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Canal 12 es víctima de un embargo de 21 millones de córdobas por parte de la DGI. LA PRENSA/ARCHIVO.

Semana crucial para Canal 12 ante embargo impuesto por el régimen a través de la DGI

Para programar la audiencia donde podría resolverse el caso, la DGI debe primero responder a los argumentos y excepciones presentadas por la defensa

A diez días de haberse concretado el embargo contra Nicavisión SA, por la suma de 21 millones de córdobas, ejecutado por la Dirección General de Ingresos (DGI), esta semana será crucial para los propietarios de Canal 12. Los representantes legales de la empresa de comunicación están expectantes a la respuesta de la DGI ante el escrito de oposición presentado el pasado 16 de septiembre por los abogados de Canal 12 ante el Complejo Judicial de Managua, en el cual rechazan la medida contra el medio televisivo crítico al régimen.

El abogado Tony López, representante legal de Canal 12 y quien está al mando del proceso judicial, señaló que la DGI tendrá que responder a los argumentos y excepciones presentadas por la defensa. Hasta que esto pase, la jueza del Juzgado Cuarto Civil oral de Distrito de Managua, doctora Silvia Elena Chica Larios, tiene cinco días hábiles para dictar una citación para audiencia inicial que permita que el caso se resuelva en una sola audiencia. El anuncio debería hacerse este viernes si la DGI ya fue notificada sobre el escrito de oposición.

«No he recibido ninguna notificación, lo que viene ahora es que el señor juez va a darle trámite al escrito de oposición, es decir que va mandar a oír a la DGI para que se pronuncie a las excepciones. La semana pasada estuvieron de vacaciones, pero espero que esta semana se vaya a producir algo. Una vez que la DGI se pronuncie la jueza va a citar a una sola audiencia  donde se van a analizar los recursos, las impugnaciones y los argumentos que presentamos en favor de Canal 12. A los cinco después que la DGI se pronuncie  se tiene que producir la audiencia», explicó López.

Lea también: Abogados de Canal 12 recurren a los Juzgados para pedir impugnar el embargo impuesto por la DGI

El embargo que ordenó el régimen contra el medio de comunicación se hizo efectivo el 11 de septiembre, a través del juez Luden Martín Quiroz, quien se presentó a las instalaciones del canal a embargar los bienes de Nicavisión SA, producto de un «reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013», según indicó el medio de comunicación ese mismo día a través de las redes sociales.

En una entrevista realizada por su mismo medio de comunicación, Mariano Valle, propietario de Canal 12, aseguró que dicho embargo «es injusto y arbitrario» porque considera que el régimen busca «tratar de quitarnos el canal». “Nosotros no debemos nada”, agregó Valle.

«Maniobra política»

Si bien es cierto el embargo de la DGI se fundamenta en supuestos ingresos no declarados por parte del medio —y que fue desmentido por el abogado López, quien aseguró que todos los ingresos de dicho medio fueron declarados—, detrás de este proceso, dice el defensor, «hay una maniobra política», y admite que no confía en que se dicte una resolución a favor del medio de comunicación independiente.

«Muy difícil decirte que obtengamos buenos resultados de esa audiencia, por la situación que vivimos y que sabemos que detrás de esto definitivamente hay una maniobra política. Nosotros presentamos un dictamen de un contador público autorizado en el que se señala que todos los ajustes que hizo la DGI sobre las declaraciones de Canal 12 son totalmente ilegales e inaceptable y el juez tiene que apreciarlo y decidir», subrayó el abogado Tony López.

Lea además: Gobierno embarga a Canal 12 por 21 millones de córdobas

Pese al embargo el medio televisivo sigue con su programación regular y sus periodistas continúan informando de manera incansable. El 19 de septiembre los colaboradores de Canal 12 impulsaron a través de Twitter la etiqueta #NosResistimosAlEmbargo en el que llamaron a la ciudadanía a dejar mensajes utilizando ese hashtag en demanda a la medida impuesta por el régimen.

Aunque el medio de comunicación continúa funcionando, el abogado López aclaró que todas las cuentas operativas siguen embargadas y no hay forma de realizar el pago de planilla. «En el mismo escrito de oposición se pide que se reduzca el embargo, que se levanten las medidas cautelares, que se deje de operar al canal por ser un medio de comunicación social, que presta un servicio público de carácter informativo, cultural, educativo, de manera que eso está planteado, pero lo que le sucede al canal es que al embargar sus cuentas operativas no tiene recursos disponibles para pagar recursos, planillas y otros compromisos», concluyó.

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