La Corte Suprema (CSJ) de El Salvador ordenó este miércoles a la Fiscalía intervenir ante posibles delitos en que habrían incurrido funcionarios del gobierno por exigir una prueba negativa de covid-19 para que salvadoreños y extranjeros residentes ingresen al país.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ señaló en una resolución que fue “incumplida” una medida cautelar dictada el 14 de septiembre, en la que ordenó al gobierno no exigir la prueba del covid-19 a salvadoreños y extranjeros residentes que quieran ingresar al país.
El 18 de setiembre advirtió al Ejecutivo que su insistencia en ese requisito lo exponía a consecuencias legales.
“Certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y las resoluciones de 14 y 18 de septiembre de 2020 ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso derivados del incumplimiento de dichas resoluciones”, señaló la Sala de lo Constitucional.
El tribunal recordó que sus decisiones son de acatamiento obligatorio y ordenó a la Fiscalía “investigar la autoría y participación de los posibles implicados” en las decisiones gubernamentales.
El gobierno, al reabrir el aeropuerto a la llegada de vuelos internacionales, puso como requisito a las aerolíneas exigir a sus pasajeros presentar una prueba negativa de covid-19 antes de abordar el avión.
La aerolínea que no cumpla con esa disposición podría ser multada con hasta 6.000 dólares por cada pasajero que no contara con la prueba.
La Sala constitucional señaló que esa exigencia fue “un artilugio” para “transferir a particulares el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial”.
“La operación descrita consistió en un subterfugio que erosiona el Estado de Derecho y, en la práctica, produjo el efecto de configurar de facto una prohibición de ingreso al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba al intentar abordar la aeronave”, remarcó la Sala.
El tribunal identificó al director general de Migración, Ricardo Cucalón, como el responsable de la decisión.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele comentó que “los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta Sala. Habrá que certificarle eso al fiscal (general) Raúl Melara también”.
El Salvador acumula 27,954 casos de covid-19, con 819 fallecidos.