Hoy se cumplen 64 años del asesinato del dictador Anastasio Somoza García, ejecutado el 21 de septiembre de 1956 en la ciudad de León por Rigoberto López Pérez.
Por otra parte, el recién pasado jueves 17 de septiembre se cumplieron 40 años del asesinato del exdictador Anastasio Somoza Debayle, hijo del anterior, acribillado en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, el 17 de septiembre de 1980, por un comando encabezado por un terrorista argentino que había participado en la toma del poder por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Anastasio Somoza García gobernó férreamente el país durante más de 19 años, en tanto que su hijo Anastasio Somoza Debayle gobernó de la misma manera por 12 años, desde mayo de 1967 hasta julio de 1979, cuando fue derrocado de manera violenta y sangrienta por el FSLN.
En la jerga revolucionaria se le llama “ajusticiamiento” a los asesinatos de enemigos y adversarios, como si fuera posible, legítimo y honroso, hacer justicia sin respetar las normas del debido proceso y ni siquiera darle a la víctima la posibilidad de alegar algo en su propia defensa.
En el lenguaje habitual, para no llamarlos asesinatos se les dice magnicidios a las ejecuciones extrajudiciales de tiranos y verdugos, o de personalidades que por alguna razón son molestas u obstáculos para los asesinos. Pero en realidad son asesinatos, pues no se trata de homicidios casuales sino de crímenes planificados y ejecutados con alevosía y ventaja.
En la historia de Nicaragua han ocurrido muchos asesinatos políticos o magnicidios. Entre ellos sobresalen el de Fray Antonio Valdivieso, en 1550; el del gobernador Antonio Poveda y Rivadineira, en 1727; el del jefe de Estado Manuel Antonio de la Cerda, en noviembre de 1828; el del también jefe de Estado, general José Zepeda, en 1837; el del general Augusto C. Sandino en 1934; los ya mencionados de los generales Somoza (padre e hijo) en 1956 y 1980 respectivamente, y el del director de LA PRENSA, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978.
También fueron magnicidios, sin dudas de ninguna clase, los asesinatos de Jorge Salazar, Enrique Bermúdez y Arges Sequeira, cometidos por pistoleros sandinistas durante la revolución de los años 80 y en el gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro, que fue saboteado sistemáticamente por Daniel Ortega y su partido FSLN.
El magnicidio “es la voluntad política de cambiar el curso de la historia con economía de medios”, se dice en el prólogo de una de las ediciones de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, según cita el enciclopedista Rodrigo Borja. Y explica que eso de la “economía de medios” se refiere a que con el asesinato político se ahorran los esfuerzos que requiere la acción facciosa o la revolucionaria.
El mismo autor ilustra que el concepto de magnicidio se usó por primera vez en el año 1090, cuando Hasan Sabbah fundó en Siria la “fraternidad islámica de los asesinos”. Y menciona los magnicidios de personajes históricos ilustres como Julio César, Túpac Amaru, Abraham Lincoln e Indira Gandhi, entre otros muchos.
En otras ocasiones hemos señalado que Nicaragua es quizás el único país en el mundo donde el magnicidio es justificado constitucionalmente, al invocarse en el Preámbulo de la Constitución “la acción heroica de Rigoberto López Pérez”. Es una aberración jurídica que evidentemente refleja lo peor de la cultura política nicaragüense.