14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.
presos políticos

Fachada del Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo”. LAPRENSA/R. Fonseca

La cadena perpetua es una pena violatoria de los derechos humanos, advierte defensora

Fuentes consultadas aseguran que esta condena es "retrógrada" y por años se ha tratado de dejar atrás

Aunque la legislación nicaragüense no contempla la pena de cadena perpetua como una forma para castigar a los autores de delitos, el régimen de Daniel Ortega pretende modificar las leyes e instaurar este modelo para sancionar “los crímenes de odio” que se cometan en el país.

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) asegura que primero se debe entender que la cadena perpetua no es una pena como tal sino que ésta agrava una pena de prisión o condena y que se dio en tiempos inmemoriales por lo que ya está en desuso y no se aplica.

Este cambio en el sistema, Núñez se lo atribuye a las nuevas caracterizaciones de los sistemas penales y penitenciarios modernos que han logrado a nivel general que vaya o haya ido desapareciendo poco a poco la cadena perpetua y también al desarrollo jurídico que han tenido los derechos humanos.

Lea además: Por qué la pena de cadena perpetua no va a disminuir los crímenes contra las niñas y mujeres

“Los derechos humanos han permeado a muchas legislaciones y entonces prácticamente estas formas de tortura, estas formas de privación de libertad han ido desapareciendo. Este señor (Daniel Ortega) que lanzó esa amenaza, porque eso es una amenaza, a parte de todas las implicaciones que tiene de carácter jurídico, político y todo lo demás, se quedó viviendo en el pasado. Esa es una mentalidad completamente retrógrada, además de la mentalidad perversa de criminalizar, de mantener amenazado a todo mundo, es una dosis de ignorancia tremenda, y la ignorancia también es peligrosa”, dice Nuñez.

Recientemente el dictador Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia una reforma a las leyes para la instauración de la cadena perpetua para castigar a los ciudadanos que cometan crímenes de odio, como el cometido contra dos menores de edad que fueron asesinadas y violadas en Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Sin embargo, en su discurso con motivo de la Independencia de Nicaragua y de los países centroamericanos dejó entrever que la instauración de la cadena perpetua castigaría a los opositores que se manifiestan en su contra. 

Al respecto, el abogado José Pallais agrega que la cadena perpetua ha sido abandonada en varios países y donde existe, es muy cuestionada, ya que no corresponde a la visión humanitaria del Derecho Penal que ha venido evolucionando y porque es violatoria a los derechos humanos.

“En nuestro continente (la cadena perpetua) es violatoria de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto San José. Colombia, para ser más exacto, intentó en algún momento ser establecida y se cuestionó seriamente por violentar la disposición del Pacto de San José que establece la prohibición para la tortura o las penas inhumanas o degradantes por considerarlas inhumanas”, explica Pallais quien asegura que al ejecutar la cadena perpetua no se le permite al privado de libertad reinsertarse en la sociedad.

Lea también: El ilegal y abusivo camino que ha tomado Ortega en su búsqueda para imponer la cadena perpetua

Sobre si el régimen logra aplicar la cadena perpetua en el país, Pallais asegura que Nicaragua estaría rompiendo con la Convención Americana e infringiría en tres artículos de la Constitución Política. “No solo se trata del artículo 37 que establece que la pena máxima es de 30 años, también el (artículo) 39 porque la reeducación, la reinserción de quien delinque no se logra, no se le da la posibilidad; y también violaría el artículo que reproduce el Pacto de San José, que establece que son prohibidas las penas inhumanas o degradantes”, explica.

Ortega no busca justicia

La directora del Cenidh es clara en señalar que las agresiones a las niñas, niños y mujeres no pueden tratarse únicamente desde el punto de vista legal y recuerda que ha habido un retroceso en la aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia a las mujeres, después que Ortega la reformó. “En un país donde no hay institucionalidad, no se puede invocar la aplicación de la ley para resolver un problema porque la verdad es que los encargados de aplicar una ley, por muy exhaustiva que fuera, por muy completa que fuera no se aplica adecuadamente porque prácticamente los operadores judiciales y penitenciarios son operadores de la represión, no son operadores de la justicia son operadores de la represión del régimen de Daniel Ortega. Tenemos que luchar por un poder judicial independiente para buscar como coadyuvar en la solución de ese problema”, asegura.

Pallais también concuerda con Núñez sobre el retroceso en la aplicación a la Ley 779 y dice que se convirtió en una ley ineficaz que más bien promovió la impunidad. Ortega busca “utilizar el populismo punitivo de querer justificar por las muertes de estas dos niñas que ocurrieron recientemente en Mulukukú, pero no por buscar justicia, si no para manipular los sentimientos de la población e imponer esta pena a como él lo dejó entrever en su discurso del 15 de septiembre, siguiendo el modelo venezolano de la ley de odio y ocuparlo como una venganza contra los opositores que se atreven a criticar o protestar contra el régimen”.

Lea además: ¿Por qué la pena de cadena perpetua en Nicaragua podría seguir los pasos de la Ley contra el odio de Venezuela?

El establecimiento de la cadena perpetua en Nicaragua, asegura el abogado, no va a mejorar la protección de las mujeres y las niñas ya que la política de Ortega ha sido desprotegerlas.

Arma de doble filo

Pallais recuerda que en Nicaragua no hay Estado de Derecho ni independencia en el Poder Judicial y con la cadena perpetua más bien se lograría condenar a inocentes. “Habría certeza de que se están condenando inocentes por las características de un sistema judicial politizado, un sistema penal politizado dependiente de la voluntad del dictador. Es un elemento de mayor gravedad a la situación ya grave de derechos humanos en nuestro país, además, condenar a 30 años a una persona, que es la pena máxima, en las cárceles de Nicaragua, en las condiciones de esas cárceles de Nicaragua es más bien matar, es decretar la pena de muerte, nadie puede sobrevivir en esas condiciones infrahumanas de las cárceles nicaragüenses a 30 años y menos aún a cadena perpetua, es una forma disfrazada la pena de muerte”, concluye.

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí