Miembros de las organizaciones que velan por los derechos de los presos y excarcelados políticos, y de las víctimas de la represión de la dictadura, a través de un comunicado manifestaron su rechazo a las intenciones del régimen en aplicar la pena de cadena perpetua contra aquellos que cometan «crímenes de odio».
“No aceptamos reformas a la Constitución (de la República) y al Código Penal que encaminen a sentenciar a cadena perpetua a los opositores a esta dictadura. Exigimos respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción alguna y exigimos justicia a todas las víctimas de violencia y el cese de la impunidad”, dice el comunicado.
El dictador Daniel Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «trabajar una propuesta» para aplicar la pena de cadena perpetua contra aquellos que cometan «crímenes de odio», pero más allá de hacer justicia, el régimen busca reformar la Constitución Política y utilizarla a su conveniencia, han advertido juristas y analistas políticos.
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Continúan denunciando el asedio, la persecución, capturas y allanamientos ilegales, muerte cívica y constantes violaciones de los derechos humanos a las que han sido sometidos los presos políticos, excarcelados políticos, campesinos y sus familias a manos de la dictadura Ortega-Murillo.
15 secuestrados en últimas semanas
El comunicado lo hace el Comité pro Liberación de Presos Políticos, la Asociación de familiares de presos políticos, la Organización de Víctimas de Abril y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua. Según estas organizaciones, en este último mes han sido secuestradas y privadas de la libertad por la Policía Orteguista (PO) más de 15 personas, entre ellos excarcelados políticos y opositores a la dictadura como: Yorlin Robles, Danny García, Oscar Amador, Cristian Meneses y Hader González. “Ellos junto a los más de 100 presos políticos sufren el vil encierro en las cárceles de esta dictadura. Demandamos su liberación inmediata. Protestar es un derecho, no un delito”, expresan los opositores.
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También manifestaron su preocupación por el incremento de las enfermedades y el mal estado de salud de los secuestrados políticos. “No es posible que la dictadura indulte a más de 20 mil reos comunes y siga manteniendo a nuestros familiares aún secuestrados, siendo inocentes”.
Finalmente, hacen un nuevo llamado la Oragnización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la comunidad internacional y países democráticos a seguir haciendo presión para que termine la dictadura Ortega-Murillo.
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