector Comercio y Servicios, realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en coordinación con la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), muestra que la mayoría de los sectores consultados perciben entre los riesgos de mediano plazo la posibilidad de “una nueva reforma fiscal y/o empeoramiento de arbitrariedades por parte del Gobierno”, “respuesta recaudatoria por parte del Gobierno ante la pandemia” o “posibles políticas por parte del gobierno como respuesta a la menor recaudación”, además de la incertidumbre política por ser un año electoral.
Un técnico de Funides explica que al darse la contracción de la recaudación en el segundo trimestre del año se empezó a formar un hueco fiscal que debe ser completado, pero debido a la falta de decisión del gobierno en no contraer sus gastos en años anteriores a las crisis-sociopolítica y sanitaria- es de esperar que van a buscar más ingresos para no sacrificar el gasto corriente.
Al tener el precedente de la reforma de 2019 y el problema de la disminución de los tributos, tiene lógica que los empresarios consideren que el gobierno podría buscar algún tipo de ajuste y ese podía darse por los ingresos tributarios. El problema con esto, según Funides, es que ya está pasando de hecho, es decir, no de forma explícita, en términos de una reforma tributaria como tal.
Los empresarios que conversaron con Funides explicaron que han visto un aumento en las arbitrariedades tributarias por parte del Gobierno a partir de marzo de este año, lo cual era notorio desde noviembre. “Se ha multiplicado a partir de marzo y se han integrado otras entidades gubernamentales a esta presión por aumentar recaudaciones y tenemos el caso, por ejemplo, de las municipalidades, de la DGI-Dirección General de Ingresos-, que está aumentando su ritmo de auditoría, y la imposición de multas, que no tienen ningún tipo de sentido, son fuera de ley (…)”, expresó.
“Es una forma que parece que el gobierno está tratando de recaudar más sin recurrir a una reforma tributaria como tal”, expresó Funides con base a las impresiones obtenidas en el estudio presentado.
Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), sostiene que el estudio recoge lo que están sintiendo todas las empresas y que ellos han venido abordando en diferentes instancias. Si hubiese otra reforma “sería grave”, y más bien, lo que quisieran es que se revisara la reducción de varios de los tributos, con el objetivo que les permita tener una mayor incidencia en la economía del país, pero no han tenido apertura, y más bien lo que ha crecido es la competencia desleal y el contrabando.
“Si vienen más impuestos el próximo año ahí sería un descalabro económico. Es lo que menos podemos, nosotros como país, tener ahorita; más bien, hay que ver cómo se reducen gastos (del sector público), cómo con otros organismos se obtienen préstamos, pero ahí es donde está el rol del gobierno y el rol del sector empresarial, que es de buscar cómo crecer y generar empleo, pero el gobierno tiene que ser un facilitador (…)”, explicó la representante gremial.
Con la reforma del 2019, al régimen orteguista no le importó cómo los nicaragüenses iban a ver mermada su capacidad de compras con el encarecimiento de los productos y el achicamiento de los salarios al aprobar de forma conjunta, una reforma a la seguridad social que castigaba a los empresarios y a los empleadores con mayores cuotas.
En marzo del 2020 cuando se cumplió un año de la medida draconiana, el economista Néstor Avendaño explicó a este Diario que esta implicó alza en los costos de producción, mayores precios al consumidor, aceleración de la tasa de inflación, caída en la producción, desestímulo a la producción de exportación agropecuaria, más desempleo, más subempleo, se agrandó la informalidad del mercado laboral, se desplomaron las importaciones.
La medida que implicó quitarle exoneraciones a sectores productivos, una serie de productos de la canasta básica, maquinaria, entre otros, dejó al régimen orteguista casi nueve mil millones de córdobas (8, 735 millones para ser exactos), lo que representó un incremento real de 7.8 por ciento, si se extrae el impacto inflacionario, según el análisis de un economista, que prefiere no ser citado.
Medida paliativa
Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), explica que una segunda reforma lo que causaría sería una reducción aún más grande de los ingresos fiscales, pudiera ser que los primeros dos meses les suban los ingresos, pero luego, empiecen a bajar, que fue el comportamiento de 2019. Se esperaría que por esa experiencia hayan aprendido algo, pero a veces no sucede, explicó.
Las consecuencias de una medida de ese tipo se traduciría en más desempleo y menos inversión en el país porque al final, lo que se está haciendo, es que a las empresas se les resta rentabilidad.
“Sería bien preocupante. Lo que el gobierno tiene que hacer, primero es abrirse y empezar a reconocer dónde es que ha errado y que se puede mejorar para que cree confianza con las empresas para que vengan a invertir, y cree confianza con las entidades internacionales, pero con el comportamiento que ha tenido, pues ni los inversores quieren venir, ni las entidades internacionales quieren darle préstamos”, expresó.
Lea además: ¿Quién ganó y quién perdió con la reforma tributaria? A un año del paquetazo fiscal
Sector productivo
Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), explicó que debido al incremento en los costos de producción a raíz de la reforma fiscal de 2019, ya “tiene trabajando al sector al borde de sus costos de producción”. Teniendo como base esta situación, incrementar algo más a cualquiera de los costos sería “gravísimo”.
Esto también tendría como consecuencia menos recursos para inversiones en las fincas, en tecnología, en reemplazo de maquinaria agrícola, explicó. Vargas también alertó sobre una situación que se ha venido agudizando: la inseguridad en el campo. “Ha habido incremento en el robo, secuestros exprés, abigeato(…)”, denunció.
¿Qué tan probable es que se apruebe una segunda reforma fiscal?
El técnico de Funides explica que va a depender mucho del comportamiento de la recaudación en el tercer trimestre del año. Es probable que estén evaluando qué acciones tomar al respecto. Si hubo una mejora en términos de recaudación con respecto al segundo trimestre podría haber un espacio para que no se apruebe una medida de este tipo, ya que también pueden hacer uso de los depósitos en el Banco Central de Nicaragua, que siempre es una alternativa.
Para el economista Maykell Marenco, la reforma de 2019 marcó un precedente, y por ende, no se descarta la posibilidad que puedan recurrir a ella nuevamente. Desde el Ejecutivo, el aparato estatal es “utilizado como una especie de máquina para conseguir dinero”, explicó.
Al aumentar la carga fiscal, las empresas deben incorporarla a sus estructuras de costos, y solo algunas van a poder transferirlas a precios. Las más perjudicadas son las pequeñas y medianas, ya que las grandes tienen más mecanismos para soportar estos shocks económicos, explicó.