El régimen orteguista ordenó a sus operadores políticos y a organizaciones partidarias levantar más de medio millón de firmas para respaldar una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Nacional, apoyando la propuesta de reformas penales para que se establezca la cadena perpetua por “crímenes de odio”, confirmó LA PRENSA con fuentes legislativas, así como en las redes sociales de simpatizantes orteguistas.
La propuesta de reforma a las leyes penales la trabaja una comisión de la Corte Suprema de Justicia y del equipo jurídico del poder legislativo, a quienes se les orientó tenerla lista en un corto plazo porque “urge”, informó a este Diario el segundo secretario de la Asamblea, el diputado orteguista Wilfredo Navarro.
Navarro confirmó el levantamiento de firmas de respaldo a las pretensiones del dictador Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, con el objetivo de contrarrestar las críticas de juristas y diversos sectores sociales referidas a que las modificaciones penales apuntan a tener un arma legal más para amenazar y sancionar a los opositores y para lo cual se está utilizando el aumento de la violencia hacia las niñas, niños y mujeres.
“Se quieren medidas más duras para los violadores, asesinos, incendiarios, contra todos esos crímenes de odio, atroces como el de las niñas de Mulukukú. Si los mal llamados opositores protestan en contra de que haya penas más fuertes contra esos crímenes, es porque ellos son delincuentes”, dijo Navarro, otrora miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que ahora es aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Lea además: El ilegal y abusivo camino que ha tomado Ortega en su búsqueda para imponer la cadena perpetua
Simpatizantes orteguistas en campaña
La Juventud Sandinista (JS), los Consejos de Liberazgos Sandinistas (CLS) en las instituciones, ministerios públicos y las alcaldías, así como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) recibieron la orden desde la jefatura del FSLN y del régimen orteguista para levantar “firmas de apoyo a carta abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional” para que se establezca la pena de prisión perpetua en Nicaragua.
En la comunicación a las estructuras partidarias se usó ese caso para indicarles que “debemos organizar a la brevedad visitas casa a casa y levantando en lugares públicos (las firmas) , para cumplir con la meta de 511,736 personas”.
Opositores, juristas y activistas por los derechos cuestionan que el Frente Sandinista pretende utilizar políticamente la violación y asesinato de dos niñas —de 12 y 10 años de edad— originarias del municipio de Mulukukú, en la Costa Caribe Norte.
https://www.facebook.com/ChilamBalam0311/posts/10224110222171204
Redactada con el discurso de Murillo
En la carta que los simpatizantes orteguistas han compartido en las redes sociales, en las que además han publicado fotos firmando la misiva, se leen los mismos términos (incluso con similares errores gramaticales) usados por Murillo en sus discursos públicos.
Lea también: Fiscalía pide 110 años de cárcel para asesino y violador confeso de las niñas de Mulukukú
“Los abajos firmantes preocupados y consternados ante el aumento de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que causan impacto, conmoción, rechazo, indignación y repugnancia ante la sociedad nicaragüense, y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y familiares, les solicitamos de manera urgente que procedan a elaborar y aprobar leyes que castiguen de manera efectiva estos crímenes, sancionando a los culpables con pena de prisión perpetua (cadena perpetua), dado que las penas actuales para esos crímenes no son proporcionales al daño que causan estos actos”, reza la carta que el régimen obliga a firmar a los empleados públicos y a sus simpatizantes.
El diputado Navarro refirió que “como es un tema de gran interés” la junta directiva parlamentaria solo espera recibir la propuesta de reformas a las normas penales para convocar a los diputados a sesionar para aprobarlas.
El Código Penal, el Código Procesal Penal y otros serían reformados para crear el delito de “crímenes de odio”, igual para establecer la cadena perpetua. Ese procedimiento expedito suele ser usado por el dictador para que la Asamblea Nacional le apruebe todas las leyes de su conveniencia política, para evitar someterlas al escrutinio de la sociedad.
Puede interesarle: Organizaciones de presos políticos rechazan intenciones del dictador de imponer la cadena perpetua
Sin embargo, debido a que el artículo 37 de la Constitución Política establece como límite máximo 30 años de prisión para cualquier tipo de delito, se requeriría una reforma constitucional para eliminar ese límite e incorporar la cadena perpetua como pena en la legislación nicaragüense. Al respecto, el diputado Navarro dijo que la decisión se conocerá una vez que la comisión de la CSJ y la Asamblea presenten la propuesta de reformas en el ámbito penal.
Usan crímenes contra mujeres como prebenda
El jurista Eliseo Núñez señaló que la celeridad del régimen en este tema es porque “está ávido de apoyo popular”, debido al desgaste político que enfrenta por la masacre de ciudadanos durante las protestas sociales desde abril del 2018, como por la represión y constantes abusos a los derechos humanos que se han mantenido en el país para intentar callar la demanda de justicia y reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes.
“Ortega está ávido de apoyo popular. Por eso cree que este tema de la violación puede atraerle apoyo popular, cuando el problema es la poca inversión en la educación, de políticas de prevención efectivas, porque lo practicado por este régimen son políticas clientelistas”, criticó Núñez, opositor y exdiputado.
En su discurso del pasado 15 de septiembre, en la conmemoración del Día de la Independencia de Centroamérica, Ortega amenazó a los opositores con penas de cadena perpetua por promover, desde su visión, “crímenes de odio en contra del pueblo de Nicaragua”. “Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, ya se les dio una oportunidad, una amnistía, pero ya no habrá más amnistía. El pueblo pedirá cuentas en el marco de las leyes”, dijo Ortega.
Para Núñez, esas palabras de Ortega revelaron sus verdaderas intenciones para reformar las leyes penales. “Todo es dirigido a los opositores para ampliar el concepto de crímenes de odio y así pretender intimidar a quienes protesten en contra de su régimen, es el mismo modo operandi que ha utilizado con la Ley contra el terrorismo”, dijo Núñez.
Puede interesarle:¿Qué hay detrás del agresivo discurso de Daniel Ortega?
Proceso complejo
El jurista y exdiputado Núñez explicó que necesariamente se tendría que reformar la Constitución para establecer la cadena perpetua, lo que supone un proceso complejo puesto que primero se deberá modificar la Ley Orgánica del poder legislativo para recortar la actual legislatura y abrir un nuevo período, debido a que es la única vía legal para que los cambios constitucionales cumplan el requisito de ser aprobados en dos legislaturas.
La reforma parcial o total de la Constitución requiere ser aprobada en dos legislaturas. El actual período de funcionamiento de la Asamblea cierra el 15 de diciembre, y uno nuevo inicia a partir del 9 de enero del 2021.
“La reforma constitucional te obliga a cumplir lo de las dos legislaturas, y la Ley Orgánica de la Asamblea establece claramente cómo funciona ese proceso. Pero todo indica que cuando Ortega quiere hacer algo no importa la institucionalidad, pasa por encima del derecho, y también te demuestra que el alegato que dio para no adelantar las elecciones, como se lo ha exigido la mayoría de los nicaragüenses en las calles, porque violaba la institucionalidad es mentira. Ahora como le conviene por populismo, ante su desgastado régimen cambiará las leyes”, cuestionó Núñez.