Opositores a la dictadura Ortega-Murillo denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que en los últimos 10 días han sido víctimas de asedio, persecución, acoso, secuestros, detenciones ilegales, torturas y procesos judiciales amañados por parte de la maquinaria policial, política y judicial del régimen.
Gladys del Socorro Mejía Espinoza, de 54 años y exrea política víctima de tortura, denunció que este sábado 19 de septiembre se presentó un grupo de parapolicías y policías a su casa de habitación, ubicada en el barrio Sócrates Sandino, con el objetivo de detener a su hijo Norman Alexander Mejía Espinoza.
El muchacho no estaba, por lo que logró evadir el atropello policial y ahora anda huyendo, pero dos hijas de doña Gladys, de 15 y 16 años, cargaron con la peor parte, ya que fueron golpeadas por los policías y parapolicías.
“Hay una situación horrorosa porque fue una acción combinada de civiles paramilitares y oficiales de la Policía que siguen revictimizándola y realizando acciones delictivas para tratar de infundir el temor y el miedo, y que ella no siga en su lucha cívica para generar cambios en esta sociedad”, consideró Pablo Cuevas, abogado de la CPDH.
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El abogado aseguró que introducirán un recurso de amparo a favor de Gladys ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, aunque de antemano, no esperan un buen resultado debido a la falta de institucionalidad que impera en el país.
Asedio y secuestros
Miembros del grupo Resistencia Por Nicaragua (RPN) y del Grupo de Excarcelados Políticos (Grex), denunciaron que continúan siendo asediados, acosados, amenazados, secuestrados, detenidos y procesados judicialmente por oficiales de la Policía, parapolicías y miembros de los Comité del Poder Ciudadano (CPC).
Walter Juárez, de Grex, denunció que a las 10 de la mañana de este lunes fue secuestrado por la PO cuando se encontraba trabajando. Fue llevado al Distrito Cuatro de Policía y luego a una celda de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo “Chipote”.
“Me dijeron que me acusaban de un robo agravado que supuestamente cometí en el 2011, me amenazaron de muerte. Me dijeron que si seguía en esto (de protestar contra el Gobierno) me iban a capturar y me iban a encerrar para rato. Me dieron un par de agresiones al lado de las costillas, lo normal porque ya sabemos como es el sistema de la Policía”, relató Juárez.
Leonardo Matus, miembro de Grex, dijo que su familia alquila una vivienda en el barrio Jorge Dimitrov, pero el pasado 15 de septiembre llegaron varios parapolicías armados a amenazar a la dueña de la propiedad. “A la señora que le alquila a mi familia le dijeron que si no corría a mi familia, entonces iban a quemarle la casa. Ahora la señora está con miedo y mis familiares también”, contó.
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Recrudecimiento de la represión
“Hemos podido ver un recrudecimiento en los últimos 10 días de la persecución oficial en contra de ciudadanos que, haciendo uso de su derecho constitucional, se han manifestado y en esa expresión han disentido del actuar de las autoridades, eso ha sido suficiente para ser víctimas de la acción represiva del Gobierno”, denunció Cuevas.
El pasado 12 de septiembre cinco miembros del Movimiento Campesino fueron detenidos por la PO. Ellos son señalados de haber cometido los delitos de tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas, tenencia y portación de armas de uso restringido.
Los detenidos son: Pablo Téllez, Jadder Modesto Téllez, Juan Agustín Padilla y Agustín Ezequiel Calero. Uno de los campesinos, por temor a más represalias de la PO, se rehusó a denunciar ante la CPDH. “Nos dijeron que ellos fueron torturados en las celdas”, dijo Cuevas.
Procesado bajo silencio
Rodolfo Alexander Zamora Sandobal, de 20 años, un joven que participó activamente en las protestas que se dieron lugar en la Catedral de Managua y pertenece al grupo RPN, fue secuestrado por la PO el pasado 16 de septiembre y tres días después, clandestinamente, le realizaron una audiencia preeliminar donde recibió la prisión preventiva. Fue acusado por los delitos de tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas.
El judicial programó para el 28 de septiembre la audiencia inicial. Sobre las acusaciones de la Fiscalía y las decisiones de los jueces, Cuevas consideró “que el juez decida otra cosa (culpar a los opositores) en base a directrices ya es otra situación como parte de la carencia de institucionalidad, pero CPDH manifiesta su compromiso en dejar sentada la inocencia. El Ministerio Público en estos casos jamás podrá refutar la situación de inocencia de estos ciudadanos”.