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Femicidios en el Caribe de Nicaragua. LA PRENSA / ARCHIVO

¿Por qué la cadena perpetua está condenada al fracaso? Lo que Ortega no ha dicho y su fiasco con la Ley 779

"Los crímenes no es que sean más recurrentes, estos siempre han ocurrido todos los días y de la misma magnitud, lo que pasa que ahora hay más acceso a las redes sociales y se pueden conocer más los casos", la abogada de Acción Penal y exfiscal, Eilyn Cruz Rojas.

Establecer la penalización de la cadena perpetua en Nicaragua, con la que según la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca frenar la violencia, abusos y crímenes contra la mujer, sería otro fracaso más del régimen si esta no es acompañada de políticas públicas de educación y prevención que involucre a las diferentes instituciones del Estado, actores sociales y ciudadanía, manifiestan juristas y defensores de derechos humanos. De lo contrario, acabaría como la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

Como es característico del régimen dar información confusa, Ortega habló de reformar “las leyes pertinentes necesarias” para que se castigue con cadena perpetua a aquellos que cometan delitos “que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que no corresponden con nuestra cultura”. Sin embargo, por su imprecisión y la persecución política que mantiene los Ortega-Murillo contra los opositores, juristas y analistas políticos consideran que este juego de palabras se interpretan como una amenaza contra todo aquel que levante su voz contra el orteguismo.

“Ellos no han dado una definición clara ni técnica-jurídica en relación a la propuesta de ley que se tenga que enviar a la Asamblea (Nacional). Ellos solo han hecho alusión de manera genérica a lo que son los crímenes de odio (pero) sin especificar cuáles son los que ellos consideran crímenes de odio, porque ahí es donde se está malinterpretando por la opinión pública. Hay opiniones abiertas y eso es lo que crea especulación”, declara la abogada de Acción Penal y exfiscal, Eilyn Cruz Rojas.

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El dictador Daniel Ortega durante el acto por la Independencia de Centroamérica, el pasado 15 de septiembre, amenazó con cadena perpetua a los opositores. LA PRENSA/ TOMADO DE PRESIDENCIA

En la declaratoria de presidencia, donde orienta la reforma de ley, Ortega señala que dicha propuesta es “ante la crueldad de ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores” y para “defender el respeto a la vida en todas sus formas”. Pero al respecto, la jurista aclara que el endurecimiento de las penas “no es la solución” para erradicar esta problemática, que data desde hace años, sino que se cuente con políticas públicas.

“Para la reducción de los crímenes e índices de violencia claro que es muy importante la sanción e imposición de penas, pero no es el único elemento, tiene que haber políticas educativas de prevención en las instituciones públicas como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la reapertura de una verdadera Comisaría de la Mujer que esté en todos los territorios (del país)”, enfatiza la abogada Cruz Rojas.

El fracaso antecedido por la Ley 779

¿Por qué la imposición de cadena perpetua sería un fracaso? Para el abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, por ahora, la futura aplicación de esta pena solo genera confusión y temor entre la ciudadanía porque está bajo una connotación política más que como una solución a un problema. El jurista llega a esta conclusión ante la amenaza que hizo Ortega en el acto de celebración  de la Independencia de Nicaragua, la colecta de más de medio millón de firmas para respaldar la propuesta de la CSJ, y la mal usada Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (2014).

“Esto se está viendo más como un método atemorizante para la gente que no comulga con una determinada línea, ahí es dónde está erradicando el cuestionamiento (…) recolectar firmas con un grupo de gente sin que estas personas sean debidamente orientada e instruida sobre qué significa lo que están firmando no es lo adecuado. Recuerde que tiene que ver con una aplicación potencial pena para cualquier ciudadano y sobre todo cuando hay un cuestionamiento al sistema de justicia, eso es muy peligroso”, destaca Montenegro.

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Feministas han denunciado que la Ley 779 aún tiene limitaciones, como relacionar un caso de femicidio solo si es cometido dentro del circulo amoroso. Además de que aún existe la figura de mediación. LAPRENSA/ROBERTO FONSECA/ARCHIVO

En el 2017, en busca de combatir la violencia contra la mujer, se realizó una reforma a la Ley 779, al Código Penal y al Código Procesal Penal donde las penas de los delitos de violación, asesinato y asesinato agravado aumentaron a cinco años de prisión en su mayoría, sin embargo, los abusos, violaciones y feminicidios no han cesado en el país, incluso, recientemente  tres mujeres perdieron la vida en 24 horas.

“El endurecimiento de las penas no es la solución para evitar la comisión de delito, para el caso de los delitos sexuales tendría que tener más personal especializado y calificado y presente en todos los territorios y actuar con la debida diligencia del Estado (…) de igual manera que se restrinja la figura de mediación, que a través de las escuelas exista una mejor educación en la niñez, porque muchas veces los delitos ocurren en el ámbito familiar, debe de haber una mayor diligencia de parte de esas instituciones públicas que son las que tienen responsabilidades”, destaca la abogada Cruz Rojas.

¿Muertes más salvajes y recurrentes?

De los brutales asesinatos de dos niñas, una de ellas violadas, en Mulukukú; y una embarazada en Jinotega, el régimen de Ortega quiere sacar provecho para mostrar “interés” en la problemática  y proponer la polémica cadena perpetua. Pero, tanto Cruz Rojas como Montenegro coinciden que, basados en su larga experiencia, este tipo de crímenes salvajes “siempre han existido”, y no es que ahora sean más recurrentes sino que son más visibles por la existencia de las redes sociales.

“Los crímenes no es que sean más recurrentes, estos siempre han ocurrido todos los días y de la misma magnitud, lo que pasa que ahora hay más acceso a las redes sociales y se pueden conocer más los casos”, expresa la abogada, quien agrega que Jinotega es uno de las zonas rurales más violentas, y que el acceso a Comisarías en estos lugares agrava más la situación.

Condena no tiene efectividad

El analista político Eliseo Núñez también considera que la cadena perpetua no es un  tipo de solución para la problemática de violencia contra la mujer que vive el país, primeramente porque “no es una solución de fondo”. El exdiputado liberal dice que este tipo de pena ha demostrado a nivel mundial que no es efectivo ni tampoco merman el problema de una nación.

“Donde lo han aplicado (la condena) ha sido un fracaso, no veo por qué aquí debería ser diferente. Vemos en países severos de seguridad como Venezuela, El Salvador y Honduras en que las penas son altas y no por esto se ha mermado el tema. Esto es la tendencia de la ignorancia de ‘a mí no me va a pasar’ y  Ortega piensa en ese sentido que a él sí le va a salir bien, pero en todo el mundo no le ha salido bien”, declara.

Por ejemplo, en El Salvador, la pena máxima es de 60 años de prisión por el delito de homicidio, pero aún con esta pena, el país catracho sigue manteniendo un alto índice de violencia.

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“El problema adicional es que el sistema de justicia del país está politizado, los que son partidarios de Ortega van a sentir capacidad de cometer estos delitos y quedar en impunidad y no serán enjuiciados, y los que no son adeptos a Ortega pueden ser acusados de cualquier delito que conlleve pena máxima y terminarían el resto de su vida en prisión”, agrega.

En Colombia, el presidente Iván Duque promulgó el pasado julio una nueva ley que agrava las penas a cadena perpetua a violadores de niños, pero a diferencia de Nicaragua, el Congreso de ese país tiene un plazo de un año para que reglamente esta pena o bien rechazarla. Actores sociales se han manifestado al respecto de es mejor invertir en educación que llevar a cabo esta penalización.

El 15 de julio, el régimen orteguista excarceló a 1,600 reos comunes. LAPRENSA/TOMADA DE EL19DIGITAL

En este sentido, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, refiere que aunque esta penalización es un retroceso en derechos humanos, si el Gobierno contempla este proyecto tendría que hacerse un análisis integral para determinar si en realidad se puede aplicar o no en el país, como es el caso de Colombia.

El defensor de derechos humanos expresa que la politización de los Poderes del Estado conlleva  a que no haya credibilidad ni garantía si se llegara a concretarse este proyecto. “Recuerde que estamos en una crisis social y esa crisis va a ser una manera de presionar. Con el sistema de justicia que tenemos, que no es creíble, tanto la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial no hay garantía. Entonces es posible que la Corte Suprema muy servilmente le ponga los pies a la Asamblea Nacional para que apruebe esta ley que va en detrimento de la clase política, eso sería una guillotina latente que tendría toda la ciudadanía”, lamenta.

De aprobarse la cadena perpetua, el otro asunto sería que las cárceles no están capacitadas para mantener por toda una vida a un reo, por lo que este es un punto que se debe tomar en cuenta, según Carmona, a la hora de presentar el proyecto. “Las cárceles dieron su vida útil, son centros penales que no tiene condiciones ni seguridad, no hay condiciones mínimas para empezar a tener a esta gente”, dice Carmona.

“Lamentablemente en Nicaragua hay una descomposición social y la misma descomposición la ha generado el mismo Gobierno porque no ha dado respuesta a la problemática del país”, concluye el director de la CPDH.

Otros fracasos del régimen son el aumento de las multas de tránsitos, que pese a ello, los niveles de accidentalidad se mantienen altos. También endureció multas para los que botan basura en sitios públicos, la situación persiste.

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